Retorno al clientelismo

Hace tiempo que las sociedades maduras y democr¨¢ticas decidieron que exist¨ªan decisiones importantes en materia de control, regulaci¨®n y legalidad que deb¨ªan ser aisladas del ciclo electoral. Por este motivo instituciones como el Banco de Espa?a, el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Consello de Contas o el Consello Consultivo tienen una presidencia y/o direcci¨®n cuyo mandato, para dar autonom¨ªa y credibilidad a sus decisiones, tiene duraci¨®n fija y no coincide con el periodo electoral.

La necesidad de consolidar una cultura urban¨ªstica, de frenar la ocupaci¨®n indiscriminada del territorio, de separar las decisiones disciplinarias del poder local por su proximidad al ciudadano, y de eliminar el clientelismo pol¨ªtico en la inspecci¨®n y la disciplina urban¨ªstica, llevaron al anterior Gobierno a poner en funcionamiento la Axencia de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica (APLU). Se aprob¨® su reglamento, se estableci¨® el procedimiento de elecci¨®n del director con acuerdo previo con los ayuntamientos, se fijaron cuatro a?os de vigencia del cargo y se la dot¨® de medios materiales y humanos.

El modelo liberal de Feij¨®o subordina el inter¨¦s colectivo a la utilizaci¨®n partidista del urbanismo

Frente a esto, el modelo de territorio de Feij¨®o, liberal en la forma y en el fondo, parece repetir la tradicional consigna conservadora de "ti vai facendo" y subordina el inter¨¦s colectivo a la utilizaci¨®n partidista del urbanismo. Comenz¨® nombrando a la ex gerente de urbanismo de Sanxenxo como secretaria general de Territorio, decisi¨®n que no hac¨ªa presagiar nada bueno. Le sigui¨® la modificaci¨®n del plan de acuicultura, para permitir instalaciones industriales en Red Natura y cambiar el modelo de concesi¨®n de suelo p¨²blico para acuicultura por una privatizaci¨®n de la costa que abre la puerta a la especulaci¨®n en la parte m¨¢s sensible de nuestro territorio.

El programa de demolici¨®n continu¨® con la modificaci¨®n de los estatutos de la APLU, para eliminar su autonom¨ªa y permitir que el Gobierno quite y ponga director a su antojo. Inmediatamente, destituyeron al director que, junto al personal de la APLU, contribuy¨® a paralizar irregularidades como las de Barreiros, municipio costero en el que el n¨²mero de viviendas previstas m¨¢s que duplica el censo de habitantes. Licencias para 3.174 nuevas viviendas concedidas con informes desfavorables de la secretaria municipal, en suelos sin accesos, sin agua ni saneamiento y con imposibilidad de cubrir la demanda previsible de energ¨ªa el¨¦ctrica. Irregularidades que se ven ratificadas por sentencias de anulaci¨®n de licencias y por la imputaci¨®n de la fiscal¨ªa al alcalde popular de Barreiros, a la Junta de Gobierno local y a la arquitecta municipal por presunta prevaricaci¨®n urban¨ªstica.

Sin embargo, lejos de defender la legalidad, en los nuevos tiempos del liberalismo sin complejos de Feij¨®o, se destituye a quien defiende el inter¨¦s general, se paraliza la incorporaci¨®n de profesionales a la APLU, se anuncia la dejaci¨®n de las funciones de la Xunta como garante de la legalidad al paralizar contenciosos contra alcaldes del PP y, en el suma y sigue del deterioro territorial, se promueve un convenio para intentar dar cobertura a las irregularidades de Barreiros. As¨ª, el Gobierno responsable del urbanismo gallego que presupuesta para el 2010 menos inversi¨®n p¨²blica, peores servicios p¨²blicos, menos recursos para educaci¨®n y para pol¨ªticas de empleo, puede destinar siete millones de euros para amparar situaciones irregulares, consolidar un modelo de crecimiento insostenible y socializar los costes de urbanizar que deber¨ªan recaer en los promotores.

Adicionalmente, el Gobierno impuls¨® una reforma de la Lei do Solo parcial, inoportuna y de "peligrosas consecuencias", en opini¨®n de la Fiscal¨ªa de Urbanismo que, en la medida que establece la regularizaci¨®n de construcciones sin licencia, deber¨ªa dise?ar instrumentos de control, vigilancia y garant¨ªa de que los desmanes urban¨ªsticos de Galicia no volver¨¢n a repetirse. Sin embargo, la coincidencia con el desmantelamiento de la APLU, lejos de garantizar objetividad y rigor, presagia la vuelta a la barra libre y al clientelismo pol¨ªtico que tan nefastas consecuencias provocaron durante los 16 a?os de gobiernos del PP.

Mientras tanto, el Plan de Ordenaci¨®n del Litoral (POL) es arbitrario y no clarifica su alcance ni contenido y las Directrices de Ordenaci¨®n del Territorio (DOT) duermen en un caj¨®n. Quiz¨¢s la aprobaci¨®n de estos documentos est¨¦ pendiente de nuevos cambios en su redacci¨®n que permitan dar amparo a la defensa de intereses privados, desaguisados urban¨ªsticos que no tendr¨ªan encaje en las DOT aprobadas inicialmente por el Gobierno anterior.

A pesar de este contexto, el PSdeG, con responsabilidad de pa¨ªs, ofrece al Gobierno su colaboraci¨®n para alcanzar un pacto que defina nuestro modelo territorial y d¨¦ estabilidad legal y real al urbanismo gallego. Est¨¢ por ver que el PP sea capaz de administrar esta oferta, corrija el rumbo de su pol¨ªtica territorial, priorice el inter¨¦s general de Galicia y demuestre su voluntad de proteger el territorio y de alcanzar este pacto.

Mar¨ªa Jos¨¦ Caride es diputada del PSdeG