?Pacto por el territorio?
Durante d¨¦cadas, la ausencia de un modelo territorial que obedeciera a un proyecto com¨²n de pa¨ªs nos lastr¨® decisivamente, con la complicidad de muchos y la desidia y abandono de la Xunta, con competencias plenas en la materia.Me refiero al territorio como marco, espacio y recurso en el que se sustenta la convivencia de la comunidad.
La gesti¨®n entrelazada de esas tres funciones -en tanto que recurso econ¨®mico, espacio de convivencia y ¨¢mbito a proteger-, convertir¨¢n al territorio o bien en una r¨¦mora de nuestro desarrollo o, por el contrario, constituir¨¢n junto con el capital humano y tecnol¨®gico el principal activo del que dispone la comunidad.
As¨ª, Galicia ha padecido una serie de d¨¦ficits y limitaciones en su ordenaci¨®n del territorio y del urbanismo. En primer lugar, hemos generado una insostenible e indiscriminada dispersi¨®n de la ocupaci¨®n del suelo; en segundo, sometimos nuestro litoral y sistema de r¨ªas a una presi¨®n urban¨ªstica desmedida y degradante; en tercer lugar, la destrucci¨®n del paisaje agrario y la despoblaci¨®n y abandono sin alternativas del interior de la comunidad; y por ¨²ltimo, destaco la incapacidad para afrontar la configuraci¨®n de las ¨¢reas urbanas y de los espacios metropolitanos, congestionados en sus problemas de movilidad y vivienda.Tuvieron que pasar demasiados gobiernos y a?os en nuestra historia auton¨®mica para que dispusi¨¦ramos de unas indispensables Directrices de Ordenaci¨®n do Territorio (DOT), aprobadas inicialmente por el anterior Gobierno en julio del 2008; la protecci¨®n de nuestra costa con la Lei de Medidas Urxentes de Protecci¨®n do Litoral (ley de los 500 metros) o con los trabajos avanzados del Plan do Litoral; o la creaci¨®n y puesta en marcha de la Axencia da Legalidade Urban¨ªstica y las medidas de apoyo al planeamiento municipal. Lentamente se empez¨® un camino y se sentaron las bases para una pol¨ªtica territorial al servicio del pa¨ªs. De c¨®mo se desarrolle e impulse depender¨¢ la protecci¨®n y la ordenaci¨®n futuras de nuestro territorio.
Sin embargo, apenas un a?o despu¨¦s, las primeras medidas y propuestas del Gobierno de Feij¨®o siembran la desconfianza y encienden todas las alarmas. No solo, que tambi¨¦n, porque se retrasan injustificadamente las DOT, se empieza la casa por el tejado con una modificaci¨®n sustantiva de la Lei do Solo y se levanta la protecci¨®n del litoral sin que dispongamos a¨²n del correspondiente plan. Tambi¨¦n porque, adem¨¢s, los primeros anuncios y decisiones se caracterizan todos y cada uno de ellos por constituir una agresi¨®n al medio ambiente, al paisaje, al h¨¢bitat y a los recursos naturales, siempre en contra del inter¨¦s general.
Con este panorama, regresa la sobreexplotaci¨®n de nuestros r¨ªos con las minicentrales hidroel¨¦ctricas, la desprotecci¨®n de las zonas de Red Natura y del dominio p¨²blico con instalaciones de acuicultura a la carta, la desvalorizaci¨®n de valiosos ecosistemas como la laguna de Valdovi?o y de parajes de excepcional valor como cabo de Touri?¨¢n, o la regularizaci¨®n de aberraciones urban¨ªsticas en algunos ayuntamientos costeros. Pero lo m¨¢s preocupante es que mientras se habla de un deseable y necesario pacto por el territorio, el gobierno ya ha remitido al Parlamento una sustancial reforma de la Lei do Solo de 2002 que pone en entredicho el sentido del mismo.
Porque no estamos ante una reforma menor. En ning¨²n caso. Se trata de un proyecto de ley que favorece, nuevamente, un modelo inviable e insostenible de dispersi¨®n de la ocupaci¨®n del suelo en el medio rural. Es tambi¨¦n un texto contradictorio al m¨¢ximo con todas las recomendaciones de los expertos y que deja sin argumentos razonables a nuestras demandas y reivindicaciones en la discusi¨®n sobre la financiaci¨®n auton¨®mica. Estamos ante una modificaci¨®n que abre la mano y favorece la construcci¨®n en los n¨²cleos rurales no tradicionales, sin variar la calificaci¨®n de los mismos y, por lo tanto, sin los correspondientes requerimientos dotacionales de servicios. Una modificaci¨®n que, por cierto, abre tambi¨¦n el medio rural a la construcci¨®n alineada de chal¨¦s adosados.
Es una reforma a la carta de peticiones municipales, entendibles, pero que no debe asumir la autonom¨ªa, cediendo en sus responsabilidades y competencias. Especialmente despu¨¦s de las experiencias de crecimientos desordenados y dependientes abusivamente de los ingresos de la construcci¨®n, causa ahora de nuestro desempleo masivo. Una reforma que plantea un ejercicio irresponsable de amnist¨ªa de todas las construcciones e instalaciones que, sin tener licencia alguna o la autorizaci¨®n auton¨®mica preceptiva, sean anteriores a 2003, con independencia de la clasificaci¨®n del suelo en cuesti¨®n. Esta medida discrimina a los que tuvieron un comportamiento acorde con la ley y la disciplina urban¨ªstica, sin coste alguno para los infractores y, lo m¨¢s grave, emite la peor de las se?ales de cara al futuro.
Una vez m¨¢s, como tantas otras veces ha pasado en nuestra reciente historia, todo se realiza al hilo de palabras hermosas y objetivos positivos. Con la excusa de ganar en eficacia para el urbanismo o favorecer el desarrollo econ¨®mico y las implantaciones industriales, se nos cuelan de contrabando intereses a corto plazo y clientelares, cuando no especulativos, lesivos para el inter¨¦s general y que lastran pesadamente nuestro desarrollo futuro.
Sin un aut¨¦ntico proyecto de pa¨ªs, que defienda el inter¨¦s general, pol¨ªticas como la ley de los 500 metros, que protege nuestro litoral del desastre urban¨ªstico y econ¨®mico, sucumbir¨ªa ya en su propia gestaci¨®n a las tentaciones y visiones cortoplacistas y electoralistas que en tantas ocasiones inundan las estrategias partidarias. Estamos ante el reflejo de una preocupante y acentuada debilidad y fragilidad del proyecto pol¨ªtico com¨²n en la construcci¨®n del pa¨ªs.
Emilio P¨¦rez Touri?o fue presidente de la Xunta entre 2005 y 2009
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