Los urbanistas quieren un pacto pol¨ªtico para la LUV
La Administraci¨®n debe acortar el plazo de tramitaci¨®n de los planes
La reforma de la legislaci¨®n urban¨ªstica valenciana no puede regirse por el movimiento pendular, que va de un extremo al otro. Y tampoco puede aprobarse sin el "deseable consenso pol¨ªtico y social", recoge el texto de alegaciones elaboradas por la Agrupaci¨®n de Urbanistas del Colegio de Arquitectos y enviadas a la Consejer¨ªa de Medio Ambiente el pasado lunes, 22 de marzo, ¨²ltimo d¨ªa de plazo.
Los urbanistas han remitido a la consejer¨ªa de Juan Cotino un documento donde solicitan una regulaci¨®n ex novo, tanto de las leyes como de los reglamentos afectados. El Consell adelant¨® hace unas semanas una simplificaci¨®n del cuerpo legislativo aprobado s¨®lo cinco a?os antes por el entonces consejero Rafael Blasco. El colectivo de arquitectos cree que la mara?a legislativa afecta tambi¨¦n a la ley del Paisaje, que se ha excluido de la reforma "pese a la complejidad y desproporci¨®n" de su reglamento. Debe quedar incluida en el proceso de simplificaci¨®n.
El nuevo texto legislativo, que afecta a la Ley Urban¨ªstica Valenciana (LUV), a la Ley de Ordenaci¨®n del Territorio (LOT) y a la Ley del Suelo No Urbanizable, debe redactarse en coordinaci¨®n con la Estrategia Territorial Valenciana, plan paraguas que debe ordenar urban¨ªsticamente el territorio y los planes de actuaci¨®n territorial -litoral, huerta, etc¨¦tera-. Tanto uno como la mayor¨ªa de los otros est¨¢n todav¨ªa en fase de redacci¨®n. Si el borrador legislativo sometido a consultas, concede el poder reclasificatorio de suelo s¨®lo a los planes generales de ordenaci¨®n urbana, los urbanistas piden que esta competencia se extienda a la Estrategia Territorial y a los planes de acci¨®n.
Otro de los aspectos irrenunciables para este colectivo es agilizar la tramitaci¨®n de los planes y, sobre todo, de la falta de obligaci¨®n de las administraciones p¨²blicas a cumplir plazos determinados en la emisi¨®n de informes, "lo que convierte las tramitaciones urban¨ªsticas en unos procesos sin final acotado".
M¨¢s sector privado
La nueva ley deber¨ªa de afectar a los planes que est¨¦n aprobados de forma provisional y no a los planes que hayan salido a informaci¨®n p¨²blica, que es un tr¨¢mite anterior a la aprobaci¨®n. La iniciativa privada no es el enemigo del urbanismo, pese a la experiencia pasada. Este colectivo insiste en que una vez deslindadas las competencias entre el planificador, de car¨¢cter p¨²blico, y el gestor de los planes, privado, estos ¨²ltimos deben ganar m¨¢s protagonismo. "No ser¨¢ posible la agilizaci¨®n de la actividad urban¨ªstica si se deja a la iniciativa privada un papel marginal en la ejecuci¨®n del planeamiento", a?aden. Los urbanistas reivindican la recuperaci¨®n del convenio, un instrumento muy desprestigiado durante el ¨²ltimo boom inmobiliario.
Por ¨²ltimo, este colectivo pide a la Generalitat que establezca las pautas generales de ordenaci¨®n territorial y no se inmiscuya en las competencias municipales. Los programas de actuaci¨®n integrada, que el borrador propone que caduquen si no se ejecutan un tiempo despu¨¦s de aprobarse la reforma legal, es una buena medida, si bien los arquitectos-urbanistas sugieren que no se extinga tambi¨¦n el planeamiento. Piden medidas que incentiven la rehabilitaci¨®n.
Alegaciones de los arquitectos-urbanistas
- Consenso: Bueno ser¨ªa que la reforma no cayera en los mismos errores. Es deseable consenso pol¨ªtico social y el sosiego necesario.
- Coordinaci¨®n: El nuevo texto debe coordinarse con la Estrategia Territorial y los planes de acci¨®n.
- Agilizaci¨®n: La duraci¨®n desmesurada de la tramitaci¨®n de los planes no es tanto responsabilidad de los pol¨ªticos como de los plazos para la emisi¨®n de informes. La Administraci¨®n p¨²blica debe someterse a plazos para la emisi¨®n de estos documentos.
- Aplicaci¨®n: La aplicaci¨®n de la nueva ley debe afectar a los planes que se hayan aprobado provisionalmente, no a los que hayan salido a exposici¨®n p¨²blica.
- Convenios: Quitar a la iniciativa privada la potestad de hacer propuestas de planeamiento, hasta el punto de impedir siquiera la figura del convenio para tal fin, parece excesivo, habida cuenta de la falta de medios de los ayuntamientos.
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