La ley se modifica para no pagar los atrasos a las personas dependientes

La deuda acumulada con los ciudadanos por los retrasos en los tr¨¢mites de la Ley de Dependencia supone cerca de 700 millones de euros. El a?o pasado, el 40% de todo el gasto en prestaciones econ¨®micas se fue en retroactividad, en pagar atrasos. Muerto el perro, se acab¨® la rabia. En junio, el Gobierno aprobar¨¢ un decreto ley para que las comunidades entreguen las ayudas en los seis meses establecidos y, si no se retrasan, se ahorrar¨¢n los pagos por retroactividad que hasta ahora se contemplaban en la ley. Pero cada mes que pase de los seis previstos, la deuda volver¨¢ a correr y las comunidades tendr¨¢n que pagarla. Eso supone, seg¨²n el Gobierno, un ahorro de 624 millones en tres a?os, que permitir¨ªa atender a m¨¢s de 48.000 personas.

Aunque el texto dice que se deben abonar los atrasos desde el momento de la solicitud, s¨®lo algunas lo hac¨ªan as¨ª; otras ni siquiera pagaban. En algunas regiones se retribu¨ªa desde el momento en que se valoraba al ciudadano y en otras desde que le prescrib¨ªan la ayuda. Todo eso lo perder¨¢n los ciudadanos dependientes, que querr¨¢n que sus solicitudes se resuelvan no en seis meses, sino en uno, porque ya no hay pagos atrasados.

?Pero qu¨¦ pasa con la deuda generada hasta ahora por atrasos? Las comunidades tendr¨¢n hasta cinco a?os para pagarla a plazos, un bal¨®n de ox¨ªgeno que beneficia sobre todo a las que peor han gestionado esta ley -Canarias, Valencia, Baleares, Madrid, Catalu?a- porque es donde m¨¢s tiempo esperan los ciudadanos la ayuda a la que tienen derecho, en ocasiones entre 12 y 18 meses. La propuesta del Gobierno es que paguen un quinto cada a?o. Eso les permitir¨¢, dicen, una liquidez de 431 millones en los tres a?os pr¨®ximos, para atender a 21.400 personas. Los gobiernos aut¨®nomos decidir¨¢n. Esos pagos aplazados pueden convertirse en una herencia macabra para los familiares. M¨¢s de la mitad de los dependientes son mayores de 80 a?os y su esperanza de vida no supera los dos o tres a?os m¨¢s.

La retroactividad s¨®lo se paga en dos casos: cuando se trata de una prestaci¨®n econ¨®mica para cuidar al anciano en casa o en la llamada prestaci¨®n vinculada al servicio, una cuant¨ªa que recibe el usuario para costear, por ejemplo, una plaza en una residencia privada porque no hay p¨²blicas disponibles. En este caso es a¨²n m¨¢s grave, porque si los familiares no tienen dinero para pagar la residencia de nada les servir¨¢ que los atrasos lleguen a?os despu¨¦s.

El Gobierno considera que la medida contribuir¨¢ a "desincentivar la preferencia de los ciudadanos por la prestaci¨®n econ¨®mica en favor de los servicios", dijo ayer el secretario general de Pol¨ªtica Social, Francisco Moza.

Para la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la medida "puede agilizar el sistema porque obliga a las comunidades a resolver en seis meses o, de lo contrario, a pagar con car¨¢cter retroactivo".