La juez reh¨²sa archivar el caso del espionaje pol¨ªtico a Prada y Cobo

La juez ha rechazado la pretensi¨®n de la defensa de los cuatro presuntos esp¨ªas a sueldo del Gobierno de Aguirre de dar carpetazo por falta de pruebas a su investigaci¨®n del seguimiento al ex vicepresidente segundo Alfredo Prada y al vicealcalde Manuel Cobo. Por tanto, siguen imputados por malversaci¨®n tres asesores del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, y el ex director general de Seguridad Sergio Gam¨®n. La magistrada ve improcedente exonerarles cuando espera "nuevas pruebas" que pueden "afectar directamente a los imputados".

Entre dichas diligencias pendientes se encuentra el informe sobre los posicionamientos de los m¨®viles de abril de 2008 de los agentes de Aguirre sospechosos del espionaje que est¨¢ rematando la polic¨ªa y que ser¨¢ clave para demostrar si, am¨¦n de seguir a Prada -hecho probado por un informe similar referido a mayo de 2008-, tambi¨¦n vigilaron a Cobo un mes antes.

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La magistrada que investiga el caso, Carmen Valcarce, igualmente ha rechazado la solicitud del citado letrado, el ex fiscal Enrique Molina, de interrogar al periodista de este diario que destap¨® el caso para que revelase las fuentes de su informaci¨®n. La juez alude en su escrito a que ser¨ªa una repetici¨®n de la declaraci¨®n que ya prest¨® dicho informador sobre estos hechos ante la fiscal¨ªa en enero de 2009 tras estallar el esc¨¢ndalo.

El defensor de los agentes de Aguirre recibe un tercer rev¨¦s jur¨ªdico: la juez rechaza su ataque al personamiento como acusaci¨®n particular de Cobo y de su defensa mediante letrado del Ayuntamiento. El escrito de la juez es tan sint¨¦tico como contundente en su r¨¦plica: "No ha lugar a la exigencia de nuevos requisitos procesales para la personaci¨®n como acusaci¨®n particular de don Manuel Cobo, que viene ejerciendo en su nombre el letrado del Ayuntamiento de Madrid".

Con este triple varapalo, se derrumba como un castillo de naipes la estrategia de la defensa, que se resume as¨ª: que la juez archivara el caso por falta de pruebas contra los presuntos esp¨ªas del Gobierno de Aguirre o que, de no accederse a tal petici¨®n, que el periodista identificara a las fuentes de su informaci¨®n. Las tres v¨ªctimas del espionaje personadas en este sumario -Cobo, Prada y la diputada regional del PP Carmen Rodr¨ªguez Flores- y la propia fiscal¨ªa han rebatido tal pretensi¨®n por compartir el criterio de que ahora no toca archivar por falta de pruebas, sino de ejecutarlas y de finalizar la instrucci¨®n. Entre las pruebas pendientes, am¨¦n del informe policial sobre los posicionamientos telef¨®nicos de abril de 2008 de los agentes sospechosos, falta la pericial caligr¨¢fica de Jos¨¦ Manuel Pinto, empleado de Granados, identificado por dos graf¨®logos contratados por este diario como el autor de las notas manuscritas de los partes del espionaje.

El escrito de la defensa de la diputada regional, espiada precisamente tras visitar al entonces vicepresidente segundo del Gobierno de Aguirre, recuerda una obviedad: "Por lo que se refiere a la participaci¨®n de dichos se?ores [los agentes de Aguirre ya imputados], deber¨¢ estarse a la conclusi¨®n de las diligencias para determinar si se trataba de meros ejecutores de ¨®rdenes superiores, sin conocimiento del fin de sus il¨ªcitas actuaciones, o si participaban de la decisi¨®n de llevar a cabo las mismas". "A d¨ªa de hoy", sigue el escrito, "no se puede descartar la participaci¨®n de personas de rango jer¨¢rquico superior a ellos, ni est¨¢ determinado el grado de cooperaci¨®n o connivencia con los mismos". Resulta f¨¢cil leer la salida que, a modo de gui?o, est¨¢ planteando a los subordinados de Granados ya imputados: aclaren qui¨¦n les orden¨® tales seguimientos o ser¨¢n los ¨²nicos culpables.

El abogado de Prada, am¨¦n de refutar tal pretensi¨®n de dar carpetazo ya al caso por supuesta falta de pruebas, recuerda que los tres ex guardias civiles asesores de Granados imputados negaron haber seguido al entonces vicepresidente segundo hasta que el informe policial sobre los posicionamientos de sus m¨®viles les hizo reconocer ante la juez "unos seguimientos para los cuales no hab¨ªan estado supuestamente autorizados". Y por esto concluye dicho letrado que los citados agentes "han sido los autores de los partes del seguimiento, y, por tanto, los autores de los seguimientos y vigilancia que en dichos partes se hace referencia". Y el letrado recuerda que como ex miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado los tres no pod¨ªan desconocer que no ten¨ªan competencia legal para realizar ninguna contravigilancia o avanzada, tareas que alegaron para justificar los seguimientos, ya que son funciones ajenas a los funcionarios de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el abogado de Cobo, recuerda que fue espiado en relaci¨®n con su actividad de cargo p¨²blico, que nadie recurri¨® en su d¨ªa su personaci¨®n como acusaci¨®n particular y que la normativa municipal y estatal posibilita que su defensa la ejecute un letrado institucional. El letrado del PP, pese a que las v¨ªctimas son de su partido, plantea que la investigaci¨®n debe concluir ya para evitar el agravio de los cuatro imputados.