Vizcaya rechaza la ley de publicidad institucional que ultima el Gobierno
Considera que contraviene competencias forales contenidas en la LTH
La Diputaci¨®n de Vizcaya amaga con abrir un nuevo conflicto con el Gobierno, con la Ley de Publicidad y Comunicaci¨®n Institucional como motivo. Su tramitaci¨®n, a¨²n no iniciada, puede verse entorpecida si la oposici¨®n de Vizcaya a que su ¨¢mbito de actuaci¨®n alcance a las diputaciones termina concret¨¢ndose en un recurso a la Comisi¨®n Arbitral. Ser¨¢ el tercer choque con el Ejecutivo de la instituci¨®n foral bajo mando de Jos¨¦ Luis Bilbao (PNV) -tras la financiaci¨®n del metro y el segundo Guggenheim en Urdaibai- pero el primero que ata?a a una ley.
Seg¨²n fuentes de la Diputaci¨®n de Vizcaya, el borrador remitido por el Gobierno, que todav¨ªa no ha sido enviado al Parlamento, chocar¨ªa con la Ley de Territorios Hist¨®ricos (LTH). El diputado general, Jos¨¦ Luis Bilbao, ya ha hecho saber esta posici¨®n al Ejecutivo, despu¨¦s de que el Gobierno le enviara un borrador el 21 de octubre pasado, lo mismo que a las otras dos diputaciones. S¨®lo siete d¨ªas despu¨¦s, Bilbao comunic¨® oficialmente por escrito sus reservas, explicaron las mismas fuentes. El conflicto interinstitucional amenaza de este modo al primer proyecto de ley de los contenidos en su calendario legislativo, que el Gobierno enviar¨¢ a la C¨¢mara despu¨¦s del de Caza, aprobado en el consejo de Gobierno del d¨ªa 16. La Diputaci¨®n de Guip¨²zcoa no ha opuesto alegaci¨®n alguna, indicaron fuentes oficiales del ejecutivo que dirige Markel Olano, mientras la de ?lava no supo facilitar informaci¨®n al respecto la semana pasada.
Bilbao estima que la Ley que apruebe la C¨¢mara no obliga a la Diputaci¨®n
La comunidad aut¨®noma carece de regulaci¨®n sobre la publicidad que pagan las instituciones con cargo a las arcas p¨²blicas. En m¨¢s de una ocasi¨®n la oposici¨®n ha cuestionado en el pasado el uso de esos recursos en campa?as, que resultan ser m¨¢s de autopromoci¨®n encubierta de quien est¨¢ al frente de la instituci¨®n de que se trate, que de informaci¨®n ¨²til a los ciudadanos.
El anteproyecto se encuentra en fase de dictamen por la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora (Cojua) y el Gobierno casi ha agotado los plazos para cumplir su compromiso de remitirla a la C¨¢mara en el primer trimestre del a?o, seg¨²n consta en el calendario legislativo aprobado en consejo el 17 de noviembre.
La Diputaci¨®n de Vizcaya considera que el Parlamento no puede establecer normas para regular la utilizaci¨®n de la publicidad institucional por parte de los Ejecutivos territoriales, por ser ¨¦sta, siempre seg¨²n la visi¨®n del ¨®rgano foral, una competencia de los territorios hist¨®ricos. El Gobierno se acoge al art¨ªculo 10 del Estatuto de Autonom¨ªa, que le otorga la competencia exclusiva de la organizaci¨®n, r¨¦gimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, mientras Bilbao reclama el art¨ªculo 7 de la Ley de Territorios Hist¨®ricos, que adjudica id¨¦ntico cometido a los ¨®rganos forales respecto de s¨ª mismo. "La competencia es foral y la Diputaci¨®n tiene capacidad para ese tema", se?alaron las mismas fuentes oficiales.
El ¨²ltimo proyecto de Ley que la Diputaci¨®n de Vizcaya, junto con la de ?lava, impugn¨® ante la Comisi¨®n Arbitral fue el de la Ley Municipal. El recurso al ¨®rgano extrajudicial dirimidor de conflictos interinstitucionales, supuso una suspensi¨®n de cuatro meses en la tramitaci¨®n parlamentaria y el consiguiente decaimiento del proyecto por el fin de la legislatura. Es un riesgo que en esta ocasi¨®n no existe, porque la C¨¢mara tiene tres a?os por delante, pero s¨ª puede suponer un retraso sobre los planes del Gobierno.
Prohibido el autobombo
S¨®lo el Gobierno tuvo en 2009 un presupuesto de 8,5 millones para publicidad institucional. El de la Diputaci¨®n de Vizcaya, ¨²nica de las tres que facilit¨® sus cifras, fue de 4,5 millones. Buena parte de ese montante se va en los anuncios oficiales de publicaci¨®n obligatoria, a los que la nueva ley no afectar¨¢. La cuesti¨®n est¨¢ en regular el uso de las cantidades nada despreciables que se van en campa?as discrecionales de cada administraci¨®n. El Gobierno quiere que todas ellas, desde el propio Ejecutivo, hasta los Ayuntamientos, se sometan a la misma norma. La Ley que aprobaron las Cortes en 2005 indica que esas campa?as deben tener "utilidad p¨²blica". Esto implicar erradicar "aqu¨¦llas que alberguen como finalidad ensalzar la labor del Gobierno". El texto legal prohibe la realizaci¨®n de campa?as institucionales entre la convocatoria de unas elecciones y su realizaci¨®n -salvo las marcadas por ley sobre el propio proceso electoral-as¨ª como, en todo tiempo, las que busquen "destacar los logros de gesti¨®n" de la administraci¨®n. Su art¨ªculo 4, que recoge ¨¦stas y otras prohibiciones tiene car¨¢cter de legislaci¨®n b¨¢sica.
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