Feij¨®o se plantea retirar la consulta a los padres sobre el idioma escolar

La consulta a los padres sobre el idioma en que sus hijos deben recibir la ense?anza, tal y como la plantea la Xunta, es "contrario al ordenamiento jur¨ªdico", infringe "preceptos constitucionales", "vulnera la Lei de Normalizaci¨®n Ling¨¹¨ªstica de Galicia", "no respeta cabalmente" su mandato, "conculca el principio de seguridad jur¨ªdica", "adolece de imprecisi¨®n y ambig¨¹edad", supone el "desconocimiento y vulneraci¨®n de los derechos" de algunos padres, es una "figura proscrita", "desvirt¨²a un derecho legalmente configurado limitando otro incondicionado" y no "cumple con los requisitos m¨ªnimos imprescindibles" que impone "la legislaci¨®n administrativa".

A lo largo de 17 p¨¢ginas de las 52 de su dictamen, el Consello Consultivo detalla as¨ª de contundentemente por qu¨¦ rechaza parte del decreto del pluriling¨¹ismo que prepara la Conseller¨ªa de Educaci¨®n de Jes¨²s V¨¢zquez. Con este informe sobre la mesa desde el mi¨¦rcoles, el presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, abri¨® ayer la posibilidad de retirar esta promesa que esgrimi¨® como bandera durante la campa?a previa a su llegada al poder.

El dictamen le ha llevado a pedir un informe a la Asesor¨ªa Xur¨ªdica para decidir si renuncia definitivamente a su compromiso electoral. Ayer, tras el Consello de la Xunta, Feij¨®o admiti¨® que el informe, pese a no ser vinculante, "tiene mucha importancia" y subray¨® que "toda Galicia debe saber" de su existencia. Cuando se le pregunt¨® si piensa retirar la consulta, Feij¨®o pidi¨® "no anticipar acontecimientos" y subray¨® que el Consultivo deja a salvo la apuesta por "el triling¨¹ismo y la libertad de los alumnos para dirigirse al profesor y hacer los ex¨¢menes en la lengua que ellos decidan.Feij¨®o admiti¨® que las tachas de legalidad del Consello Consultivo recaen sobre una promesa del programa electoral pero reclam¨® que, una vez superado este escollo -no explic¨® c¨®mo se salvar¨¢- ya no habr¨¢ discusi¨®n jur¨ªdica.

El dictamen, al que ha tenido acceso este peri¨®dico, hace una introducci¨®n sobre la importancia de las lenguas y la responsabilidad sobre ellas de los poderes p¨²blicos, e incluye una ¨²ltima parte con recomendaciones menores y un grueso en el que destroza casi cualquier argumento legal para que los padres decidan el idioma en el que sus hijos reciben la educaci¨®n en Infantil y el de las principales asignaturas en los ciclos superiores.

Asegura que "son los poderes p¨²blicos los que tienen encomendada la programaci¨®n general de la ense?anza, en la medida que esto supone una garant¨ªa" para todos. "Someter la configuraci¨®n de un derecho fundamental a votaci¨®n infringe preceptos constitucionales", sentencia.

En un an¨¢lisis m¨¢s pormenorizado, sobre el ciclo Infantil, explica que para determinar la lengua hay que tener en cuenta cu¨¢l es la del entorno y "no puede quedar ¨²nicamente vinculada a una consulta a los padres", aun reconociendo que su opini¨®n debe ser tenida en cuenta. Plantea el problema de que si se elige el idioma en funci¨®n de una consulta a los padres, no se garantiza que cada ni?o pueda recibir la ense?anza en su lengua materna.

Cuando el Consultivo estudia el voto de los padres en Primaria y Secundaria, que, seg¨²n el borrador del decreto, determina el idioma de las asignaturas principales, concluye tambi¨¦n que este procedimiento est¨¢ fuera de la ley: "Justamente porque es responsabilidad de las administraciones educativas la realizaci¨®n de una adecuada programaci¨®n de la ense?anza, y por constituir esta tarea una garant¨ªa b¨¢sica del derecho a educaci¨®n, es por lo que resulta indispensable, irrenunciable e indelegable tal responsabilidad, en virtud de lo cual, constitucionalmente no es admisible que la programaci¨®n de la ense?anza quede total o parcialmente a disposici¨®n de la voluntad exclusiva de los padres, en este caso de las familias".

El dictamen se apoya en sentencias del Tribunal Constitucional para tal afirmaci¨®n y recuerda la importancia de los profesores en la programaci¨®n de la ense?anza. De guiarse s¨®lo por las familias, la educaci¨®n "queda al margen de otros criterios".

Tambi¨¦n cuestiona el Consello la forma en la que est¨¢ planteada la consulta, que "dif¨ªcilmente puede tener encaje en el marco del ordenamiento jur¨ªdico". Apunta que un referendo es una postestad ¨²nicamente estatal y que, tal y como lo enuncia la Xunta, puede crear "conflictos indeseables en los centros educativos", tal y como ven¨ªan advirtiendo los sindicatos. Se?ala en dictamen que, en cualquier caso, la votaci¨®n podr¨ªa ser considerada como una ecuesta.

El Consello critica tambi¨¦n la imprecisi¨®n de los t¨¦rminos en los que se formula la consulta. Plantea, por ejemplo, que quien tiene que elegir, la "familia", es un t¨¦rmino jur¨ªdico "altamente indeterminado". Pone la hip¨®tesis de una con dos padres divorciados y criterios distintos. Se pregunta cu¨¢ntos votos habr¨ªa en esa familia.

Con estas pegas sobre la mesa y, sobre todo, ante la presunta ilegalidad de la norma, el PSdeG anunci¨® ayer que, en caso de que la Xunta siga adelante, se plantear¨¢ tomar medidas legales para evitar su entrada en vigor. "?Qui¨¦n va a defender la legalidad, un Gobierno que pretende impulsar un texto inconstitucional o la comunidad educativa neg¨¢ndose a acatarlo?", se pregunt¨® el portavoz de Educaci¨®n del Grupo Parlamentario Socialista, Guillermo Meij¨®n, quien critic¨® la opacidad de la conseller¨ªa por no hacer p¨²blico el informe. Tambi¨¦n recurrir¨¢ a los tribunales la CIG-Ensino en caso de que la Xunta no retire el decreto. La diputada nacionalista Carmen Ad¨¢n critic¨® que la Xunta "no quiera escuchar" a ninguna de las voces en contra del decreto en su empe?o por mantenerlo. "No s¨¦ qu¨¦ m¨¢s tiene que pasar", concluy¨®.