La calidad de nuestra democracia
Algunos poderes f¨¢cticos pretenden impedir la reparaci¨®n pol¨ªtica, jur¨ªdica y moral de las v¨ªctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El acoso y procesamiento sufrido por el juez Baltasar Garz¨®n lo demuestra
A las dos y cuarto de la tarde del domingo 23 de noviembre de 1975, una losa de granito de 1.500 kilos cubri¨® la tumba que se hab¨ªa preparado para Francisco Franco en la bas¨ªlica de la Santa Cruz del Valle de los Ca¨ªdos. La losa que sell¨® el sepulcro era tan pesada como el legado que Franco dejaba, despu¨¦s de cuatro d¨¦cadas de guerra de exterminio y paz incivil. De eso han pasado ya casi 35 a?os y los espa?oles seguimos opinando -aunque con mucho grito, poco debate y menos fundamento- sobre las virtudes y defectos de la democracia que construimos sin necesidad de derribar el armaz¨®n de la dictadura.
La corrupci¨®n pol¨ªtica, con pol¨ªticos que la ignoran, y el procesamiento del juez Baltasar Garz¨®n a instancias de los herederos ideol¨®gicos del franquismo, nos sit¨²an de nuevo en la disputa. Recordemos c¨®mo empez¨® todo y ad¨®nde hemos llegado.
Nuevas coacciones y amenazas nos hacen dudar del modelo pol¨ªtico espa?ol
Nuestra democracia precisa reformas que mejoren su calidad. Pero nadie quiere abordarlas
Apenas muerto Franco, muchos de sus fieles partidarios dejaron el uniforme azul y se pusieron la chaqueta democr¨¢tica. La desbandada de los llamados reformistas o "aperturistas" en busca de una nueva identidad pol¨ªtica fue a partir de ese momento, sin prisa, pero sin pausa, general. Muchos franquistas de siempre, poderosos o no, se convirtieron de la noche a la ma?ana en dem¨®cratas de toda la vida. Deber¨ªa dejarse claro, por lo tanto, frente a la opini¨®n sesgada de algunos ilustres ex franquistas que se han apropiado de la transici¨®n a la democracia, que el armaz¨®n de la dictadura que controlaba el poder cuando Franco muri¨® no conten¨ªa el embri¨®n de la democracia y tampoco el Rey, el nuevo Jefe de Estado, ofrec¨ªa en ese momento las mejores garant¨ªas.
Los pol¨ªticos y bur¨®cratas formados en la Administraci¨®n del Estado franquista ten¨ªan en sus manos el aparato represivo y el consentimiento de una parte importante de la poblaci¨®n educada durante a?os en la desconfianza hacia los cambios pol¨ªticos, identificada con los valores de la autoridad, la seguridad y el orden. Sin Franco no habr¨ªa franquismo, pero los franquistas que abanderaron entonces la democracia se beneficiaron de los miedos que ellos y su querida dictadura hab¨ªan difundido durante d¨¦cadas: el miedo a los des¨®rdenes y protestas, la machacona propaganda negativa vertida sobre los partidos pol¨ªticos "rojos" y de la oposici¨®n, y el recuerdo traum¨¢tico de la Guerra Civil, con el temor siempre tan manido de que se pudiera repetir.
Es verdad que desde abajo hubo una poderosa presi¨®n social que, ejercida por asociaciones de vecinos, estudiantes, sindicatos, comunidades cristianas, intelectuales y profesionales, trataba de quebrar las posturas inmovilistas, del bunker, que imped¨ªan el tr¨¢nsito hacia un sistema de libertades. Pero el proyecto de Ley para la Reforma Pol¨ªtica ideado por Adolfo Su¨¢rez y Torcuato Fern¨¢ndez Miranda pas¨® por las Cortes franquistas, tras ofrecer importantes concesiones al grupo de notables que, alrededor de Manuel Fraga, acababa de fundar Alianza Popular (AP), y fue aprobado en refer¨¦ndum el 15 de diciembre de 1976 con una elevada participaci¨®n, el 77% del censo -aunque en el Pa¨ªs Vasco se qued¨® en el 54%-, y un 95% de votos afirmativos, pese a que la oposici¨®n democr¨¢tica hab¨ªa pedido la abstenci¨®n. Las promesas de paz, orden y estabilidad fueron la gran baza de Su¨¢rez para marcar el ritmo y las reglas del juego y para movilizar a mucha gente que con ese apoyo a la reforma pol¨ªtica descartaba la "ruptura democr¨¢tica" y una consulta popular para decidir sobre la continuidad de la Monarqu¨ªa.
En los dos a?os siguientes, la historia se aceler¨® en medio de acuerdos, pactos, decisiones fundamentales y participaciones democr¨¢ticas. El proceso de reforma legal que desemboc¨® en la celebraci¨®n de elecciones generales en junio de 1977 -40 a?os despu¨¦s de las ¨²ltimas que pudo presidir la Segunda Rep¨²blica- y la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n a finales de 1978, fue acompa?ado de una Ley de Amnist¨ªa, aprobada el 15 de octubre de 1977, por la que se renunciaba, entre otras cosas, a abrir investigaciones o a exigir responsabilidades contra "los delitos cometidos por los funcionarios p¨²blicos contra el ejercicio de los derechos de las personas". Hay quienes creen que ese pacto pol¨ªtico de olvido del pasado, sellado por las ¨¦lites procedentes del franquismo y las fuerzas de la oposici¨®n, marc¨® a la democracia espa?ola. En realidad, el miedo a las Fuerzas Armadas y el recuerdo traum¨¢tico de la guerra y de la represi¨®n condicionaban el discurso p¨²blico y la cultura -o incultura- pol¨ªtica de millones de ciudadanos. El escenario estaba dominado entonces por la crisis econ¨®mica, los conflictos sociales, el terrorismo de ETA y de la ultraderecha, y la amenaza de involuci¨®n militar. Ese proceso democratizador se bas¨® en la transacci¨®n y negociaci¨®n de las ¨¦lites pol¨ªticas con partidos, a izquierda y derecha, de estructuras r¨ªgidas y listas cerradas que no estimulaban la afiliaci¨®n ni la participaci¨®n de la sociedad civil. La mayor¨ªa de la gente acept¨® que eso fuera as¨ª y las voces disidentes no pudieron, porque tampoco contaban con recursos disponibles, avanzar por otros caminos.
La consolidaci¨®n de la democracia a partir del triunfo socialista en las elecciones de octubre de 1982 trajo enormes beneficios a la sociedad espa?ola, con el desarrollo del modelo auton¨®mico, la extensi¨®n del Estado del Bienestar -con pol¨ªticas fiscales de redistribuci¨®n de la riqueza-, la integraci¨®n de Espa?a en las instituciones europeas y la supremac¨ªa del poder civil sobre el militar. El militarismo pas¨® a la historia y, pese a la existencia de ETA, un legado de la dictadura que la democracia no ha podido destruir, la violencia ya no es entre nosotros un veh¨ªculo de la acci¨®n pol¨ªtica.
Pero pronto pudo comprobarse tambi¨¦n que la democratizaci¨®n y modernizaci¨®n espa?ola iba acompa?ada de altas dosis de pr¨¢cticas corruptas, de especulaci¨®n y fraude, de negocios privados a costa del gasto p¨²blico, a los que no quisieron poner freno ni los gobiernos ni los partidos pol¨ªticos. Partidos, por otro lado, rodeados de amigos, de personas fieles, que defienden al jefe y a sus propios intereses y que rara vez suelen dise?ar un plan de decisiones coherentes destinado a perdurar.
La evoluci¨®n pol¨ªtica, social, econ¨®mica y cultural de las ¨²ltimas tres d¨¦cadas constituye el mayor periodo de estabilidad y libertad de la historia contempor¨¢nea de Espa?a. Poco o nada queda ya de la visi¨®n rom¨¢ntica y aventurera de los viajeros extranjeros que, hasta hace muy poco, tan s¨®lo unas d¨¦cadas, ve¨ªan a Espa?a como un territorio preindustrial alejado de Europa, a caballo entre la tradici¨®n de algunas regiones y la modernidad de otras, obstinado en su atraso e incapaz de superar su traum¨¢tica historia. Un territorio, como todav¨ªa lo describ¨ªa Gerald Brenan a mediados del siglo XX, "enigm¨¢tico y desconcertante".
Parad¨®jicamente, cuando m¨¢s asentada parec¨ªa la democracia, despu¨¦s de dejar atr¨¢s las partes m¨¢s funestas del legado autoritario del franquismo, nuevas coacciones y amenazas nos hacen dudar de nuestro modelo pol¨ªtico. Algunos poderes f¨¢cticos impiden mirar e investigar libremente nuestro pasado violento y, con ello, la reparaci¨®n pol¨ªtica, jur¨ªdica y moral de las v¨ªctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Y muchos pol¨ªticos, adem¨¢s de no hacer nada frente a eso, muestran una actitud c¨ªnica ante la corrupci¨®n que les salpica, ufanos de la tutela tan segura que ejercen sobre su electorado. Los ciudadanos estamos muy distantes de los lugares de decisi¨®n pol¨ªtica y los partidos pol¨ªticos concentran el poder de forma excesiva en sus l¨ªderes y amigos m¨¢s allegados. Nadie parece estar dispuesto a emprender cambios y reformas que mejoren la calidad de nuestra democracia, sit¨²en a las instituciones democr¨¢ticas por encima de los intereses corporativos y partidistas y refuercen a la sociedad civil. As¨ª est¨¢ el patio.
Juli¨¢n Casanova es catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea en la Universidad de Zaragoza, autor, junto con Carlos Gil Andr¨¦s, de Historia de Espa?a en el siglo XX (Ariel).
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