La polic¨ªa estudia en el campus

La Universidad Rey Juan Carlos lidera con el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa un proyecto europeo contra el crimen organizado. Durante 27 meses y con unos fondos de 400.000 euros, buscar¨¢n herramientas para formar a polic¨ªas en la detecci¨®n de delitos econ¨®micos y para mejorar la colaboraci¨®n entre los pa¨ªses europeos en ese ¨¢mbito. Quieren seguir el rastro a las redes de crimen organizado de la forma m¨¢s eficaz posible. Por ejemplo, controlar la trayectoria de un traficante de drogas que opere en Francia pero invierta sus beneficios en la Costa del Sol.

El plan incluye tres proyectos. El primero es un programa de formaci¨®n para investigadores de delitos econ¨®micos, que coordina la Rey Juan Carlos. Tambi¨¦n recopilar¨¢n estad¨ªsticas y registros centralizados con bienes y fondos provenientes del crimen organizado. Por ¨²ltimo, elaborar¨¢n un Libro Blanco que debe aprobar la Comisi¨®n Europea y que servir¨¢ para mejorar el trabajo en las Oficinas de Recuperaci¨®n de Activos y en las Oficinas de Administraci¨®n de Activos, encargadas de gestionar los bienes incautados a los delincuentes.

Funcionarios de 27 estados se formar¨¢n durante un mes en Madrid

Espa?a es el pa¨ªs que m¨¢s datos gestiona sobre este tipo de cr¨ªmenes

Es el proyecto policial europeo m¨¢s importante subvencionado por la Comisi¨®n Europea, seg¨²n una nota de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa y la Guardia Civil.

La Rey Juan Carlos, la m¨¢s joven de las seis universidades p¨²blicas madrile?as, participa en el proyecto gracias al trabajo de dos profesores titulares de Econom¨ªa de la Empresa que dirigen la C¨¢tedra de Investigaci¨®n Financiera y Forense: Pilar Laguna, directora de la c¨¢tedra, y Jes¨²s Palomo, director de Investigaci¨®n. "Hemos impartido varios cursos sobre prevenci¨®n de blanqueo y eso nos puso en contacto con la polic¨ªa", asegura Palomo. En el proyecto, que durar¨¢ hasta mediados de 2012, tambi¨¦n participan como socios representantes de Europol y de unidades policiales especializadas de Reino Unido, Polonia, Hungr¨ªa y B¨¦lgica.

La universidad madrile?a se encarga de la formaci¨®n para la que han previsto un ensayo general. Durante un mes preparar¨¢n a un grupo de polic¨ªas de los 27 Estados miembros de la UE con clases presenciales en las dos primeras semanas y dos con seguimiento online despu¨¦s. El material se distribuir¨¢ en ingl¨¦s y en castellano. El trabajo servir¨¢ para que los agentes profundicen en las diferentes normativas y las fuentes de informaci¨®n.

"Los polic¨ªas necesitan conocer la legislaci¨®n de diferentes pa¨ªses y saber d¨®nde buscar los datos necesarios para rastrear este tipo de delitos", a?ade Palomo. Les facilitar¨¢n fuentes p¨²blicas y privadas para controlar las pistas que dejen el dinero o el patrimonio de los delincuentes. Aprender¨¢n, por ejemplo, que en Italia hay un registro ¨²nico para conocer todos los activos de una persona. La colaboraci¨®n tambi¨¦n servir¨¢ para crear grupos de trabajo conjunto en pa¨ªses con legislaci¨®n similar. Los participantes del curso visitar¨¢n distintas unidades especializadas tanto europeas como de otros pa¨ªses (el programa est¨¢ por cerrar) para conocer de primera mano c¨®mo trabajan. La experiencia del curso piloto servir¨¢ para hacer un plan de formaci¨®n europeo contra el crimen organizado.

El proyecto de colaboraci¨®n arranca hoy con un seminario en Alicante en el que participar¨¢n m¨¢s de 100 expertos de Europa y Suram¨¦rica, como polic¨ªas, jueces y fiscales. Durante tres d¨ªas, los participantes analizar¨¢n las medidas para mejorar la identificaci¨®n, localizaci¨®n, recuperaci¨®n y administraci¨®n del dinero y bienes provenientes de grupos internacionales de crimen organizado. Sus conclusiones ser¨¢n enviadas al Consejo de Justicia e Interior de la UE.

Espa?a es el pa¨ªs que m¨¢s peticiones de informaci¨®n recibe y env¨ªa a otros pa¨ªses, seg¨²n la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa y la Guardia Civil. Las reclamaciones llegan sobre todo de Europa. En 2009, contestaron a 254 peticiones que implicaban a casi 900 personas y empresas. La mayor¨ªa proced¨ªan del Reino Unido, que reclamaba datos de activos localizados en zonas tur¨ªsticas, como la Costa del Sol, Levante o las islas Canarias. Entre los bienes hab¨ªa dinero, coches de lujo, inmuebles u obras de arte cuyo valor supera los 950 millones de euros.