Renovar o resolver

Durante los ¨²ltimos meses exist¨ªa un consenso t¨¢cito sobre la prioridad de resolver de una vez el recurso sobre el Estatuto catal¨¢n, lo que hac¨ªa pasar a segundo plano el problema de la renovaci¨®n del tribunal encargado de hacerlo. Se consideraba que lo peor era mantener la irregularidad de un Estatuto en desarrollo sin estar convalidado, lo que podr¨ªa obligar en su momento a derogar o modificar normas en vigor desde hace tiempo. No es que se ignorara la otra anomal¨ªa, la de un tribunal con cuatro de sus diez magistrados con el mandato vencido; pero se consideraba prioritario lo otro: que hubiera pronunciamiento.

Tras el quinto intento frustrado de lograrlo, y con un tribunal que, de seguir as¨ª las cosas, tendr¨ªa a partir de noviembre a otros cuatro magistrados en situaci¨®n de pr¨®rroga (en total, 8 sobre 10), era l¨®gico que esa prioridad fuera cuestionada: no tiene sentido prolongar la situaci¨®n de un ¨®rgano cuya legitimaci¨®n para pronunciarse sobre un tema no de tr¨¢mite mengua cada d¨ªa que pasa sin resolver ni renovarse.

Si hubiera una sentencia en breve ?cu¨¢l ser¨ªa la actitud de Zapatero? ?Y cu¨¢l la de Montilla?

Esa renovaci¨®n est¨¢ en punto muerto desde octubre de 2008: el PP retorci¨® entonces la nueva normativa, que atribu¨ªa a las comunidades aut¨®nomas la facultad de proponer candidatos, votando en todos los parlamentos a los mismos dos ¨²nicos candidatos, Francisco Hernando y Enrique L¨®pez. Los socialistas consideraron "inasumibles" a ambos candidatos por su acentuado perfil pol¨ªtico y su beligerancia antisocialista.

Era un mal argumento, con uno bueno dentro: no es el marcado sesgo ideol¨®gico lo que les hace inaceptables, sino el hecho de que ambos formaran parte del sector del Consejo del Poder Judicial que hab¨ªa decidido impulsar, sin que ninguna instituci¨®n se lo solicitara, un dictamen muy cr¨ªtico sobre el Estatut, lo que los hac¨ªa claramente recusables para participar en las deliberaciones sobre el principal asunto que ten¨ªa el Constitucional sobre la mesa. As¨ª lo manifest¨® entonces de manera inequ¨ªvoca otro ex miembro del Consejo, Jos¨¦ Luis Requero, tambi¨¦n nombrado a propuesta del PP, que se mostr¨® "pasmado" por la propuesta (La Raz¨®n, 30-9-2008).

Ser¨ªa absurdo que los socialistas votaran a esos dos candidatos y a continuaci¨®n los recusaran. Si hubieran sido m¨¢s c¨ªnicos, lo habr¨ªan hecho, pero no quer¨ªan desatar otra guerra de recusaciones (hab¨ªa un candidato propuesto por los socialistas en Andaluc¨ªa que tambi¨¦n hab¨ªa sido vocal del Consejo). Los populares, por su parte, argumentaron que el pacto Zapatero-Rajoy exclu¨ªa expresamente los vetos de candidatos. Pero es evidente que el PP hab¨ªa actuado de mala fe, tergiversando el sentido de la reforma de la ley, que aspiraba a favorecer la presencia en el tribunal de sensibilidades con un perfil m¨¢s autonomista.

En la situaci¨®n actual, si la prioridad a cualquier precio fuera la renovaci¨®n, el PSOE no podr¨ªa mantener ese veto. Pero no est¨¢ claro que lo sea para Zapatero, pese al intento de Montilla de ponerle ante hechos consumados con la declaraci¨®n pactada con CiU que se vota hoy. Seguramente Zapatero teme que un cambio en la composici¨®n del tribunal retrase a¨²n m¨¢s la sentencia (cuestionando el consenso pese a todo establecido sobre la constitucionalidad de la mayor¨ªa del articulado y la delimitaci¨®n de los art¨ªculos cuestionados).

La m¨¢s llamativa reacci¨®n frente a estas dudas de Zapatero ha sido la de quienes le emplazan a tomar cartas en el asunto, casi siempre tras recordarle que el magistrado Manuel Arag¨®n, que es quien ha roto la simetr¨ªa progresistas/conservadores en el Constitucional, fue elegido a propuesta del Gobierno. Con lo que quienes llevaban a?os criticando, con raz¨®n, esa simetr¨ªa casi militar, y pidiendo a los miembros del tribunal que prescindieran del origen de su nombramiento y actuasen con independencia y criterio jur¨ªdico, parecen incitar ahora al poder ejecutivo a imponer la disciplina entre los magistrados.

Con la paradoja a?adida de que Arag¨®n es precisamente el ¨²nico catedr¨¢tico de Derecho Constitucional que queda entre los 10 que deciden, tras la recusaci¨®n, a instancias del PP, del otro que tambi¨¦n lo es, Pablo P¨¦rez Tremps. En el Diccionario del Sistema Pol¨ªtico Espa?ol, coordinado por Juan G. Encinar y publicado por Akal en 1984, P¨¦rez Tremps se ocupaba del t¨¦rmino Tribunal Constitucional, y Arag¨®n de Constitucionalismo. La desconfianza hacia los especialistas por parte de los que s¨®lo lo son en consignas con rima ?es ya un rasgo del momento pol¨ªtico?

Queda una duda: ?qu¨¦ pasar¨ªa si en un plazo breve el tribunal aprueba la propuesta de resoluci¨®n que prepara el nuevo ponente? ?Mantendr¨ªa el Gobierno su prioridad en favor de una resoluci¨®n r¨¢pida por encima de la de renovaci¨®n del tribunal?