Un pacto que quema
Si una partida de gasto p¨²blico viene creciendo a ritmos altos, y no se ha tomado ninguna medida para frenarla, resulta poco cre¨ªble escribir en los presupuestos que va a contenerse. Esto est¨¢ ocurriendo en la sanidad, que se lleva m¨¢s de un tercio del dinero que gestionan las autonom¨ªas. Con crisis o sin ella, la poblaci¨®n envejece, consume m¨¢s f¨¢rmacos y servicios durante su vida y cada vez m¨¢s exige tratamientos a la ¨²ltima.
A diferencia de las pensiones, que tienen separadas sus cuentas en la Seguridad Social, las de la sanidad se diluyen en las generales, lo que hace menos visibles sus desviaciones. Pero, en un momento en que el d¨¦ficit desbocado obliga a hacer ajustes en todas las administraciones, surgen voces llamando a un pacto de Estado. Como el que Gabilondo intenta en la educaci¨®n, o el que los partidos exploran con menos fe contra la crisis. El modelo es en realidad el Pacto de Toledo, que en su d¨ªa permiti¨® iniciar ajustes nada dr¨¢sticos en las pensiones.
Un pacto sanitario, entonces, ?para qu¨¦? Sobre todo, dicen las comunidades (de todo color) que con m¨¢s insistencia lo reclaman, para mejorar la financiaci¨®n y frenar el gasto. Pero cualquier idea al respecto resulta espinosa: rebajar los gastos en personal, revisar precios y coberturas de f¨¢rmacos o avanzar en el copago por los usuarios (de medicinas o incluso de consultas). Para el ministerio de Trinidad Jim¨¦nez el panorama es poco atractivo, con el riesgo de quemarse en cambios impopulares para resolver lo que es, principalmente, un problema financiero de las autonom¨ªas. ?C¨®mo se compartir¨ªa ese desgaste pol¨ªtico?
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