Aguirre abre otro frente con Zapatero en el Constitucional

Esta vez el punto de fricci¨®n es el veto auton¨®mico a una posible fusi¨®n entre Caja Madrid y otra entidad bancaria. La Comunidad de Madrid reclama que se respete su "capacidad de decisi¨®n" y, por eso, ayer decidi¨® presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional a una norma del Ejecutivo que preside Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Se trata de un nuevo frente en la pol¨ªtica de oposici¨®n al Gobierno central que ejerce Aguirre desde la Comunidad de Madrid.

Al igual que Galicia, que lo anunci¨® el d¨ªa anterior, el Ejecutivo regional presentar¨¢ un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que regula el Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB), aprobado por el Gobierno central en julio de 2009, y que ha dejado la participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en un proceso de fusi¨®n en un mero acto de informaci¨®n, con el fin de despolitizar las cajas.

La Comunidad cree que la norma estatal rebaja sus competencias

En el recurso, que se presentar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas y que ayer fue aprobado por el Consejo de Gobierno, la Comunidad de Madrid cuestiona los art¨ªculos 7 y 8 y la disposici¨®n final sexta del real decreto, porque entiende que invade las competencias auton¨®micas en materia de cajas de ahorros.

Seg¨²n el consejero de Econom¨ªa y Hacienda, Antonio Beteta, esa normativa deja a las comunidades aut¨®nomas el ¨²nico papel de informar al Banco de Espa?a en caso de fusi¨®n entre entidades bancarias, sin que pueda considerarse dicho informe un veto auton¨®mico, porque no es vinculante. "Es un vaciamiento de competencias y no es admisible", afirm¨® el consejero, que defendi¨® que la Comunidad de Madrid deb¨ªa "mantener la capacidad de decisi¨®n en defensa del inter¨¦s general, de los impositores y de los empleados de Caja Madrid".

Beteta explic¨® tambi¨¦n que, previo a este recurso, ha habido intentos de llegar a un acuerdo con el Gobierno central, sin ¨¦xito. Para ello se cre¨® una comisi¨®n bilateral que abord¨® el asunto, pero no se superaron las discrepancias. El Ejecutivo regional solicit¨® en este ¨¢mbito que se redactara de nuevo el art¨ªculo 8 del decreto para reconocer las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de cajas de ahorros y en el que reflejaba la inconstitucionalidad de la normativa tal y como est¨¢ recogida en la actualidad.

Pero el pasado 12 de marzo, el Ministerio de Pol¨ªtica Territorial, que dirige Manuel Chaves, envi¨® a la consejer¨ªa un escrito en el que "indica su interpretaci¨®n sobre la constitucionalidad del decreto", pero que, seg¨²n Beteta, "la consejer¨ªa rechaza". Por eso, se plantea el recurso. "El objetivo es que si la caja tiene que fusionarse con otra entidad necesita de autorizaci¨®n de la Comunidad de Madrid", advirti¨® el consejero, que record¨® que dos sentencias del alto tribunal avalan esta petici¨®n.

"Cualquier actuaci¨®n de fusi¨®n que quisiera ejercer Caja Madrid supondr¨ªa extraerla de la tutela y control de la Comunidad de Madrid", se quej¨® el consejero de Econom¨ªa y Hacienda, Antonio Beteta. Tambi¨¦n asegur¨® que otras comunidades aut¨®nomas como Andaluc¨ªa, Catalu?a, Extremadura o Galicia han expresado al Ministerio de Pol¨ªtica Territorial su queja por la invasi¨®n de competencias.

Hasta el momento, s¨®lo Galicia ha llevado el asunto al Tribunal Constitucional. En los mismos t¨¦rminos y por las mismas razones que Madrid e igualmente despu¨¦s de haber intentado negociar con el ministerio en una comisi¨®n bilateral.

El intento de mantener el control pol¨ªtico de Caja Madrid por parte del Gobierno regional es antiguo y llev¨® el a?o pasado a una dura guerra en el seno del PP regional, que culmin¨® con el nombramiento de Rodrigo Rato, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, como presidente de la entidad bancaria. Atr¨¢s qued¨® una obscena batalla por el control del ¨®rgano ejecutivo de la entidad madrile?a. El enfrentamiento entre el Gobierno de Aguirre, el Ayuntamiento de Madrid y la direcci¨®n nacional del PP fue p¨²blico.

Adem¨¢s, la Comunidad de Madrid, empe?ada en amarrar el control pol¨ªtico de la entidad bancaria, modific¨® la Ley de Cajas regional el pasado diciembre a trav¨¦s de la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos Generales, una ley escoba que apenas se debate. Para ello introdujo la figura del Sistema Institucional de Protecci¨®n (SIP), m¨¢s conocida como fusi¨®n virtual, y regul¨® como ¨²nica condici¨®n de ¨¦sta que exista una "autorizaci¨®n previa" de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda. Eso permite al Gobierno de Aguirre tener la ¨²ltima palabra en todos los acuerdos estrat¨¦gicos de Caja Madrid y no s¨®lo en las fusiones con otras entidades."Cualquier actuaci¨®n de fusi¨®n que quisiera ejercer Caja Madrid supondr¨ªa extraerla de la tutela y control de la Comunidad de Madrid", se quej¨® el consejero de Econom¨ªa y Hacienda, Antonio Beteta. Tambi¨¦n asegur¨® que otras comunidades aut¨®nomas como Andaluc¨ªa, Catalu?a, Extremadura o Galicia han expresado al Ministerio de Pol¨ªtica Territorial su queja por la invasi¨®n de competencias.

Hasta el momento, s¨®lo Galicia ha llevado el asunto al Tribunal Constitucional. En los mismos t¨¦rminos y por las mismas razones que Madrid e igualmente despu¨¦s de haber intentado negociar con el ministerio en una comisi¨®n bilateral.

El intento de mantener el control pol¨ªtico de Caja Madrid por parte del Gobierno regional es antiguo y llev¨® el a?o pasado a una dura guerra en el seno del PP regional, que culmin¨® con el nombramiento de Rodrigo Rato, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, como presidente de la entidad bancaria. Atr¨¢s qued¨® una obscena batalla por el control del ¨®rgano ejecutivo de la entidad madrile?a. El enfrentamiento entre el Gobierno de Aguirre, el Ayuntamiento de Madrid y la direcci¨®n nacional del PP fue p¨²blico.

Adem¨¢s, la Comunidad de Madrid, empe?ada en amarrar el control pol¨ªtico de la entidad bancaria, modific¨® la Ley de Cajas regional el pasado diciembre a trav¨¦s de la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos Generales, una ley escoba que apenas se debate. Para ello introdujo la figura del Sistema Institucional de Protecci¨®n (SIP), m¨¢s conocida como fusi¨®n virtual, y regul¨® como ¨²nica condici¨®n de ¨¦sta que exista una "autorizaci¨®n previa" de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda. Eso permite al Gobierno de Aguirre tener la ¨²ltima palabra en todos los acuerdos estrat¨¦gicos de Caja Madrid y no s¨®lo en las fusiones con otras entidades.