Una empresa pide el embargo de la sede de la NASA en Espa?a

El abogado de la empresa malague?a Montasa, Enrique Sierra, ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia 1 de Rota (C¨¢diz) una solicitud de embargo de las instalaciones aeroespaciales de Robledo de Chavela (Madrid), que gestionan el INTA espa?ol y la NASA norteamericana con el fin dar cumplimiento una sentencia que reconoce que el gobierno de EE UU no abon¨® en su totalidad las obras ejecutadas en 1999 por la compa?¨ªa andaluza en la zona americana de la Base Naval de Rota. Montasa reclama el pago de 921.000 euros por la obra desarrollada, m¨¢s 480.000 euros correspondientes a los intereses de demora y las costas.

En su escrito de s¨²plica, el representante de la constructora hace referencia al conjunto de antenas (siete en total, incluyendo la gran parab¨®lica de 70 metros de di¨¢metro), los equipos de transmisi¨®n y de control de antenas, as¨ª como la unidad de proceso de datos, entre otros. Se trata, seg¨²n reconoce el art¨ªculo 11 del convenio de colaboraci¨®n hispano-norteamericano para el uso conjunto de Robledo de Chavela, de "equipos propiedad del gobierno de Estados Unidos".

Segundo intento

Es la segunda ocasi¨®n en la que la constructora reclama el embargo de bienes norteamericanos en suelo espa?ol. En 2003 solicit¨® el embargo de las instalaciones del Navy Exchange, el departamento de suministros de la Navy en la base naval de Rota. En aquella ocasi¨®n, la petici¨®n fue desestimada argumentando que, al tratarse de instrumentos militares afectos a la defensa nacional, son inembargables. EE UU aleg¨® en aquel momento "inmunidad de ejecuci¨®n", un concepto que impide la acci¨®n judicial ordinaria sobre bienes de la defensa de un pa¨ªs depositados en otro. "Ahora reclamamos bienes de uso cient¨ªfico", explic¨® el abogado.

Sierra dijo haber recibido respuesta de la embajada norteamericana a su reclamaci¨®n "incluso antes de que el juzgado tome una resoluci¨®n". La representaci¨®n procesal del gobierno de EE UU en Espa?a present¨® un escrito en el que manifiesta su oposici¨®n al embargo bas¨¢ndose en convenciones de colaboraci¨®n internacional de Naciones Unidas que, dijo Sierra, "no est¨¢n ratificadas por Espa?a". El abogado concluy¨® que "en cualquier caso, entendemos que no es la embajada norteamericana la capacitada para decidir si sus bienes son, o no, embargables". Se trata, dijo Sierra, de una medida "que corresponde al juez de Primera Instancia, que es quien est¨¢ llevando la ejecuci¨®n".