El alguacil alguacilado

Los espectadores que aspiran a seguir las peripecias de las tres causas por prevaricaci¨®n abiertas en el Supremo -pese a la oposici¨®n de la fiscal¨ªa- contra el titular del Juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional no ganan para sustos. Las ¨²ltimas novedades sobre la primera de las tres querellas (las dos restantes contin¨²an su marcha a velocidad de crucero) son la expulsi¨®n de Falange Espa?ola de las JONS como acusaci¨®n p¨²blica y la nulidad de actuaciones del proceso y la recusaci¨®n del instructor Luciano Varela planteadas por Garz¨®n ante la Sala del Supremo.

La admisi¨®n a tr¨¢mite de las tres querellas caus¨® perplejidad entre cualificados expertos que no encuentran indicios claros, relevantes y plausibles capaces de sustentar la temeraria conjetura de que Garz¨®n pudiera haber dictado a sabiendas decisiones injustas durante la instrucci¨®n de tales causas. El pol¨¦mico juez de la Audiencia Nacional tiene las mismas probabilidades de equivocarse que sus colegas; y aunque su gusto por el estrellato resulte a veces estridente, los egos revueltos de la vida literaria descritos por Juan Cruz en su reciente libro galardonado con el Premio Comillas tambi¨¦n son plato habitual en la mesa de la magistratura, tal y como el magistrado Varela se encarga de demostrar.

El redicho juez actu¨® como apoderado de las formaciones ultras que ejercen la acci¨®n popular

En cualquier caso, no es lo mismo una err¨®nea apreciaci¨®n de los hechos o una desviada interpretaci¨®n de las normas, corregibles mediante recursos a instancias superiores, que una prevaricaci¨®n. Scott Fitzgerald ide¨® en The Crack-up una prueba para detectar la inteligencia de primera clase: la capacidad de mantener a la vez dos ideas opuestas en la cabeza y seguir funcionando. Garz¨®n pudo equivocarse en las resoluciones del sumario sobre los cr¨ªmenes de la Guerra Civil pero no cometi¨® un delito de prevaricaci¨®n; conclusi¨®n que tambi¨¦n puede predicarse de las dos querellas posteriores relacionadas con el banco Santander y la trama G¨¹rtel.

Los argumentos utilizados por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y la mayor¨ªa de la Sala de lo Penal, presidida por Javier G¨®mez Berm¨²dez, para negar la competencia de Garz¨®n sobre los desaparecidos en la retaguardia de la zona sublevada (un anacronismo de origen argentino que sustituye al t¨¦rmino espa?ol paseados) echaron por tierra sus fr¨¢giles tesis construidas sobre confusas doctrinas sobre Derecho Internacional e interpretaciones err¨®neas del principio de legalidad penal, la irretroactividad de las normas desfavorables y la prescripci¨®n de los delitos. Pero mal podr¨ªan atribuirse esas resoluciones a favor de las v¨ªctimas de la represi¨®n franquista, emocionalmente agradecidas por sus descendientes, a una voluntad prevaricadora: tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y varios jueces llamados a ocuparse de las exhumaciones comparten id¨¦nticas tesis sin que nadie haya presentado querellas contra ellos.

Por lo dem¨¢s, el instructor Varela, cuyo estilo leguleyo parece salido de la pluma de ganso de un alguacil quevedesco con la puntita de la lengua ros¨¢cea asomando en la comisura de la boca, tambi¨¦n ha metido la pata hasta el corvej¨®n sin que nadie le haya imputado todav¨ªa un delito de prevaricaci¨®n. El redicho magistrado actu¨® la semana pasada como apoderado de las formaciones de ultraderecha que ejerc¨ªan la acci¨®n popular contra Garz¨®n, aconsej¨¢ndoles que modificaran sus escritos acusatorios para salvarlos de la invalidaci¨®n. El ensuciado pseudosindicato Manos Limpias sigui¨® obedientemente sus instrucciones (suprimi¨® los dos tercios de su primera acusaci¨®n) pero Falange Espa?ola no cumpli¨® los plazos y qued¨® expulsada de la causa -medida contra la que han recurrido- por su contrariado asesor.

No ha sido el ¨²nico desatino del alguacil alguacilado: el sabihondo magistrado tambi¨¦n ha mudado caprichosamente de opini¨®n acerca de la capacidad de la acci¨®n popular para poner en marcha los procedimientos abreviados cuando la fiscal¨ªa y la acusaci¨®n privada desisten de hacerlo. Varela vot¨® contra la sentencia 54/2008 del Supremo sobre el caso Atutxa por entender que esa posibilidad era fraudulenta; ahora, en cambio, el magistrado hace de mamporrero para que la ultraderecha utilice la acci¨®n popular y la v¨ªa judicial con el fin de perseguir objetivos ajenos al Estado de derecho y a la divisi¨®n de poderes.