Europa no reconocer¨¢ los divorcios que discriminan a la mujer
Espa?a firma el nuevo reglamento sobre separaciones internacionales
Los ciudadanos que residan en la Uni¨®n Europea (UE) no podr¨¢n aplicar normas de divorcio que supongan discriminaci¨®n para la mujer. As¨ª lo han acordado 10 de los 27 pa¨ªses de la Uni¨®n con la firma en Bruselas de un Reglamento de Cooperaci¨®n Reforzada que unifica criterios sobre disoluci¨®n de matrimonios transfronterizos. De esta manera, los c¨®nyuges que residen temporalmente en la UE pero proceden de alguno de los pa¨ªses donde se aplica con rigor la ley isl¨¢mica, no podr¨¢n ver validado su divorcio si uno de los dos resulta perjudicado por raz¨®n de sexo. La norma obliga a los tribunales de los pa¨ªses firmantes, entre los que se encuentra Espa?a, y entrar¨¢ en vigor el pr¨®ximo mes de junio, despu¨¦s de la ratificaci¨®n de los Parlamentos nacionales.
Los tribunales asumir¨¢n el criterio com¨²n por encima de la ley nacional
El objetivo es proteger los derechos del c¨®nyuge m¨¢s d¨¦bil
Se aplicar¨¢ la legislaci¨®n del pa¨ªs de residencia en caso de conflicto
Ning¨²n juez comunitario dar¨¢ validez a extremos de la 'shar¨ªa'
Austria, Bulgaria, Eslovenia, Espa?a, Francia, Grecia, Hungr¨ªa, Italia, Luxemburgo y Rumania han sido los pa¨ªses pioneros en suscribir este reglamento, que afecta a m¨¢s de un mill¨®n de parejas en las que alguno de los c¨®nyuges procede de un pa¨ªs distinto del de residencia. Adem¨¢s de la cl¨¢usula contra la discriminaci¨®n, asumida por unanimidad de los firmantes a propuesta de Espa?a, el reglamento viene a poner orden en el enmara?ado panorama de los divorcios transfronterizos.
Actualmente, si una pareja mixta quiere separarse y no llega a un acuerdo previo, cualquiera de los c¨®nyuges puede recurrir a la ley de su pa¨ªs de origen, o a las leyes de su pa¨ªs de residencia, o a la del lugar en el que reside parte de su familia, o a cualquier otro v¨ªnculo reconocido en la madeja de la legislaci¨®n civil de cada Estado de la UE. La mayor¨ªa de los tribunales de los pa¨ªses comunitarios s¨®lo acepta la demanda de divorcio del primer c¨®nyuge que la solicita. Esta circunstancia, seg¨²n se?ala Aurora Mej¨ªa, directora general de Cooperaci¨®n Internacional del Ministerio de Justicia, "supone que el c¨®nyuge m¨¢s d¨¦bil, el que tiene menos recursos econ¨®micos o menor informaci¨®n sobre qu¨¦ legislaci¨®n conviene m¨¢s a sus intereses, se ve obligado a asumir separaciones muy perjudiciales. Adem¨¢s, genera indefensi¨®n. Esta normativa le protege".
El nuevo reglamento establece una norma ¨²nica: el divorcio se tramitar¨¢ seg¨²n la ley del pa¨ªs de residencia de la pareja en el momento de la ruptura. Los tribunales de los 10 pa¨ªses firmantes aplicar¨¢n este criterio por encima de sus legislaciones nacionales.
Este acuerdo de la Comisi¨®n Europea tambi¨¦n proh¨ªbe los divorcios discriminatorios por raz¨®n de sexo. Niegan validez jur¨ªdica en el territorio europeo a los pa¨ªses cuyas leyes se derivan de una interpretaci¨®n restrictiva del Cor¨¢n. Ni p¨¦rdida de derechos en caso de que la mujer haya cometido adulterio; ni custodia autom¨¢tica de los hijos a la familia paterna; ni repudio de la esposa, ni su exclusi¨®n de los bienes o la expulsi¨®n del domicilio familiar, como se contemplan en la legislaci¨®n de determinados pa¨ªses isl¨¢micos. Ninguna de estas ucron¨ªas ser¨¢ admitida judicialmente para los residentes en la UE.
Si hasta ahora un juez se negaba a reconocer estas pr¨¢cticas discriminatorias ten¨ªa que recurrir a la llamada "cl¨¢usula de orden p¨²blico", es decir, explicitar en altas instancias internacionales que determinadas leyes vulneran derechos fundamentales. "Recurrir a la cl¨¢usula de orden p¨²blico es extremo muy delicado. Por eso el reglamento facilita la labor de los tribunales, al excluir el reconocimiento de derechos ajenos a las democracias", se?ala la directora de Relaciones Internacionales.
"Los matrimonios internacionales pueden encontrarse con problemas jur¨ªdicos arbitrarios que convierten la tragedia del divorcio en un desastre financiero y emocional, generando situaciones muy duras en las vidas de algunas personas", declara Viviane Reding, la comisaria de la UE responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadan¨ªa. "Miles de matrimonios se encuentran en situaciones personales dif¨ªciles porque los ordenamientos jur¨ªdicos nacionales no han sabido proporcionarles hasta ahora respuestas claras. En muchos casos, los hijos y el c¨®nyuge m¨¢s d¨¦bil sufren".
En la Uni¨®n Europea se celebran cada a?o 300.000 matrimonios internacionales, de los cuales aproximadamente el 20% acaba en divorcio.
Unanimidad imposible
La Comisi¨®n Europea ya intent¨® poner orden en el laberinto judicial de separaciones y divorcios internacionales en el a?o 2006, con el denominado Reglamento Roma III, que buscaba la unanimidad de los socios comunitarios. No fue posible. A algunos pa¨ªses les parec¨ªa demasiado avanzado y a otros, mayoritariamente los n¨®rdicos, inservible, ya que sus legislaciones ya proteg¨ªan al c¨®nyuge m¨¢s d¨¦bil y garantizaban tambi¨¦n la no discriminaci¨®n. Tras una negociaci¨®n de cuatro a?os, s¨®lo se ha conseguido la r¨²brica de 10 Estados, un hito en la "cooperaci¨®n reforzada" en materia de justicia.
De acuerdo con los Tratados de la Uni¨®n, la cooperaci¨®n reforzada permite a nueve pa¨ªses avanzar en relaci¨®n con una medida que consideren importante, pero bloqueada por una peque?a minor¨ªa de los Estados miembros. Otros pa¨ªses de la UE mantienen el derecho a incorporarse al plan cuando lo estimen conveniente.
El reglamento propuesto la pasada semana por la Comisi¨®n no afecta a la capacidad de los Estados miembros de establecer una definici¨®n de matrimonio, por lo que aquellos que tienen reconocidas las uniones homosexuales ven garantizados sus derechos en cualquier circunstancia.
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