Sospechosos cr¨®nicos

El Tribunal Constitucional de Alemania ha declarado hace unos d¨ªas que la ley de almacenamiento de datos de telecomunicaciones

es inconstitucional. Aprobada en 2008, se trata de una norma que obliga a las compa?¨ªas del ramo a conservar todas las conversaciones (ya sean telef¨®nicas o realizadas a trav¨¦s de la Red) que sus clientes han realizado en los ¨²ltimos seis meses. La sentencia sostiene que hay una grave intromisi¨®n en la esfera privada de los ciudadanos, que podr¨ªa convertir a todos en sospechosos cr¨®nicos, y ordena por tanto que los datos acumulados se destruyan.

He ah¨ª un triunfo de la libertad del individuo frente al Gran Hermano que escruta desde la sombra cada uno de sus pasos. S¨ª, aunque no tanto. Lo que el Constitucional ha ilegalizado es la forma en que se ha realizado ese trabajo sucio. No cierra las puertas a que se re¨²nan y almacenen datos, pero exige que esa tarea se haga siguiendo un cierto orden y criterio, para que la informaci¨®n obtenida pueda ser controlada de manera transparente, estar sujeta a supervisi¨®n y permitir que el usuario sepa qu¨¦ datos suyos se registran.

La ley que ha anulado el Tribunal Constitucional alem¨¢n obedece a una directiva europea de 2005, que se puso en marcha tras los atentados de Madrid y de Londres. Hay que considerarla, por tanto, una pieza m¨¢s de la compleja lucha que los Estados nacionales han de librar contra el terrorismo yihadista, que nada sabe de fronteras y que ha incorporado como

una de sus armas m¨¢s poderosas la vocaci¨®n suicida de sus combatientes.

Fueron 35.000 las denuncias que los ciudadanos alemanes pusieron contra una ley que, seguramente, les recordaba tiempos aciagos (y no demasiado lejanos): el mayor recurso que ha llegado al Constitucional contra una norma del poder legislativo. Las reacciones a la sentencia fueron distintas. Unos la celebraron como una victoria de cuantos defienden los derechos fundamentales. Otros propusieron que se redactara otra ley que cumpliera los requisitos que exig¨ªan los jueces.

Una lecci¨®n queda clara: que no todo vale para luchar contra el terrorismo. Y, tambi¨¦n, que esa batalla es m¨¢s dif¨ªcil cuando se vigila el respeto a los derechos individuales.