Catalu?a necesita 571.000 pisos sociales

Antes era por la vertiginosa escalada de los precios. Y ahora, por el paro y la actitud estricta de la banca. El acceso a la vivienda ha sido, y sigue siendo, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Catalu?a necesita tener 571.000 viviendas con alg¨²n tipo de protecci¨®n o ayuda p¨²blica, seg¨²n el proyecto del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSV) de la Generalitat. Cuando se apruebe el decreto, el Gobierno catal¨¢n deber¨¢ poner en marcha todas las medidas a su alcance para cubrir esas necesidades. Entre ellas, est¨¢ el alquiler forzoso de pisos, que la ley fija que se usar¨¢ siempre como ¨²ltimo recurso y cuya definici¨®n llega en un momento inoportuno por el ingente stock de pisos sin vender que hay en el mercado.

El Ayuntamiento de Barcelona no tiene intenci¨®n de aplicar el alquiler forzoso

No todas las 571.000 viviendas con alg¨²n tipo de protecci¨®n o ayuda p¨²blica que se requieren responden a una necesidad inmediata. S¨ª una parte de ellas, pero otras corresponden a demandas ciudadanas que se ir¨¢n planteando con el tiempo, hasta 2017. El plan prev¨¦ que 200.000 j¨®venes -de los cuales 34.000 ser¨¢n de origen for¨¢neo- requerir¨¢n ayudas p¨²blicas para emanciparse. Y, adem¨¢s, a lo largo de los pr¨®ximos a?os, se crear¨¢n 240.000 hogares que depender¨¢n de las subvenciones.

La Generalitat, adem¨¢s, deber¨¢ procurar por el alojamiento de 40.000 personas mayores y deber¨¢ atender a 65.000 ciudadanos que est¨¢n en riesgo de exclusi¨®n social, la mayor¨ªa de los cuales son inmigrantes. Lo m¨¢s urgente, de acuerdo con el plan, ser¨¢ atender a cerca de 6.000 sin techo y 20.000 personas que residen en una vivienda inadecuada.

Para cubrir este desaf¨ªo, la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, explica que el plan ha valorado "el acceso a la vivienda, a partir de la renta de los ciudadanos y los precios de los pisos, los edificios que hay que rehabilitar y la existencia de infraviviendas".

Las necesidades de vivienda no han cambiado, pero el contexto s¨ª. Cuando se aprob¨® la Ley del Derecho a la Vivienda en 2007, el Gobierno hab¨ªa ideado un plan para hacer frente a una subida de los precios de los pisos -el 300% m¨¢s en una d¨¦cada-, que hab¨ªa dejado a miles de ciudadanos fuera del mercado libre, puesto que en ese periodo los sueldos hab¨ªan subido 10 veces menos que el precio de la vivienda. "Los pisos ahora son m¨¢s baratos, pero o bien no hay suficiente cr¨¦dito, o la situaci¨®n laboral de los ciudadanos ha empeorado y no pueden decidirse a comprar", sostiene Trilla.

Alcanzar las 571.000 viviendas subvencionadas en 10 a?os supone duplicar el parque de pisos sociales que, seg¨²n el plan, hoy tiene Catalu?a. Ahora hay 248.855 casas protegidas en toda la comunidad, de las cuales casi tres cuartas partes est¨¢n en la regi¨®n metropolitana de Barcelona. Trilla indica que las administraciones deber¨¢n emplear todos los instrumentos a su alcance, desde las ayudas para propietarios e inquilinos hasta la construcci¨®n de vivienda de protecci¨®n p¨²blica (VPP). Y es que desde que la ley de Urbanismo aument¨® las reservas para VPP en 2004, los nuevos desarrollos urban¨ªsticos han ido creando bolsas de suelo de vivienda p¨²blica, y hoy en toda Catalu?a hay terrenos para m¨¢s de 200.000 pisos sociales.

"El plan tiene poca incidencia urban¨ªstica, no se basa en nuevos desarrollos porque hay suelo de sobra para levantar vivienda social. Se trata de usar la pol¨ªtica de vivienda para mejorar el uso del parque de vivienda, potenciar las ayudas al alquiler y seguir con la pol¨ªtica de rehabilitaci¨®n", mantiene Trilla.

En este marco, la expropiaci¨®n del usufructo, el alquiler forzoso, se plantea como ¨²ltima opci¨®n. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona, la ciudad con m¨¢s necesidad de vivienda social, descarta aplicar esta medida. "No sabemos c¨®mo debe aplicarse y no tenemos ninguna intenci¨®n de usar esa medida porque la vivienda vac¨ªa no es significativa en la ciudad", sostiene el concejal de Vivienda del Consistorio, Antoni Sorolla. Barcelona es uno de los 432 municipios en los que la Administraci¨®n podr¨¢ ejercer el alquiler forzoso de pisos. La medida, aprobada en el Parlament en 2007, podr¨¢ aplicarse cuando la Generalitat haya detectado que un piso est¨¢ cerrado a cal y canto sin justificaci¨®n.La ley prev¨¦ que a partir de entonces -de la detecci¨®n de un piso cerrado a cal y canto- el Ejecutivo aut¨®nomo dar¨¢ dos a?os al propietario de la vivienda para sacarla al mercado de alquiler, si cabe con las ayudas necesarias para ello. En caso de que no lo haga, el Ejecutivo podr¨¢ forzar su arrendamiento por cinco a?os y a un precio convenido.

"Las organizaciones sociales vamos a exigir el cumplimiento de este art¨ªculo, porque es la f¨®rmula para garantizar la funci¨®n social de la propiedad privada. Y a pesar de que creemos que la medida se rebaj¨® hasta el punto de que la Generalitat pasa a ser pr¨¢cticamente un intermediario y de que el propio consejero ha dicho que aplicarlo ser¨¢ dificil¨ªsimo", advierte Ada Colau, del Observatorio de Derechos Sociales.

La medida del alquiler forzoso se podr¨¢ aplicar en las zonas con mayor demanda. Entre ellas, figuran la ciudad de Barcelona y su regi¨®n metropolitana, la conurbaci¨®n de Tarragona y Reus y algunas localidades de la costa gerundense, como Blanes, Lloret y Roses.

El mismo debate otra vez

El proyecto del plan, que deber¨¢ ser aprobado por el Ejecutivo catal¨¢n, ha reabierto un debate en Catalu?a que dur¨® cerca de dos a?os, justo hasta la aprobaci¨®n de la ley de Vivienda.

La patronal de las inmobiliarias, APCE, sigue rechaz¨¢ndola, puesto que no ve viable su aplicaci¨®n. Pero, adem¨¢s, el sector opina que llega en un mal momento, cuando el stock de pisos de obra nueva sin vender ha llegado a su tope. APCE estima que hay m¨¢s de 76.000 viviendas nuevas sin comprador, mientras que el Ministerio de Vivienda calcula incluso que hay el doble.

El catedr¨¢tico de Econom¨ªa Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra Jos¨¦ Garc¨ªa Montalvo coincide en que el plan "sale en un momento delicado", aunque considera que la medida "es una buena idea".

"Es un instrumento que est¨¢ bien tener. El problema reside en el hecho de que no se puede llevar a la pr¨¢ctica. El propietario puede decir que est¨¢ intentando vender o alquilar el piso, pero que no le resulta posible", recuerda.

Y es que el alquiler forzoso est¨¢ muy extendido en la legislaci¨®n sobre vivienda de la Uni¨®n Europea (UE). Reino Unido, Francia, B¨¦lgica y Dinamarca, por ejemplo, prev¨¦n esa posibilidad ante los problemas de alojamiento de sus ciudadanos. El problema es que, salvo Dinamarca, ninguno de esos Estados est¨¢ ejerciendo en la pr¨¢ctica esa potestad.