El Ejecutivo de Ibarretxe rehus¨® en 2007 regular el uso de las campa?as

El de la publicidad y la comunicaci¨®n institucional es un cap¨ªtulo que ha ido creciendo de modo desmesurado en todas las Administraciones. Es un gasto con cargo a las arcas p¨²blicas del que se benefician los partidos en el poder. La existencia de una ley no evita por completo un uso ventajista de esos recursos, porque la l¨ªnea que delimita la utilidad p¨²blica del autoensalzamiento en una campa?a es a veces f¨¢cil de desdibujar. Pero el Gobierno central cuenta con una regulaci¨®n desde 2005, lo mismo que Catalu?a (2000), Andaluc¨ªa (1995), Valencia y Arag¨®n (2003), Asturias (2006) y Castilla y Le¨®n (2009). Todos ellos han sometido a sus c¨¢maras legislativas sendas leyes de publicidad y comunicaci¨®n institucional. Navarra las tiene reguladas a trav¨¦s de una Orden.

En Euskadi, sin embargo, el ¨²ltimo Gobierno de Ibarretxe rehus¨® en 2007 abordar la cuesti¨®n, mostrando su criterio contrario a la toma en consideraci¨®n de una proposici¨®n de Ley que present¨® el PP. A su juicio, resultaba suficiente la regulaci¨®n establecida en 1989, a trav¨¦s del decreto que cre¨® la Comisi¨®n Interdepartamental de Publicidad, con el objetivo de "mejorar la eficacia de las a acciones publicitarias" y de "realizar un seguimiento de la aplicaci¨®n de la identidad corporativa del Gobierno". El Gobierno estim¨® que la propuesta del PP constitu¨ªa "una simple reproducci¨®n" de la ley aprobada por las Cortes en 2005 y la tach¨® de innecesaria adem¨¢s, por considerar que no hab¨ªan existido conflictos respecto de las actuaciones del Ejecutivo.

Gastos de la Consulta

Sin embargo, para esa fecha el Gobierno hab¨ªa sido cuestionado, por ejemplo, por la publicitaci¨®n que realiz¨® del plan Ibarretxe con dinero p¨²blico. Y lo mismo ocurrir¨ªa inmediatamente despu¨¦s de su negativa con la anulada ley de Consulta. En la C¨¢mara hay todav¨ªa pendiente de respuesta una pregunta del PSE-EE sobre el gasto total que ocasion¨® ¨¦sta ¨²ltima. Otras campa?as publicitadoras de acciones del Ejecutivo fueron cuestionadas por la oposici¨®n. Antes de la existencia de la ley estatal de 2005 las propias juntas electorales hab¨ªan ido aplicando doctrinas m¨¢s restrictivas sobre el uso de las campa?as institucionales. En m¨¢s de una ocasi¨®n distintos poderes p¨²blicos vieron impugnadas y suspendidas algunas de ellas por considerar que favorec¨ªan de modo descarado al partido en el poder.