?Tiene remedio el Consejo?

Del Consejo General del Poder Judicial lo sabemos todo, la denuncia de sus males es ya un g¨¦nero literario. Se adopt¨® para hacer m¨¢s independientes a los jueces, privando al Gobierno de la zanahoria de los nombramientos y el palo de las sanciones, pero ha resultado in¨²til, si no contraproducente. Sus integrantes los designan las C¨¢maras, pero siempre se sabe qu¨¦ partido o dirigente ha propuesto a cada uno. Dos asociaciones se reparten casi exclusivamente los 12 que han de ser jueces.

En su primera reuni¨®n, los vocales eligen presidente y vicepresidente... a quienes los dirigentes de los partidos han decidido y filtrado a la prensa el d¨ªa anterior. Los vocales forman bloques afines a los partidos, que designan los cargos judiciales por cuotas y guardan disciplina cuando votan sobre proyectos de ley, conflictos con otros poderes o sanciones.

Se cre¨® para dar independencia a los jueces, pero ha resultado in¨²til, si no contraproducente

La elecci¨®n del presidente del Tribunal Superior del Pa¨ªs Vasco ofrece pistas interesantes

Los jueces que aspiran a un cargo saben que necesitan el patrocinio de vocales o asociaciones, que se resarcen as¨ª del papel¨®n que hacen en la renovaci¨®n del Consejo. Entre los bloques, y en cada uno, surgen antipat¨ªas de una fiereza que llama la atenci¨®n incluso en una cultura pol¨ªtica tan poco gentil como la espa?ola. En los conflictos de relieve pol¨ªtico, el Consejo resulta inane: lejos de proteger la independencia de los jueces, les desmoraliza. Su fracaso deslegitima a todo el sistema jurisdiccional.

El sistema, bien caracterizado por Alejandro Nieto como desgobierno, subsiste, empeorando, desde hace decenios. El malestar crece exponencialmente, sobre todo entre los jueces que iniciaron con sus correos electr¨®nicos el movimiento del 8 de octubre: los que cargan con los puestos m¨¢s duros, agobiados por la carga de trabajo y unos m¨®dulos distorsionadores, inquietos porque un error en sus juzgados pueda llevarles a los peri¨®dicos o traerles una sanci¨®n ejemplar, frustrados por la desigualdad de medios, fastidiados si comparan su retribuci¨®n con la de los abogados, conscientes de los l¨ªmites de su carrera si no merodean en torno al Consejo, las asociaciones o los partidos (Azparren estima que no se arrima a ¨¦stos m¨¢s del 5% de los jueces).

Los magistrados del Tribunal Supremo no soportan que el recurso de amparo haga parecer al Constitucional el aut¨¦nticamente supremo. Todos sufren por la erosi¨®n de su prestigio profesional y la impresi¨®n de que imparten una justicia politizada por causa del Consejo.

Ha habido dos huelgas, cay¨® un ministro, el sistema asociativo y el duopolio de la APM y JD han entrado en crisis, todo aboca a un cambio. Los jueces protestantes han logrado algunas mejoras laborales, pero no han convertido en un programa sus objetivos m¨¢s generales y sus manifiestos caen a menudo en simplificaciones: todo se arruin¨® en 1985, la soluci¨®n es volver a la elecci¨®n corporativa del Consejo, la pol¨ªtica es el mal.

El problema, sin embargo, no es la pol¨ªtica: la fricci¨®n entre los poderes es inevitable y necesaria para conseguir su separaci¨®n y la independencia judicial. El problema es c¨®mo controlar al poder, c¨®mo airear el ambiente asfixiante que rodea los tribunales, c¨®mo impulsar entre los jueces una cultura de independencia.

El Consejo puede hacer poco para arreglar el servicio p¨²blico de la justicia: no hay remedios sencillos y su papel es muy secundario frente al del Gobierno o el Parlamento. Tampoco ha sido ¨¢gil en la crisis del ¨²ltimo a?o: mir¨® a otro lado durante la huelga y ha perdido la ocasi¨®n de hacerse el representante de los jueces. Le quedan dos campos abiertos en el terreno constitucional, del poder judicial: la defensa de los jueces frente a los poderes institucionales (Gobierno y C¨¢maras) o efectivos (partidos y medios); y una pol¨ªtica de nombramientos distinta que le devuelva cierto prestigio.

?Se puede hacer algo con el Consejo? Es tentador eliminarlo, pero requerir¨ªa un consenso impensable en la polarizada pol¨ªtica espa?ola. Hubo un proyecto para vaciarlo de competencias, pero no prosper¨®. Siempre hay razones para la inacci¨®n: no hay nada que no pueda ser empeorado, ni el Consejo la ¨²nica instituci¨®n de utilidad dudosa que sobrevive pl¨¢cidamente.

Y cabe intentar reformarlo. El reformismo es siempre una labor dif¨ªcil y oscura, trae m¨¢s visibilidad dar patadas al hormiguero y gritar "qu¨¦ horror, se escapan" que intentar hacerlo m¨¢s habitable. Requiere tomarse en serio los principios -la democracia, el equilibrio entre poderes, el pluralismo, la objetividad en el acceso a las funciones p¨²blicas- y aplicar las t¨¦cnicas del viejo Derecho Administrativo, esa reliquia del buen liberalismo hecha de objetividad y procedimiento, transparencia y motivaci¨®n: publicar los requisitos de los puestos, usar procedimientos y baremos objetivos, motivar las decisiones para facilitar su control. Hay remedios, pero requerir¨ªan que quienes ocupan los cargos y cobran por desempe?arlos abandonaran la muelle pasividad del voto en bloque y asumieran sus responsabilidades.

?Ser¨ªa esto posible en el Consejo actual? Quiz¨¢ s¨ª. Es verdad que empez¨® mal: su renovaci¨®n se retras¨® dos a?os, la intervenci¨®n de los dirigentes pol¨ªticos fue descarnada. Pero sus primeros pasos fueron sensatos, estableci¨® un procedimiento m¨¢s objetivo para los nombramientos judiciales, los bloques empezaban a hacerse por la profesi¨®n de los vocales -jueces contra otros juristas- y no por su afinidad pol¨ªtica, las cuotas parec¨ªan menos mec¨¢nicas. La bronca en torno al procesamiento del juez Garz¨®n le ha sumido en una nueva crisis. Pero antes hab¨ªa mejorado el procedimiento de elecci¨®n con una comparecencia para que los candidatos expliquen sus m¨¦ritos y sus propuestas, que pueden seguir en directo los periodistas especializados.

Su primera aplicaci¨®n ha producido un resultado sorprendente. Se eleg¨ªa al nuevo presidente del Tribunal Superior del Pa¨ªs Vasco. Parec¨ªa seguro que saldr¨ªa el candidato preferido por los vocales nacionalistas y los cercanos al PSOE. A cambio, un magistrado conservador presidir¨ªa la audiencia de Guip¨²zcoa. El segundo candidato, antiguo portavoz de JD, casi hab¨ªa ganado en una ronda anterior. El tercero part¨ªa sin apoyo de partidos o asociaciones. Pero acredit¨® m¨¦ritos mayores, explic¨® una concepci¨®n bien articulada de lo que debe ser un juez constitucional en la diaria lucha por el derecho, se gan¨® el respeto de la mayor¨ªa y el Consejo acert¨® eligi¨¦ndole.

?Una bonita sorpresa, azares del mercadeo, cosas de la teor¨ªa de juegos? Quiz¨¢. Pero hubiera sido imposible sin la decisi¨®n previa del Consejo de limitar su arbitrio con ese procedimiento, si la comparecencia p¨²blica no hubiera puesto en marcha una l¨®gica de transparencia absolutamente inusual en un pa¨ªs que es el reino de la libre designaci¨®n inmotivada. La atenci¨®n de los medios expone a vocales y candidatos a la vista y la cr¨ªtica p¨²blicas. Decisiones que seg¨²n los vocales de Consejos anteriores se tomaban en oscuros pasillos (que ya ser¨ªan reservados de buenos restaurantes) quedan ahora expuestas a la cr¨ªtica p¨²blica. La virtud de la transparencia es que dificulta la arbitrariedad.

En el Consejo anterior se hablaba del vocal independiente, elegido por consenso, que no se somet¨ªa como un aut¨®mata a la l¨®gica de los bloques. Una sucesi¨®n de nombramientos de jueces independientes, elegidos por sus m¨¦ritos y no por las cuotas y las relaciones clientelares, podr¨ªa animar a m¨¢s candidatos con calidad profesional e intelectual. Porque el problema no es que los candidatos pertenezcan o no a una asociaci¨®n, voten a este o aquel partido, tengan unas u otras ideas pol¨ªticas. Los jueces no son monjes trapenses, ni monstruos de Frankenstein con Aranzadis por cerebro. El problema es conseguir un sistema de designaci¨®n que permita conocer la solidez profesional y humana de los candidatos, que premie su honradez explicando sus ideas y no su servilismo o su capacidad de disimulo. Que sirva al pluralismo, no a la vanidad de los capitanes de dos equipos mudos. Si este Consejo asume, pese a sus conflictos y a las veleidades de alguno de sus miembros, que tiene una ¨²ltima ocasi¨®n de regenerarse; si persevera en este procedimiento y no vuelve a las andadas, quiz¨¢ estemos en el inicio de un proceso interesante.

Diego ??iguez es autor de El fracaso del autogobierno judicial. Cr¨ªtica, 2008.