La Lei do Solo y la trampa

El tiempo deja a cada uno en su sitio, y al a?o justo de gesti¨®n de la actual Xunta los hechos desmienten a los que sosten¨ªan que este Gobierno no hac¨ªa nada (entre ellos yo). Pero el equipo de Feij¨®o, al igual que quebr¨® las cadenas de la imposici¨®n ling¨¹¨ªstica y devolvi¨® la paz del consenso a las aulas otrora enfrentadas, ahora -pero m¨¢s calladamente y ni siquiera con la excusa de tener que cumplir una promesa electoral- avanza a marchas forzadas en la restituci¨®n del urbanismo de toda la vida: el caos. La construcci¨®n ad lib con sus aspectos creativos (aunque inc¨®modos para todos) y enriquecedores (muy enriquecedores, aunque no para todos).

Sobre las consecuencias del caos no har¨¢ falta que me extienda, porque est¨¢n a la vista (Advert¨ªa George Sand, hace casi dos siglos, que los m¨¦dicos pueden enterrar sus equivocaciones, pero un arquitecto s¨®lo puede aconsejar a su cliente plantar hierba. Un urbanista, ni eso). El big bang, el caos an¨¢rquico y desorganizado, surgi¨® en el desarrollismo, propiciado por la necesidad de tener una vivienda y/o deshacerse de la vieja, y amparado por el incumplimiento general de la normativa. Despu¨¦s, en los viejos buenos tiempos del fraguismo, le sucedi¨® el caos orientado seg¨²n las normas: en los a?os 90 se centraliz¨® la gesti¨®n en la Administraci¨®n auton¨®mica (para dejar claro qui¨¦n mandaba), y a la vez se descentralizaba hacia las administraciones locales (para que pudiesen hacer favores). La normativa urban¨ªstica era la m¨¢s cumplida del mundo, o al menos a los tribunales no llegaban casos, con lo que o no funcionaban las leyes o funcionaban las trampas. La Ley Cui?a de 2002 fue un intento de frenar el libertinaje constructivo, y el Gobierno de PSdeG-BNG pretendi¨® delimitar algo m¨¢s tanta erecci¨®n creativa y enriquecedora.

Feij¨®o avanza a marchas forzadas para restituir el urbanismo de toda la vida: el caos

Ahora, la nueva Lei do Solo alarma formalmente por permitir la construcci¨®n en zonas rurales y protegidas, pero el fondo es peor. No s¨®lo "suaviza" la, al parecer, ruda y ¨¢spera normativa bipartita, sino que desmonta los organismos de control de su cumplimiento y permite fijar las excepciones a los ayuntamientos. La elaboraci¨®n de la nueva normativa ha estado pastoreada por el responsable de urbanismo en aquella d¨¦cada prodigiosa (1990-1997) que, en otra demostraci¨®n de la creativa y enriquecedora permeabilidad de lo p¨²blico y lo privado, despu¨¦s se dedic¨® a defender en los tribunales a los infractores de aquellas leyes que habr¨ªa tenido que hacer cumplir. En la Axencia de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica no s¨®lo se deshacen del director, un t¨¦cnico tan radical que hab¨ªa sido subdirector general con Feij¨®o de conselleiro, sino que se prev¨¦ una dr¨¢stica reducci¨®n del cuerpo de inspectores. Casi todo -o al menos la Lei- con la sorprendente anuencia del PSdeG, confirmando la vuelta a los buenos viejos tiempos en los que en el partido mandaban los alcaldes (pero ahora ni siquiera los de las ciudades, sino los de los pueblos dormitorio).

Desmantelar la APLU no obedece al viejo buen principio liberal de "menos Estado", sino al m¨¢s viejo pero menos bueno de no pisarse la cola entre leones. La Axencia Urban¨ªstica fue el organismo p¨²blico que puso en conocimiento de la fiscal¨ªa barbaridades como las de Barreiros, un ayuntamiento de 3.000 habitantes en el que se otorgaron licencias para construir otras tantas viviendas (m¨¢s). Obnubilados por lo creativo y enriquecedor de esa cementorrea, las autoridades locales no se pararon a ver si donde dejaban construir era r¨²stico o urbano, terreno firme consolidado o marisma edificable, y tampoco se acordaron de hacer o pedir a los constructores equipamientos como calles, agua, alcantarillado y otros detalles menos esenciales que los videoporteros, pero obligatorios desde el punto de vista legal. El alcalde ha argumentado que lo hizo por "el bien del ayuntamiento" y que "sus vecinos lo apoyan". Evidentemente, nadie hace nada en detrimento consciente de la instituci¨®n que preside, y tampoco los cargos que dependen de los electores suelen dedicarse a enervarlos, pero esos argumentos servir¨ªan tambi¨¦n para justificar desde el linchamiento a la exenci¨®n de multas.

No hagamos le?a del bosque erigido. Barreiros no es un caso ¨²nico. En Mux¨ªa lo intentaron la pasada legislatura, sobre tierras propiedad de algunos concejales y con el compromiso por escrito del gobierno local de rebajar la l¨ªnea de protecci¨®n de la costa. Las trabas legales a estas operaciones de enriquecimiento creativo son las que intenta despejar esa callada labor de gobierno. Y mientras tanto, se retiran los recursos contra las infracciones. Una vez, un popular alcalde que ya no lo es (alcalde), en una de las sabrosas conversaciones que manten¨ªamos a modo de tregua, se empe?¨® en convencerme de las virtudes del "municipalismo". Los ayuntamientos han hecho muchas cosas buenas y satisfecho demandas ciudadanas que tendr¨ªan que haber atendido otros, pero no soy "municipalista" por las mismas razones que adujo James Joyce para negarse a la petici¨®n de un fan, que solicitaba besar la mano que hab¨ªa escrito Ulises: "No, ha hecho muchas otras cosas".