Bomberos privados para el fuego p¨²blico

Miguel Couselo, bombero de un parque de la provincia de A Coru?a, asegura no saber si el cami¨®n de extinci¨®n con el que trabaja cabe por algunos de los caminos de su comarca. "Para hacer inspecciones del terreno hay que gastar gasolina y la empresa nos la restringe a lo indispensable", explica. No son recortes del gasto directo de las administraciones. ?l no trabaja ni para su Ayuntamiento ni para su Diputaci¨®n, como lo hace la inmensa mayor¨ªa de los bomberos, sino para Veicar, una empresa privada que se dedicaba a la recogida de residuos hasta que la Xunta de Galicia implant¨® hace ocho a?os un sistema in¨¦dito en el resto de Espa?a: la privatizaci¨®n de estos servicios de emergencias, que ahora consolida el Gobierno de Alberto N¨²?ez Feij¨®o. Los empleados denuncian que el servicio p¨²blico se sacrifica porque fallan los medios y la coordinaci¨®n. La Administraci¨®n defiende una gesti¨®n "eficiente" sin consecuencias negativas para los ciudadanos.

La Xunta aduce que as¨ª se esquiva la burocracia de la Administraci¨®n

"?Con qu¨¦ autoridad desalojas una casa?", se pregunta un profesional

Los trabajadores de las empresas denuncian la falta de medios

Otras provincias estudian el modelo, seg¨²n Emergencias de Galicia

Los sindicatos se querellar¨¢n para que el sistema no se extienda

"Aqu¨ª hay un enchufismo tremendo", dicen las centrales

Aunque la ley de bases de r¨¦gimen local establece que todos los municipios de m¨¢s de 20.000 habitantes deben tener un cuerpo de bomberos propio, en Galicia esto solo se cumple en 7 de las 21 localidades de este tama?o. Para el resto de dispersa poblaci¨®n gallega hay consorcios entre las diputaciones y la Xunta. Excepto el parque de Silleda (Pontevedra), los 17 restantes est¨¢n gestionados por empresas privadas. El modelo es el inverso al que tanto la Xunta como algunas administraciones gobernadas por el PP en el resto de Espa?a defienden para la sanidad. Mientras en la salud buscan empresas privadas que hagan las infraestructuras donde trabajan sanitarios que cobran del Estado, en las emergencias es la Administraci¨®n la que pone el edificio y los materiales para que sea una empresa privada la que se encargue del personal.

Cuando lleg¨® el bipartito de PSOE y BNG al poder en Galicia en 2005 mantuvo el modelo, aunque hizo un amago de rectificaci¨®n ante las protestas de los trabajadores. Pero no lo hizo, lleg¨® de nuevo el PP al Gobierno y el sistema avanza: la Diputaci¨®n de Lugo y la Xunta negocian un nuevo convenio provincial que parece ir por este camino.

Sindicatos como CC OO temen que el modelo se exporte fuera de la comunidad aut¨®noma. Santiago Villanueva, director general de Emergencias e Interior de la Xunta, ratifica esta sospecha: "Me consta que hay administraciones que est¨¢n estudiando este sistema, que es relativamente nuevo y se tiene que mejorar, pero que funciona bien". Defiende que lo importante es el servicio que reciben los ciudadanos -"quienes est¨¢n satisfechos"-, y a?ade que la decisi¨®n tambi¨¦n es responsabilidad de las diputaciones. Argumenta que en el a?o 2000 no hab¨ªa ning¨²n parque de bomberos en Galicia fuera de las ciudades y que ahora hay 18. "En un a?o habr¨¢ 25 y servir¨¢ para que el 95% de la poblaci¨®n pueda ser atendida en 20 minutos o menos ante una emergencia", a?ade.

La Xunta mantiene el discurso de la agilidad de la gesti¨®n privada frente a la burocracia y la lentitud de la p¨²blica. Villanueva pone un ejemplo: "Si seis bomberos se dan de baja por alguna enfermedad, las empresas est¨¢n obligadas a sustituirlos con personal de su bolsa de trabajo el mismo d¨ªa para asegurar el servicio; esto no se podr¨ªa hacer cuando son funcionarios". Este discurso permanec¨ªa normalmente fuera de determinados servicios p¨²blicos. "Somos pioneros", sostiene Luis Barca, gerente del consorcio de bomberos de A Coru?a. Lo cierto es que tampoco es frecuente fuera de Espa?a. En Inglaterra, por ejemplo, el Servicio de Bomberos y Rescate depende de cada una de las autoridades locales y sigue siendo un servicio enteramente p¨²blico, sin intervenci¨®n de empresas privadas. Los Ayuntamientos, sin embargo, son libres de delegar esas funciones en las llamadas Compa?¨ªas Controladas por las Autoridades P¨²blicas, aunque han de estar dirigidas por personal procedente del Servicio de Bomberos. Los bomberos propiamente dichos siguen siendo empleados p¨²blicos. Hay otros pa¨ªses donde, junto a los servicios p¨²blicos, est¨¢ muy arraigada la tradici¨®n de los bomberos voluntarios, como en Alemania, Suiza o Portugal. Es una forma de actuar que tambi¨¦n se da en algunos lugares de Espa?a, donde un grupo de voluntarios se pone al servicio de los profesionales cuando son necesarios y las actuaciones no entra?an un gran riesgo.

Pero poco tienen que ver con la privatizaci¨®n gallega. La lista de las cr¨ªticas de los trabajadores, que sufren una discriminaci¨®n salarial con respecto a los funcionarios que llega a los 600 euros, son desmentidas por los responsables de la Administraci¨®n. Pero incluso algunos, como Miguel ?ngel P¨¦rez, responsable de los parques de Pontevedra, admiten que se puede mejorar la coordinaci¨®n y aumentar el personal. Las situaciones que se producen por este modelo, seg¨²n algunos bomberos consultados "son inauditas y pueden llegar a convertirse en graves ante una eventual cat¨¢strofe".

Una de las principales quejas tiene que ver con la consideraci¨®n propia del trabajo de bombero, que goza de rango de agente de la autoridad en algunas comunidades aut¨®nomas, como Andaluc¨ªa, Navarra, Arag¨®n y Madrid, pero que no tiene este reconocimiento en otras. "Si ni siquiera somos funcionarios, sino meros trabajadores de una empresa privada, ?c¨®mo desalojas un edificio en caso de una emergencia, c¨®mo entras en una vivienda donde sabes que alguien se ha asfixiado por el humo, c¨®mo accedes a una propiedad privada o paralizas la actividad de una empresa?", se pregunta Mart¨ªn Rubi?o, uno de los responsables sindicales y bombero de Boiro (A Coru?a). ?l mismo responde: "O a base de la buena voluntad de los ciudadanos o esperando que la Guardia Civil o la Polic¨ªa Local autoricen estas intervenciones, lo que puede retrasar una actuaci¨®n en la que los segundos son vitales". Pero esta argumentaci¨®n es rebatida con rotundidad por Luis Barca, gerente de A Coru?a: "Pueden actuar igual que un bombero funcionario de un Ayuntamiento. La de agente de la autoridad es una competencia de algunas comunidades aut¨®nomas y para que te la den tienes que ser funcionario, es cierto, pero no hace falta para las actuaciones; un se?or con un peto puede cortar el tr¨¢fico. Me parece rizar un poco el rizo". Algo parecido dice el responsable de Pontevedra: "El bombero es un profesional que da un servicio y no tiene por qu¨¦ ser ninguna autoridad, tampoco lo son los funcionarios".

La autoridad puede no ser un gran inconveniente, seg¨²n Jes¨²s Miranda P¨¢ez, director del M¨¢ster Universitario Counseling, Urgencias, Emergencias y Cat¨¢strofes, de la Universidad de M¨¢laga: "Si este caso fuese el de polic¨ªas podr¨ªan llegar problemas m¨¢s f¨¢cilmente, pero como un bombero te viene a salvar, sueles dejarte". Dice que, adem¨¢s, en determinadas situaciones, los bomberos son agentes de la ley. Esto est¨¢ claro para los funcionarios, pero no para las empresas privadas. Por eso, CC OO, UGT y el sindicato nacionalista CIG preparan demandas en los tribunales para paralizar las futuras privatizaciones del servicio. Tambi¨¦n se querellar¨¢n por cesi¨®n ilegal de trabajadores, ya que entienden que el ¨²nico cometido de las empresas es aportar empleados. Sostienen que es contraproducente para las diputaciones y la Xunta, ya que con la rentabilidad que sacan las empresas se podr¨ªa mejorar el servicio y las condiciones laborales. Seg¨²n un informe de CC OO, la rentabilidad para las compa?¨ªas puede llegar casi al 50%.

Estos beneficios redundan, en opini¨®n de los sindicatos, en empobrecimiento del servicio, turnos con menos efectivos de los necesarios, m¨¢s dificultad a la hora de renovar materiales y menos formaci¨®n. Uno de los problemas que dicen preocuparles m¨¢s es el de la coordinaci¨®n, un conflicto inexistente para la Xunta y las diputaciones que tienen el servicio en manos de empresas. El director de Emergencias e Interior explica que en grandes incendios han concurrido juntos bomberos de varios parques, de empresas distintas, incluso de provincias diferentes, sin dificultad. Hay un sistema de comunicaci¨®n de todos los parques que est¨¢ tambi¨¦n integrado con la polic¨ªa. Pero los bomberos aseguran que a la hora de actuar no pueden comunicarse con sus compa?eros m¨¢s que a gritos porque no hay una frecuencia de radio unificada. Tampoco tienen mucha confianza en el protocolo de actuaci¨®n que gu¨ªa a los diferentes cuerpos y que dicta que el que est¨¢ establecido en la comarca donde sucede la emergencia debe dirigir a todos los dem¨¢s. "Si viene aqu¨ª un suboficial de fuera y dice que se haga algo, ?qui¨¦nes somos nosotros, de una empresa privada, para contradecirle?", se pregunta Carlos Rey, portavoz de la plataforma de bomberos. Aunque, seg¨²n la Xunta, estos protocolos funcionan, Santiago Villanueva explica que algunos est¨¢n en revisi¨®n: "Estamos dispuestos a mejorar. A negociar, pero creemos que el sistema funciona bien".

A lo que no parece dispuesta la Administraci¨®n es a cambiar el modelo y contratar a los bomberos, lo que tambi¨¦n influye en el sistema de acceso. Para entrar en un cuerpo p¨²blico de bomberos hace falta pasar una oposici¨®n con duras pruebas f¨ªsicas y una te¨®rica. La formaci¨®n pr¨¢ctica llega una vez dentro. En las empresas, antes de ser contratados, los aspirantes deben pasar un curso de 200 horas, por lo que pueden tener una bolsa de trabajo de la que carece la Administraci¨®n. Y, aunque los m¨ªnimos f¨ªsicos establecidos son muy similares a los de cualquier Ayuntamiento, son las empresas las responsables de comprobarlo, cosa que no convence a los sindicatos. "Aqu¨ª hay un enchufismo tremendo. Si alguien en vez de hacer 16 dominadas, hace 12 y es amigo de alguien, entra igual", asegura Mart¨ªn Rubi?o. Este peri¨®dico no consigui¨® hablar con ning¨²n responsable de las empresas que prestan servicio para recabar su versi¨®n en este debate, que, en ¨²ltima instancia, es el de la gesti¨®n p¨²blica frente a la privada.

Con informaci¨®n de Walter Oppenheimer, Laura Lucchini y Rodrigo Carrizo.