El tribunal activa la investigaci¨®n a la c¨²pula del PP valenciano por la G¨¹rtel
La confirmaci¨®n de indicios de delito obligar¨ªa a remitir la causa a Valencia
El juez Antonio Pedreira, que instruye desde hace un a?o el caso G¨¹rtel, ha activado la investigaci¨®n a la c¨²pula del Partido Popular de Valencia, que preside Francisco Camps. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid analiza la supuesta financiaci¨®n ilegal de este partido a trav¨¦s de contratos de la administraci¨®n auton¨®mica y Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, que dirig¨ªa ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, amigo ¨ªntimo del presidente regional a tenor de las conversaciones telef¨®nicas que manten¨ªan.
La Agencia Tributaria ha recibido el encargo del juez de elaborar un informe sobre esta presunta financiaci¨®n ilegal, analizando adem¨¢s a todas las empresas que hubieran participado en la trama.
Un informe policial detalla c¨®mo varias empresas pagaron actos del partido
Un informe policial de julio de 2009, basado en documentos hallados en la sede de Orange Market y en escuchas telef¨®nicas a miembros de la trama, sostiene que, bajo el mando de Camps, el PP valenciano se ha financiado ilegalmente a trav¨¦s de la empresa de ?lvaro P¨¦rez y de al menos cinco compa?¨ªas, constructoras y de servicios que obtuvieron contratos de la Generalitat valenciana.
Camps lleg¨® al poder en mayo de 2003 y asumi¨® la presidencia del PP valenciano en 2004. La trama de corrupci¨®n m¨¢s extensa conocida en democracia, ligada a gobiernos del PP, salpica a numerosos cargos de la c¨²pula valenciana de este partido. El sumario judicial arroja luz sobre las maniobras de la trama para hacer negocios con la connivencia y ayuda de los principales colaboradores del presidente Francisco Camps, e incluso del propio jefe del Ejecutivo.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechaz¨® abrir una causa por supuesta financiaci¨®n ilegal relacionada con la trama G¨¹rtel, aduciendo que el caso ya estaba siendo investigado en Madrid. Los socialistas valencianos presentaron una querella basada en las conclusiones del informe policial, que apuntaba pagos no declarados a Hacienda por valor de 6,3 millones de euros; la colaboraci¨®n de cinco empresas valencianas en la financiaci¨®n de actos del PP; y ama?os de Orange Market para cuadrar sus cuentas.
En ese informe se recog¨ªan tambi¨¦n las conversaciones mantenidas por los jefes de la trama corrupta con dirigentes del PP y del Gobierno valenciano sobre el cobro de deudas, algunos incluso en dinero negro.
Pese a todas estas evidencias, el PP ha evitado tomar medidas contra los implicados, escud¨¢ndose en que ning¨²n tribunal ha dictado a¨²n auto de imputaci¨®n contra los dirigentes que aparecen citados en el informe policial. Si el juez Pedreira confirmase los indicios de delito existentes en el sumario contra los dirigentes valencianos, deber¨ªa remitir esa parte de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia por tratarse de cargos p¨²blicos aforados.
En la ¨²ltima parte del sumario hecha p¨²blica por el juez aparecen varios dirigentes valencianos salpicados por la investigaci¨®n:
- Milagrosa Mart¨ªnez. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha redactado un escrito en el que sostiene que la presidenta de las Cortes valencianas -que antes fue consejera de Turismo- cometi¨® un presunto delito de cohecho al aceptar al menos un reloj de lujo valorado en 2.400 euros de manos de un empresario, ?lvaro P¨¦rez, al que su departamento adjudicaba sistem¨¢ticamente el montaje y desmontaje del pabell¨®n auton¨®mico en la feria de turismo Fitur, am¨¦n de muchos contratos complementarios otorgados a dedo. Anticorrupci¨®n no solicit¨® sin embargo su imputaci¨®n porque el delito ya hab¨ªa prescrito.
- Vicente Rambla. El vicepresidente auton¨®mico aparece en conversaciones con El Bigotes representando un papel de c¨®mplice en la gestaci¨®n de un negocio para la trama corrupta: organizar la gala de los premios Grammy en la Comunidad Valenciana. Adem¨¢s, su mujer habla con El Bigotes sobre un regalo muy especial que ¨¦ste le hizo.
- Carlos Vargas. Seg¨²n las conversaciones interceptadas, el director de la Feria de Valencia ayud¨® a El Bigotes a cerrar distintos negocios, y adjudic¨® a su empresa 1,43 millones de euros en contratos s¨®lo en 2008.
- Francisco Camps y Ricardo Costa. El presidente y el n¨²mero dos del PP valenciano eran amigos ¨ªntimos de El Bigotes. En las conversaciones entre ellos se mencionan m¨²ltiples agasajos de la trama a ambos dirigentes.
M¨¢s pruebas de cohecho impropio
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia decidi¨® archivar -por dos votos a uno- la causa contra Francisco Camps, al entender que los regalos recibidos de la trama G¨¹rtel -varias prendas de ropa, en el curso de al menos dos a?os- no estuvieron relacionados con su cargo al frente del Gobierno valenciano, administraci¨®n que adjudic¨® decenas de contratos a dedo a la trama.
As¨ª lo motivaron los dos magistrados: "En consecuencia, dada la ausencia del requisito de la necesaria relaci¨®n de causalidad, que es de insistir es un requisito estructural del tipo penal, procede la estimaci¨®n parcial de los recursos interpuestos, en el sentido de considerar que los hechos imputados no son constitutivos del delito imputado de cohecho pasivo impropio del art¨ªculo 426 del C¨®digo Penal, y todo ello respecto de todos los recurrentes imputados, ya que, adem¨¢s del Sr. Costa, ya excluido anteriormente de la aplicaci¨®n del tipo, los restantes no ten¨ªan por objeto de su cargo o funci¨®n, conforme a lo anteriormente manifestado, ninguna relaci¨®n o competencia respecto de la adjudicaci¨®n de contratos ofertados por la sociedad Orange Market, S. L., no constando tampoco actuaci¨®n alguna favorecedora de la misma, ni, en todo caso, que tales obsequios lo fueran por agradecimiento".
En el sumario del caso G¨¹rtel se incluyen conversaciones de ?lvaro P¨¦rez, presidente de esa sociedad, que acreditan que sus agasajos a gobernantes valencianos y a sus esposas -gast¨® decenas de miles de euros en regalos- ten¨ªan como ¨²nico objeto ganarse su confianza para lograr as¨ª contratos de la Administraci¨®n valenciana.
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