El art¨ªculo segundo de la ley de Prensa

El actual ministro de Informaci¨®n y Turismo nos anuncia una revisi¨®n del c¨¦lebre y controvertido art¨ªculo segundo de la ley de Prensa. Ha descubierto -m¨¢s vale tarde que nunca- ?que la generalidad con que est¨¢ redactado puede suponer trabas para la libertad de expresi¨®n?. ?Puede suponer? Esta despistante referencia a un vago e hipot¨¦tico presente que se confunde con un futuro nos deja perplejos. Durante un largu¨ªsimo pasado ha supuesto muy reales y onerosas limitaciones para la prensa. A¨²n hoy sigue pendiendo sobre la cabeza de directores de diarios y periodistas como una espada de Damocles.Creemos de todo coraz¨®n que la mejor ley de Prensa es ninguna ley de Prensa. Para castigar los desmanes period¨ªsticos debe bastar y sobrar con los tribunales ordinarios. De todos modos, esperamos que esta revisi¨®n se produzca ahora de verdad, pues hace ya casi dos a?os que don Le¨®n Herrera, entonces ministro de Informaci¨®n y Turismo, nos anunci¨® algo por el estilo que no pas¨® de ser una socorrida serpiente de verano. Don Le¨®n Herrera tuvo como notoria aportaci¨®n al campo period¨ªstico la transformaci¨®n en met¨¢fora de todo lo que concern¨ªa a la informaci¨®n, salvo las sanciones, que no fueron nada metaf¨®ricas. Su hallazgo sem¨¢ntico de los puentes, los caudales y los cauces, que sin duda enriquecieron notablemente el l¨¦xico period¨ªstico, tuvo su m¨¢s elegante culminaci¨®n al denominar al art¨ªculo segundo como demasiado vaporoso. A pesar de sus buenas palabras, este peligroso art¨ªculo sigui¨® siendo vaporoso, es decir, proteico, vago y vers¨¢til. En una palabra, apto para ser utilizado por la Administraci¨®n como mejor le viniera en gana en un momento y circunstancias determinadas.

El art¨ªculo segundo de marras comienza diciendo: ?La libertad de expresi¨®n y el derecho a la difusi¨®n de informaciones no tendr¨¢ m¨¢s limitaciones que las impuestas por las leyes.? Prometedor arranque y posterior parada en seco, pues ?las limitaciones impuestas por las leyes? constituyen en la realidad un saco sin fondo. Dec¨ªa Antonio Machado, por boca de su ente de ficci¨®n, Juan de Mairena, algo as¨ª como que ?si toda excepci¨®n confirma la regla, tanto m¨¢s regla ser¨¢ ¨¦sta cuanto m¨¢s abunde en excepciones?. No cabe duda, pues, que el citado art¨ªculo, a juzgar por sus innumerables excepciones, es el mejor art¨ªculo posible. La libertad de expresi¨®n que autoriza tiene como limitaciones nada menos que el respeto a la moral, a la defensa nacional, a la seguridad del Estado, al orden p¨²blico, a las instituciones, a los tribunales, a la intimidad, al honor, etc¨¦tera -y lo m¨¢s notable-, a la verdad, pues si todo lo anterior puede ser f¨¢cilmente objetivable, esto ¨²ltimo nos lleva a la duda sobre qu¨¦ clase de verdad es la que ha de respetarse a ultranza y a la poco consoladora presunci¨®n de que ser¨¢ la verdad del que hizo la ley de Prensa.

Toda esta legislaci¨®n represiva de la libertad de expresi¨®n se ha hecho tan dolorosamente presente en el ¨¢nimo de todos y durante tanto tiempo que ha creado una segunda naturaleza, tanto en el que escribe como en el que lee. No s¨¦ c¨®mo ser¨¢n los diccionarios de periodismo en la Europa occidental, pero el periodista ingl¨¦s, por ejemplo -que no tiene censura desde 1699-, o el de cualquier otro pa¨ªs por el estilo, si hojean el recientemente publicado en Espa?a por Antonio L¨®pez de Zuazo, quedar¨¢n sin duda perplejos al encontrarse con t¨¦rminos como secuestro, expediente, tribunal de honor, suspensi¨®n, clandestino o multa. Para ellos podr¨¢ tratarse de un ins¨®lito lenguaje period¨ªstico, pero para nosotros resulta harto familiar.

Para escribir en nuestro pa¨ªs, por tanto, aparte de conocer bien el significado de tales t¨¦rminos y sus impl¨ªcitas amenazas, basta con poca cosa m¨¢s. Se estudia detenidamente la ley de Prensa y sus 31 ap¨¦ndices, la de Secretos Oficiales, la de Jurisdicciones, el C¨®digo Civil, el Penal y el de Justicia Militar, la ley de 27 de agosto de 1975. Se sopesan las sanciones que puede imponer el director general de Prensa, el ministro del ramo, el Consejo de Ministros, los Tribunales de Orden P¨²blico, los ordinarios, los tribunales de honor de la profesi¨®n period¨ªstica y el Jurado de Etica Profesional, aparte, claro est¨¢, de las acciones civiles que puedan emprender los ofendidos por la pluma del periodista, y despu¨¦s de una serena reflexi¨®n sobre este alentador panorama, quiz¨¢ se decida cuerdamente que lo mejor es no escribir nada.