Un Estatuto perverso

?Qu¨¦ diferencia hay entre una oficina de la Agencia Tributaria andaluza y su hom¨®loga catalana? ?Qu¨¦ distingue las relaciones de bilateralidad Estado-comunidad que propone el Estatuto de Baleares de las que apunta el de Catalu?a? ?C¨®mo juzgar las similitudes entre el Estatuto valenciano y el catal¨¢n sobre las competencias en materia de justicia? ?C¨®mo valorar el incre¨ªble parecido del cap¨ªtulo de derechos y deberes del texto auton¨®mico andaluz y el del catal¨¢n? ?C¨®mo analizar que la abogac¨ªa del Estado encuentre 40 art¨ªculos del Estatuto catal¨¢n -30 de ellos recurridos ante el Constitucional- id¨¦nticos a otros tantos del andaluz no recurridos? La respuesta a todas estas preguntas es s¨®lo una: un Estatuto -el catal¨¢n- est¨¢ recurrido por el Partido Popular y los otros, en cuya elaboraci¨®n ha participado el PP, no. La ¨²nica explicaci¨®n debe de ser que el Estatuto catal¨¢n es intr¨ªnsecamente perverso, a juicio de los populares.

El magistrado Arag¨®n puede estar satisfecho. Como dijo el presidente Montilla, el Estatuto lleva 1.346 d¨ªas en vigor y "no ha roto Espa?a"

El PP ha llevado su pol¨ªtica de doble rasero a extremos ins¨®litos. De hecho, est¨¢ manteniendo a tres magistrados del Constitucional tres a?os m¨¢s all¨¢ del vencimiento de su mandato, que conclu¨ªa en 2007. Ha recusado a un miembro del alto tribunal -Pablo P¨¦rez Tremps, del sector progresista- por haber colaborado en un informe, en ¨¦poca de CiU, que pudo tener incidencia en la elaboraci¨®n del texto estatutario. En la pr¨¢ctica, la t¨¢ctica de algunos magistrados del sector conservador se ha asemejado a la de los hetairoi, la ¨¢gil caballer¨ªa maced¨®nica, a la espera de asestar el golpe de gracia cuando la falange de Filipo -el PP- hubiera acorralado al enemigo. Es dif¨ªcil hallar otra explicaci¨®n. De otra manera no se comprender¨ªa la tenaz oposici¨®n a considerar el recurso de la Abogac¨ªa del Estado, que advert¨ªa que algunos art¨ªculos recurridos del Estatuto catal¨¢n eran id¨¦nticos a otros no recurridos del andaluz. El anticatalanismo se enmascara. A veces se disfraza de constitucionalismo.

Otro ejemplo: el PP present¨® en 2006 m¨¢s de cuatro millones de firmas para pedir un refer¨¦ndum con la pregunta "?considera conveniente que Espa?a siga siendo una ¨²nica naci¨®n en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, as¨ª como en el acceso a las prestaciones p¨²blicas?". La referencia era, l¨®gicamente, al Estatuto catal¨¢n. Finalmente no hubo tal consulta, pero la campa?a de agitaci¨®n realizada en buena parte de Espa?a ahond¨® en un gran sentimiento de desconfianza respecto a la imagen poco menos que exc¨¦ntrica de los ciudadanos que viven en Catalu?a.

Al pecado por acci¨®n del PP hay que a?adir el de omisi¨®n del PSOE. Los socialistas espa?oles no han hecho sus deberes de relevar a los magistrados -en este caso la presidenta del TC, Mar¨ªa Emilia Casas- que ya agotaron su mandato en 2007. El dictamen progresista derrotado el viernes, realizado por Elisa P¨¦rez Vera, pasaba a fondo el cepillo por el texto estatutario (14 art¨ªculos fuera y 20 retoques), m¨¢s all¨¢ incluso del lustre constitucional que tanto se jactaba de haberle dado Alfonso Guerra durante su tramitaci¨®n en las Cortes. El federalismo del que hac¨ªa gala Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero al llegar al poder ha quedado tocado. El proyecto estatutario catal¨¢n, que ha actuado como buque rompehielos de la segunda reforma auton¨®mica espa?ola, no ha contado con el aliento y la comprensi¨®n de la izquierda hegem¨®nica, quiz¨¢ por sus inicios convulsos. El PP ha llevado claramente la delantera pol¨ªtica en un proceso en el que el PSOE ha sido arrastrado por la corriente. El corolario digno de toda esta historia es la desafecci¨®n que genera la inseguridad jur¨ªdica de estar cuatro a?os con una sentencia pendiente sobre una ley org¨¢nica que debe regir buena parte de los destinos de los catalanes.

El magistrado (progresista) Manuel Arag¨®n, que el viernes vot¨® con la mayor¨ªa conservadora, puede darse por satisfecho por la fuerza de los hechos. Su rechazada aportaci¨®n al texto, "la indisoluble unidad de la naci¨®n espa?ola", es una realidad. Como dijo tras conocer el quinto fracaso del Constitucional el presidente Jos¨¦ Montilla, el Estatuto lleva 1.346 d¨ªas en vigor "y no ha roto Espa?a". El Parlament ha aprobado 40 leyes que cuelgan del impugnad¨ªsimo texto. Las competencias previstas se han ido traspasando. No se han instalado fronteras en el Ebro y se puede circular libremente, sin salvoconducto, por todo el territorio. En estos cuatro a?os no ha habido plagas b¨ªblicas y, por supuesto, no ha sido necesario construir un templo expiatorio para el perd¨®n de los pecados de una ciudadan¨ªa que refrend¨® un texto creyendo, err¨®neamente, que era constitucional.