Industria impuls¨® en 2005 ampliar las ITV pese a las dudas de la concesi¨®n
El Tribunal de Cuentas advirti¨® de un "gasto significativo" por el litigio
El Departamento de Industria, entonces dirigido por la peneuvista Ana Aguirre, firm¨® en 2005 un acuerdo con las cuatro concesionarias de las ITV en Euskadi para impulsar cuatro estaciones m¨¢s (una para cada empresa) pese a las advertencias del Tribunal Vasco de Cuentas que, en 2002, se?alaba que pod¨ªan cambiarse los adjudicatarios, lo que supondr¨ªa "un gasto significativo para la Administraci¨®n". Adem¨¢s, Industria impuls¨® la ampliaci¨®n de las ITV cuando ya hab¨ªa una sentencia del Tribunal Superior de 2001 (ratificada en 2007 por el Supremo) sobre las anomal¨ªas en las concesiones ejecutadas en 1993.
Las adjudicaciones de estos servicios han motivado un largo litigio judicial que, finalmente, obliga a revisar las valoraciones realizadas. Como inform¨® ayer este diario, una de las cuatro adjudicatarias -la alemana T?V Rheinland, la ¨²nica que, bas¨¢ndose en las sentencias, se quedar¨ªa sin la adjudicaci¨®n- tiene como m¨¢ximo responsable de las ITV de Ir¨²n y Urnieta al t¨¦cnico de Industria que aval¨® su concesi¨®n en un informe. Javier Goldarazena es desde mayo de 2006 -cuando pas¨® directamente de su puesto de funcionario a la empresa- el jefe de ambas estaciones.
El PP exige una investigaci¨®n por el funcionario que trabaja en Rheinland
La ampliaci¨®n del servicio con cuatro estaciones m¨¢s -firmada en un preacuerdo en 2005, materializado en marzo de 2007- ha sido paralizada por el actual equipo de Industria. Sus responsables anunciaron, el pasado 19 de abril, en la comparecencia ante el Parlamento para explicar este litigio, que la ampliaci¨®n est¨¢ paralizada hasta que no se revisen las valoraciones realizadas en 1993. El Tribunal de Cuentas, en su informe sobre el Gobierno referido al ejercicio de 2000, incluy¨® las adjudicaciones de ITV en el cap¨ªtulo de contingencias. No cuantificaba su coste pero ya alertaba de que, tras la sentencia del Superior de 2001, obligar¨ªa al cambio de adjudicatarios. "El coste es dif¨ªcil de determinar al existir inversiones realizadas que se tendr¨ªan que traspasar a los nuevos adjudicatarios, el lucro cesante [de ¨¦stos] por los a?os que no han prestado el servicio y otros aspectos que podr¨ªan surgir".
La pol¨¦mica sobre las ITV provoc¨® ayer reacciones tras la informaci¨®n de EL PA?S. El PP fue el m¨¢s beligerante y en este sentido exigi¨® al Ejecutivo socialista "que abra una l¨ªnea de investigaci¨®n", dijo el parlamentario Ram¨®n G¨®mez. "Esto no puede ser as¨ª. Hay que indagar c¨®mo la persona que adjudica las ITV se va a trabajar a una de las empresas, m¨¢xime cuando hab¨ªa ya una sentencia judicial que cuestion¨® las adjudicaciones".
?scar Rodr¨ªguez (PSE), a su vez, asegur¨® que el Gobierno comparecer¨¢ m¨¢s veces para aclarar la pol¨¦mica de las ITV y que este caso concreto evidencia que el PNV "no puede dar lecciones de nada pero s¨ª puede darnos lecciones de colocar a los amigos". Luke Uribe-Etxebarria (PNV) valor¨® que "no es extraordinario" que un funcionario recale "13 a?os despu¨¦s en una empresa con la que ha tenido alguna relaci¨®n. Otra cosa es que fuera contratado a los dos a?os". Agreg¨® que establecer "alg¨²n tipo de sospecha no tiene sentido". Oxel Erostarbe, de Aralar, opin¨® que este asunto "habr¨ªa que aclararlo".
El Parlamento aprob¨® ayer por unanimidad una propuesta de Aralar sobre las dos ITV de Ir¨²n y Urnieta -en huelga desde hace cinco meses por un conflicto laboral- para que el Gobierno ejecute las sentencias, se realice "lo antes posible" la nueva adjudicaci¨®n sin afectar a los empleos y trabaje para solventar el paro.
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