La crisis y el "gasto social"
El concepto de ciudadan¨ªa est¨¢ ¨ªntimamente ligado al concepto de Estado de bienestar. Aceptamos que todas las personas de una colectividad tienen el mismo derecho a unos determinados niveles de bienestar. Al mismo tiempo, asumimos la responsabilidad del Estado en el logro del bienestar de la ciudadan¨ªa. Seguramente esta construcci¨®n conceptual es la mayor aproximaci¨®n que la humanidad ha realizado a una sociedad m¨¢s justa y, al mismo tiempo, una de las mayores aportaciones que ha hecho la civilizaci¨®n europea al mundo.
En nuestro pa¨ªs, con la aprobaci¨®n de la Ley de Dependencia a finales del 2006, se produce un cambio sustancial en el sistema de protecci¨®n social: se inicia el proceso de construcci¨®n de un cuarto sistema de protecci¨®n a a?adir a los grandes sistemas ya existentes (sanidad, educaci¨®n y pensiones). Aunque en su arranque comprende esencialmente la protecci¨®n en la situaci¨®n de dependencia, su meta final es el reconocimiento del derecho a la protecci¨®n por los servicios sociales.
El envejecimiento de la poblaci¨®n y el cambio en el modelo familiar han hecho que las tareas de cuidado a las situaciones de falta de autonom¨ªa hayan salido del ¨¢mbito privado de la familia (de las mujeres) y hoy constituyan una necesidad social de primer orden que exige una respuesta por parte de las administraciones p¨²blicas.
Sin embargo, los servicios sociales, y de manera especial la atenci¨®n a las situaciones de dependencia, son vistos como una pol¨ªtica de gasto; seguramente esta perspectiva tiene mucho que ver con un desarrollo hist¨®rico ligado a la caridad y la beneficencia, y no al derecho de ciudadan¨ªa.
En un contexto de envejecimiento progresivo de la poblaci¨®n espa?ola y de una demanda creciente de cuidados, cabe plantearse si el reconocimiento de un derecho de atenci¨®n universal pudiera suponer una carga insostenible para los presupuestos p¨²blicos a largo plazo. Justamente por ello, la introducci¨®n de este nuevo pilar se realiz¨® con una perspectiva de sostenibilidad: el copago de los servicios y un dise?o destinado a generar empleos directos y a liberar a los familiares para que se reincorporaran a la actividad profesional.
Considero que los servicios sociales, y la atenci¨®n a la dependencia de manera singular, constituyen en la actualidad una de las bolsas de empleo m¨¢s s¨®lidas y estables. Sirvan unos ejemplos. El desarrollo de los servicios de apoyo en el domicilio requiere la formaci¨®n de un elevado n¨²mero de nuevos profesionales, y supone un importante foco de creaci¨®n de empleo. Por cada tres nuevas personas en situaci¨®n de dependencia atendidas en el domicilio se genera un puesto de trabajo directo.
El desarrollo de la red de centros de atenci¨®n conlleva movilizar a la construcci¨®n para crear infraestructuras, con la consiguiente generaci¨®n de empleo. Y supone un potent¨ªsimo nicho de empleo en el funcionamiento de los centros. Un empleo fijo, no deslocalizable y de larga duraci¨®n capaz de incorporar al mundo laboral a miles de personas cuidadoras familiares de dif¨ªcil empleabilidad. Puede estimarse que se crea un puesto de trabajo directo por cada dos plazas de atenci¨®n.
El desarrollo de servicios de prevenci¨®n y promoci¨®n de la autonom¨ªa, mediante ayudas a la adaptaci¨®n de viviendas, ayudas t¨¦cnicas, etc¨¦tera, conlleva tambi¨¦n una importante actividad econ¨®mica. A lo que habr¨ªa que a?adir los retornos en t¨¦rminos de IVA, IRPF, ahorro en prestaciones sociales, etc¨¦tera, aspectos que se olvidan cuando se habla de pol¨ªticas de "gasto", pero de enorme relevancia.
Si se tiene en cuenta que en 2015 habr¨¢ que atender a 2,5 millones de personas, el potencial econ¨®mico es m¨¢s que notable.
Las pol¨ªticas sociales de un Estado moderno tienen enormes retornos econ¨®micos y sociales, y no pueden verse como pol¨ªticas de "gasto". Un gobierno inteligente y responsable debe ser consciente de que el Estado de bienestar no es el problema, sino que m¨¢s bien es la soluci¨®n.
Dolores Gorostiaga es vicepresidenta del Gobierno de Cantabria.
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