Dos respuestas a un problema moral

La iniciativa legislativa popular es una de las instituciones de democracia directa que est¨¢ contemplada en nuestro ordenamiento constitucional y es como consecuencia de una iniciativa de esta naturaleza como ha llegado al Parlamento de Catalu?a la propuesta sobre si se deben o no prohibir las corridas de toros en dicha comunidad. No es un proyecto o una proposici¨®n de ley, es decir, una iniciativa gubernamental o parlamentaria lo que est¨¢ en el origen del debate, sino una iniciativa popular, instrumentada mediante la recogida de firmas, con la finalidad de enviar una proposici¨®n a la Mesa de la C¨¢mara que tiene que decidir sobre su tramitaci¨®n parlamentaria.

En uso de sus atribuciones y con buen criterio, la Mesa del Parlamento ha decidido que, antes del tr¨¢mite de toma en consideraci¨®n de la propuesta por el Pleno de la C¨¢mara, comparecieran una serie de personas reconocidas, bien porque se han singularizado por haber reflexionado sobre el tema, bien por estar profesionalmente vinculados al mundo del toro. Las comparecencias han sido muy equilibradas en opini¨®n generalmente compartida, de tal manera que tanto el punto de vista de la abolici¨®n de las corridas como el de su preservaci¨®n han sido presentados con un peso similar. El principio de igualdad de armas, que se exige constitucionalmente en todo tipo de procesos, se ha respetado en el Parlamento catal¨¢n.

Lo que no cabe es hurtar el debate sobre los toros, como ha hecho Aguirre

Gracias a esta iniciativa y a la tramitaci¨®n parlamentaria asistimos, no s¨®lo en Catalu?a sino en toda Espa?a, al primer debate ordenado sobre la conveniencia de continuar o no con las corridas de toros. Pues, aunque el lugar del debate es el Parlamento de Catalu?a, lo que all¨ª se est¨¢ diciendo est¨¢ siendo recogido por los medios de toda Espa?a e incluso complementado con un debate en algunos de tales medios, como por ejemplo EL PA?S, que tambi¨¦n est¨¢ siendo equilibrado, en mi opini¨®n, acerca de dicha iniciativa.

No creo que nadie que est¨¦ siguiendo el debate pueda llegar a la conclusi¨®n de que se est¨¢ debatiendo un problema de identidad nacional. No estamos ante un pulso al nacionalismo espa?ol por parte del nacionalismo catal¨¢n. Estamos ante un problema de naturaleza moral, que no entiende de identidades nacionales. En esto no creo que haya discrepancias entre quienes participan en el debate. Es en la valoraci¨®n del problema donde las hay. A unos la valoraci¨®n del problema les lleva directamente a una posici¨®n abolicionista. A otros, no.

Tengo la impresi¨®n de que, independientemente de la suerte que corra en el Parlamento la propuesta abolicionista, el debate volver¨¢ a plantearse en Espa?a y que la votaci¨®n en el Parlamento de Catalu?a no va a ser la ¨²ltima palabra. La convicci¨®n moral de los abolicionistas es de tal intensidad, que estoy seguro de que no dejar¨¢n de volver sobre el tema en el futuro, en Catalu?a si no se aprueba la ley, y fuera de Catalu?a tanto si se aprueba como si no. Y es pr¨¢cticamente imposible que la sociedad espa?ola no tenga que atender a sus argumentos, para aceptarlos o rechazarlos. Bastar¨ªa con que se hiciera uso de la iniciativa legislativa popular prevista en el art¨ªculo 87.3 de la Constituci¨®n y desarrollada en la Ley Org¨¢nica 3/1984, para que ello ocurriera. Y los requisitos que se exigen en la Constituci¨®n y en la ley no son dif¨ªciles de cumplir.

En todo caso, ser¨ªa positivo que tal iniciativa se llevara a cabo y que el debate moral se produjera sin que pudiera ser desvirtuado con una carga nacionalista, que posibilita e incluso propicia conductas oportunistas como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que s¨ª es profundamente inmoral, en la medida en que resuelve un problema moral con una decisi¨®n administrativa autoritariamente decidida.

Se puede no tomar ninguna decisi¨®n. Pero si se toma alguna, ¨²nicamente puede ser fijada en sede parlamentaria. Tienen que ser los representantes democr¨¢ticamente elegidos los que tienen que hacer la ponderaci¨®n de las distintas valoraciones morales que est¨¢n presentes en la sociedad respecto de las mismas y decidir lo que se considera que debe ser la voluntad general. Lo que no cabe es hurtar el debate, como ha hecho Esperanza Aguirre, y sustituir la voluntad de los ciudadanos por la suya propia. La posici¨®n del Parlamento de Catalu?a est¨¢ siendo democr¨¢ticamente impecable. La reacci¨®n de la presidenta Aguirre dista mucho de serlo.