El PSOE propone excluir los espacios naturales de la amnist¨ªa urban¨ªstica
La nueva ley permitir¨¢ legalizar las obras sin licencia anteriores a enero de 2003
La reforma de la Ley del Suelo que la semana pr¨®xima debatir¨¢ el pleno del Parlamento contempla una suerte de amnist¨ªa para las edificaciones sin licencia. Todas las existentes con anterioridad al 1 de enero de 2003 ser¨¢n consideradas "fuera de ordenaci¨®n", y por lo tanto legalizadas, siempre que sobre ellas no pese ninguna medida dirigida a la restauraci¨®n de la legalidad urban¨ªstica. Cerrado el plazo de enmiendas, ninguna de las 109 presentadas por los tres grupos elimina el indulto, aunque el BNG pide la devoluci¨®n del texto a la Xunta. Los socialistas, mientras, reclaman que se except¨²en las edificaciones que se emplacen en terrenos protegidos.
Es la m¨¢s significativa de las 45 objeciones del PSdeG al articulado de una reforma legislativa urgente que, con toda probabilidad, contar¨¢ con el apoyo socialista. El BNG ha presentado otras 33 enmiendas, en tanto que el PP incorpora 31. Pero los socialistas, que no formulan enmienda a la totalidad, aceptan que las construcciones realizadas "sin licencia o sin autorizaci¨®n auton¨®mica" se puedan acoger a la figura de fuera de ordenaci¨®n, con la excepci¨®n de las ubicadas "en terrenos de suelo r¨²stico de protecci¨®n de espacios naturales, de costas o de inter¨¦s paisaj¨ªstico". Para el resto, la propuesta socialista prev¨¦ la apertura de un plazo de un a?o para tramitar la legalizaci¨®n de las edificaciones, con toda la documentaci¨®n relativa a la localizaci¨®n, accesos y servicios. El PSOE aboga adem¨¢s por imponer un "canon de regularizaci¨®n" de ocho euros por cada metro cuadrado de edificaci¨®n.
S¨®lo el Grupo del BNG pedir¨¢ la devoluci¨®n del texto a la Xunta
El r¨¦gimen de fuera de ordenaci¨®n fue creado para edificios erigidos con anterioridad a los planeamientos urban¨ªsticos, que resultasen disconformes con ¨¦stos. En ellos se pueden autorizar obras de conservaci¨®n, de consolidaci¨®n, mejora, reforma y, en casos justificados, de ampliaci¨®n de la superficie construida.
Adem¨¢s de la amnist¨ªa, la ley establece tambi¨¦n nuevos criterios para la definici¨®n de suelo de n¨²cleo rural, de los que se elimina la delimitaci¨®n mediante un radio de 200 metros y la exclusi¨®n del suelo especialmente protegido, que se sustituyen por criterios de consolidaci¨®n igual o superior a un tercio de la superficie. Los socialistas exigen sobre esta nueva delimitaci¨®n que requiera previamente "la total urbanizaci¨®n y suficiencia de las redes de dotaciones, comunicaciones y servicios". Para el BNG, la reconfiguraci¨®n fomentar¨¢ "el desbarajuste y la especulaci¨®n".
La portavoz de territorio del Grupo Socialista, Mar Barc¨®n, defendi¨® ayer las propuestas para mejorar un proyecto de ley "peque?o, reducido y poco ambicioso". Barc¨®n se?al¨® que la nueva norma "no da respuesta" a los principales "obst¨¢culos" en el desarrollo de las normas urban¨ªsticas. Pero el denominado pacto por el territorio y las demandas de los alcaldes socialistas se impondr¨¢n a las dificultades, y facilitar¨¢n que la ley salga aprobada con los votos del PP y el PSdeG, seg¨²n confirmaron fuentes del partido que lidera Manuel V¨¢zquez. La ley se inspira en una propuesta de la Federaci¨®n Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que preside el regidor socialista Carlos Fern¨¢ndez. La pasada semana, los tres grupos parlamentarios acordaron crear una subcomisi¨®n parlamentaria para negociar una nueva ley del suelo de consenso, una vez tramitada la actual reforma, con vocaci¨®n de perdurar por un per¨ªodo no inferior a 20 a?os. Pero mientras esa ley m¨¢s estable no llega, la que se debatir¨¢ la semana pr¨®xima ser¨¢ la quinta modificaci¨®n que sufre la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Galicia desde 2002.
Frente a las mejoras del articulado que propugna el PSdeG, el Bloque propone devolver el texto a la Xunta, entre otras causas por "dejar avanzar hacia el suelo r¨²stico el desbarajuste y la especulaci¨®n". Esta intenci¨®n se desvela, seg¨²n los nacionalistas, "en la reconfiguraci¨®n del concepto legal b¨¢sico de n¨²cleo rural". El BNG tambi¨¦n desconf¨ªa del argumento de la Conseller¨ªa de Medio Ambiente de darle m¨¢s competencias a los ayuntamientos, que considera "una huida de sus obligaciones".
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