La condena del general Bignone cierra otra p¨¢gina de la infamia argentina
Son ya 68 los sentenciados por cr¨ªmenes cometidos durante la dictadura militar
El general Reynaldo Benito Bignone fue el ¨²ltimo presidente de la dictadura militar argentina, pero antes de que sus conmilitones le cedieran ese incierto honor, hizo m¨¦ritos m¨¢s que sobrados para pasar a la historia de la infamia: fue el responsable de uno de los m¨¢s crueles chupaderos del Ej¨¦rcito argentino, el centro clandestino de detenci¨®n de Campo de Mayo, actuaci¨®n que le vali¨® el pasado martes una condena a 25 a?os de prisi¨®n, que deber¨¢ cumplir en una c¨¢rcel com¨²n.
Bignone es una de las 68 personas, en su mayor¨ªa militares y polic¨ªas, que han sido condenados en Argentina por secuestros y torturas cometidos durante la dictadura militar (1976-1983) y en virtud de las leyes que derogaron la detestada norma de la Obediencia Debida.
Los cientos de personas que atestaban el Tribunal Oral Federal de San Mart¨ªn para escuchar la sentencia lanzaron v¨ªtores y exhibieron fotos de familiares desaparecidos. Agradecieron el hecho de que los tres jueces revocaran la prisi¨®n domiciliaria de Bignone y ordenaran su inmediato traslado a una c¨¢rcel. Algunas pancartas mostraban a j¨®venes casi adolescentes, cuyos cuerpos nunca aparecieron o fueron encontrados, arrojados al R¨ªo de la Plata y torturados. El juicio trataba de 59 casos, pero se estima que por Campo de Mayo pasaron hasta 5.000 detenidos clandestinos.
El general, elegantemente vestido con chaqueta de tweed, pantal¨®n claro y un gran sello de oro en la mano izquierda, esper¨® la lectura de la sentencia en una salita separada, junto con otros cinco militares condenados, tomando unos mates, y muy tranquilo.
Tiene 82 a?os y sigue siendo arrogante y soberbio. En su alegato final dej¨® claro que no se arrepiente: incluso acept¨® que "podr¨ªa haber unos 8.000 desaparecidos" (en lugar de los 30.000 acreditados por organizaciones de derechos humanos), algo perfectamente justificado, seg¨²n ¨¦l, en una "guerra" como la que protagonizaron. Para el imp¨¢vido general, eran enemigos "ni demasiado j¨®venes ni demasiado idealistas".
A su lado, el general Fernando Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo, condenado en otro caso por haber mandado torturar al hijo de un militante comunista, un infortunado muchacho de 13 a?os llamado Floreal Avellaneda, cuyo cuerpo apareci¨® en una playa uruguaya. Cuando abandonaron su salita, camino de la prisi¨®n en la que, de momento, cumplir¨¢n su condena, los dos militares fueron cubiertos con escudos de la polic¨ªa, protegidos de los posibles escupitajos que lanzaban familiares de sus v¨ªctimas.
Los m¨¢s altos jefes militares, como el general Videla o el almirante Massera, fueron juzgados y condenados inmediatamente despu¨¦s de la llegada del radical Ra¨²l Alfons¨ªn a la presidencia de Argentina, en 1983. Fue entonces cuando se impuls¨® la principal investigaci¨®n sobre lo ocurrido, el llamado Informe Nunca Mas, de la Comisi¨®n Nacional sobre la Desaparici¨®n de Personas. Sin embargo, la posterior Ley de Obediencia Debida o de Punto de Final, de 1987, dej¨® fuera de la c¨¢rcel a centenares de torturadores y asesinos. En 2003 se anul¨® la ley y se reabrieron los procesos.
Seg¨²n datos del Centro de Estudios Legales y Sociales, cerca de 1.500 personas (miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, pero tambi¨¦n civiles, entre ellos jueces) han sido investigadas por delitos de lesa humanidad. De ellas, 650 han sido ya procesadas y est¨¢n a la espera de juicio (421 permanecen detenidas de manera preventiva y 228 est¨¢n en libertad). Unos 230 imputados fallecieron mientras eran investigados y 40 son pr¨®fugos, buscados por la polic¨ªa argentina e Interpol.
Entre los juicios pendientes m¨¢s conocidos est¨¢ la llamada causa ESMA, la terrible Escuela de Mec¨¢nica de la Armada, con 19 imputados; el del Primer Cuerpo del Ej¨¦rcito, que corresponde a cr¨ªmenes cometidos en 60 centros de detenci¨®n clandestina, y la relacionada con el llamado Plan C¨®ndor, que coordin¨® acciones represivas de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, entre otras. Personalidades relacionadas con la defensa de los derechos humanos han protestado por la lentitud con que se desarrollan los procesos, pero los jueces alegan que no disponen de medios para llevarlos a cabo con m¨¢s rapidez.
La extradici¨®n de Astiz
Un juez de Bah¨ªa Blanca deber¨¢ decidir ma?ana si acepta extraditar a Francia al ex capit¨¢n de la Armada Alfredo Astiz, acusado de haber ayudado a secuestrar, durante la dictadura militar, a dos monjas francesas, Alice Domon y Leonie Duquet, que murieron como consecuencia de las torturas a que fueron sometidas. Astiz est¨¢ tambi¨¦n reclamado por la justicia sueca por el secuestro de una adolescente, Dagmar Hagelin, que fue vista por ¨²ltima vez en la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada. Astiz se hizo famoso porque aprovech¨® su aspecto ani?ado para infiltrarse entre las Madres de Plaza de Mayo y se?alar a los activistas de grupos de defensa de los derechos humanos que deb¨ªan ser secuestrados.
La guerra de las Malvinas facilit¨® otra imagen de ¨¦l: la de un capit¨¢n que se rindi¨® al primer disparo de un proyectil enemigo. Reino Unido se neg¨® a extraditarle a Francia o a Suecia, por considerar que la Convenci¨®n de Ginebra le obligaba a devolverlo a Argentina, pero los dos pa¨ªses han continuado con sus esfuerzos legales para verlo condenado.
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