La Xunta batalla para defender el reparto de farmacias ilegal de Fraga

Los servicios jur¨ªdicos de la Xunta perfilan estos d¨ªas los argumentos que presentar¨¢n ante el Tribunal Supremo (TS) para defender el concurso p¨²blico que adjudic¨® la explotaci¨®n de 87 nuevas oficinas de farmacia en Galicia y que el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) anul¨® por los vicios de su baremaci¨®n. El asunto viene de la Xunta de Fraga, que aprob¨® estando en funciones el pol¨¦mico concurso, al que concurrieron m¨¢s de 1.000 candidatos.

El negocio es millonario, como millonarias ser¨¢n las indemnizaciones que tendr¨¢ que afrontar la Administraci¨®n gallega si el Supremo confirma la sentencia, de noviembre pasado, del TSXG. La propia jurisprudencia del Supremo -con el caso an¨¢logo de Canarias- refuerza el pron¨®stico de que la Xunta tendr¨¢ que indemnizar mucho m¨¢s de lo que le hubiera correspondido aceptando el fallo del alto tribunal gallego.

La ex cargo de Sanidade ya ha vendido su botica por 1,2 millones

Si el Gobierno pierde, deber¨¢ pagar indemnizaciones millonarias

Las oficinas de farmacia son buen negocio, entre otros motivos por la exclusividad territorial o poblacional que les reconoce la ley. Galicia arrastra un d¨¦ficit importante y ostensible desde hace d¨¦cadas por la propia resistencia del sector, que naturalmente prefiere alejar de las farmacias existentes la implantaci¨®n de otras que le hagan competencia, aun a costa de las dificultades de algunos grupos de poblaci¨®n para acceder al servicio.

La titularidad de una oficina, que su propietario puede vender a los tres a?os desde su apertura, seg¨²n fuentes del sector no se cotiza hoy por menos de 600.000 euros y el promedio se sit¨²a en un mill¨®n (aunque curiosamente una de las 87 que se incorporaron al mapa del concurso, la de Negueira de Mu?iz, en Lugo, sigue sin tener candidato a adjudic¨¢rsela). De las dem¨¢s, ya han abierto unas cuantas y otras est¨¢n en proceso de hacerlo. Podr¨ªan tener que cerrar todas.

El Diario Oficial de Galicia public¨® el 12 de julio de 2005, cuando el PP hab¨ªa perdido las elecciones y preparaba la transici¨®n al bipartito, las bases del concurso sobre "planificaci¨®n, apertura, traslado, cierre y transmisi¨®n de oficinas de farmacia". La Federaci¨®n de Empresarios Farmac¨¦uticos de Galicia (FEFG) lo recurri¨® porque primaba ostentosamente los m¨¦ritos de los farmac¨¦uticos hospitalarios y de los profesores universitarios sobre los de quienes llevan toda la vida trabajando sus oficinas. Tambi¨¦n lo recurrieron otros colectivos por el mismo motivo, como los inspectores farmac¨¦uticos. Estos, por ejemplo, que han de conocer en profundidad todos los cometidos y tareas de los farmac¨¦uticos, ya que son quienes las supervisan y controlan, necesitan casi 42 a?os para alcanzar la puntuaci¨®n m¨¢xima por "experiencia profesional", frente a los 10, 13 o 20 a?os de otros colectivos.

El equipo de la Conseller¨ªa de Sanidade que, en el ¨²ltimo gobierno de Manuel Fraga, fij¨® la baremaci¨®n del concurso, pertenec¨ªa enteramente al colectivo m¨¢s beneficiado, el de farmac¨¦uticos de hospital, e incluso la subdirectora general de Farmacia, Mar¨ªa Teresa Chucl¨¢ Cuevas, gracias al reparto aprobado por la Xunta del PP en funciones, obtuvo una oficina en Oleiros que vendi¨® por 1,2 millones de euros.

El bipartito acept¨® el baremo y adjudic¨® el concurso en 2008 "por seguridad jur¨ªdica" y "para no perder tiempo" en la urgencia demandada por la cobertura del mapa. Pero el TSXG anul¨® en noviembre pasado las puntuaciones que recibieron los solicitantes, en funci¨®n de las cuales eligieron el emplazamiento en el que abrir¨ªan la farmacia. El concurso, pues, fue invalidado y resolverlo de nuevo, seg¨²n la Federaci¨®n de Empresarios de Farmacia de Galicia, no hubiera requerido m¨¢s all¨¢ de seis meses. La Xunta, sin embargo, opt¨® por recurrir al Tribunal Supremo, lo que abre unos a?os de incertidumbre pero con dos referentes amenazantes para las tesis que ahora han de argumentar sus juristas.

Por una parte, el Supremo no suele contradecir las sentencias de los tribunales superiores que se fundamentan en normativas auton¨®micas, como es el caso, y recientemente ha confirmado la anulaci¨®n de un concurso an¨¢logo en Canarias. Y por otra parte, hasta que emita sentencia, los adjudicatarios podr¨¢n abrir las 87 oficinas.

Si se confirma luego la anulaci¨®n del concurso, tendr¨¢n que cerrar todas y habr¨¢ que resarcir a los titulares por sus gastos de implantaci¨®n, m¨¢s el lucro cesante con el cierre, que tambi¨¦n podr¨ªan reclamar los excluidos de ese concurso y admitidos en otro que habr¨ªa que convocar con distinta baremaci¨®n: una millonada, seg¨²n la FEFG, para las arcas auton¨®micas. Dado el alcance de la mel¨¦, el asunto tambi¨¦n podr¨ªa acabar en la liberalizaci¨®n del sector, eximi¨¦ndolo de la planificaci¨®n p¨²blica.