El Tribunal Superior da por bueno el plan urban¨ªstico de Brunete

El Gobierno que encabeza Esperanza Aguirre recurrir¨¢ en casaci¨®n una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que reconoce aprobado el plan de Brunete por silencio positivo. El Ayuntamiento de la localidad, del Partido Popular, hab¨ªa previsto construir 30.000 viviendas.

La objeci¨®n de la Comunidad de Madrid no se refiere a que el planeamiento salga adelante, pese a que echa por tierra su intenci¨®n de recortar las previsiones municipales de crecimiento de unas 90.000 personas m¨¢s en un municipio de tan s¨®lo 9.000 habitantes. El principal argumento en contra de esta decisi¨®n se refiere a los plazos con los que cuenta la Comunidad de Madrid para aprobar un Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU).

Hasta ahora, seg¨²n explic¨® ayer la propia presidenta regional, el Ejecutivo contaba con cuatro meses a partir de que se recib¨ªa la informaci¨®n del plan, una vez aprobado en el pleno municipal, para sacar adelante o no el PGOU. "Siempre se hab¨ªa entendido que al pedir informes

[al Ayuntamiento, para completar el expediente], se entend¨ªa interrumpido el plazo", explic¨® Aguirre sobre la decisi¨®n judicial. Ahora ya no.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia considera que en esos casos el plazo contin¨²a y, por eso, ha dado la raz¨®n a los promotores de Brunete, que reclamaron que al haber discurrido los cuatro meses se deb¨ªa aprobar este plan por silencio positivo.

La Comunidad de Madrid va a recurrir en casaci¨®n, porque quiere que el TSJ se pronuncie sobre cu¨¢l es la interpretaci¨®n correcta de este fallo. Si, como ha ocurrido con Brunete, no se entiende interrumpido el plazo cada vez que se piden informes, entonces el Gobierno regional contar¨¢ en la pr¨¢ctica con menos tiempo para tomar su decisi¨®n. "Este fallo obliga a la Comunidad de Madrid a decidir en cuanto recibe el expediente, que nunca est¨¢ completo, y siempre hay que pedir una ampliaci¨®n", explican fuentes jur¨ªdicas del Gobierno regional. "Eso no beneficia ni a la Comunidad de Madrid ni a los municipios".

"?Qu¨¦ va a ocurrir con este plan y con otros?", se preguntaba ayer Aguirre. "Es muy preocupante". En este caso queda tambi¨¦n, seg¨²n explic¨® la presidenta, el plan de Ciempozuelos, cuya tramitaci¨®n se vio manchada por las acusaciones de corrupci¨®n de sus alcaldes socialistas.

Las mismas fuentes jur¨ªdicas explicaron que a esos dos municipios no se les puede aplicar la nueva normativa regional de urbanismo. En 2007, tras las elecciones regionales, el PP modific¨® la Ley del Suelo para introducir la obligaci¨®n de que la Comunidad de Madrid emita un informe de impacto territorial sobre cada plan. ?ste evitar¨¢ en el futuro nuevos casos de silencio positivo, porque pasado el plazo antes mencionado, a¨²n sigue en manos del Gobierno regional la tramitaci¨®n del PGOU.