El Gobierno acusar¨¢ en el 'caso De Miguel' si ve da?o al inter¨¦s p¨²blico

El Gobierno acord¨® en el consejo de ayer pedir al juez Roberto Ramos, que instruye el caso De Miguel, que admita su personaci¨®n en la causa. El Ejecutivo quiere acceder a las investigaciones practicadas hasta ahora para decidir si act¨²a como acusaci¨®n, cosa que har¨¢ si de ellas extrae indicios de que ha habido intereses p¨²blicos perjudicados, seg¨²n pudo saber EL PA?S.

La portavoz, Idoia Mendia, se limit¨® ayer a transmitir, al t¨¦rmino de la reuni¨®n semanal del Gobierno, la decisi¨®n de solicitar la personaci¨®n, con el fin, dijo, de "recabar toda la informaci¨®n necesaria". "Partiendo de ah¨ª, tomaremos las decisiones pertinentes respecto de las personas que a¨²n trabajan para la administraci¨®n y que han sido imputadas por el juez", a?adi¨®. En esta situaci¨®n se encuentran, al menos, la t¨¦cnico del Parque Tecnol¨®gico de Mi?ano, Miren y el ex director del mismo y ex auditor del tribunal de cuentas, Alfonso Arriola, detenido el 17 de marzo por la Ertzaintza junto a los otros siete imputados iniciales.

Agirre propone que el BOTHA publique bienes e intereses de los cargos forales

Junto al Gobierno, seg¨²n anunci¨® Mendia, se personar¨¢n todas las sociedades p¨²blicas y participadas por la administraci¨®n general de la comunidad aut¨®noma que aparezcan en la causa. La propuesta la realiz¨® el consejero de Industria, Bernab¨¦ Unda.

Entretanto, el Ejecutivo seguir¨¢ suministrando al procedimiento judicial toda la documentaci¨®n sobre los expedientes relacionados con la causa que el juez instructor le vaya reclamando. La portavoz indic¨® que el Gobierno no puede ya adoptar ninguna otra medida ni correcci¨®n de actuaciones supuestamente irregulares, puesto que se trata de decisiones ya ejecutadas durante el mandato del anterior equipo de Juan Jos¨¦ Ibarretxe.

Por su parte, el diputado general de ?lava, Xabier Agirre, confirm¨® la petici¨®n de personaci¨®n en la instrucci¨®n que afecta a su ex responsable de Administraci¨®n Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, as¨ª como otras diez personas vinculadas al PNV. El diputado general explic¨® que haber adoptado esa iniciativa en el momento de la detenci¨®n e imputaci¨®n de De Miguel habr¨ªa carecido de sentido, al encontrarse la instrucci¨®n bajo secreto. Agirre adelant¨®, asimismo, que el consejo de diputados decidi¨® remitir a las Juntas Generales de ?lava una modificaci¨®n de norma foral, por la que se publicar¨¢ en el Bolet¨ªn Oficial del Territorio Hist¨®rico de ?lava (BOTHA) la declaraci¨®n de bienes e intereses de todos los diputados y altos cargos, sin necesidad de contar con su consentimiento."Queremos garantizar la m¨¢xima transparencia p¨²blica", sentenci¨®. Aunque la norma no puede tener car¨¢cter retroactivo, el diputado general lanz¨® un envite al PP, por sus ocho a?os al frente de la Diputaci¨®n. "Solicitamos que quienes han gozado de cargos de gobierno y de confianza en los ¨²ltimos diez a?os tambi¨¦n act¨²en con igual transparencia y hagan p¨²blicas sus declaraciones", emplaz¨®.

Agirre reconoci¨® que esta medida, as¨ª como la personaci¨®n en el caso De Miguel, obedecen a un sentimiento de que "la instituci¨®n foral se est¨¢ viendo perjudicada" y se encuentra en una situaci¨®n de indefensi¨®n, al no conocer el contenido del sumario de cerca de 5.000 p¨¢ginas que instruye el juez Roberto Ramos desde hace dos meses y cuyo secreto se levant¨® el pasado viernes. "Si observ¨¢semos que la Diputaci¨®n foral se ha visto vulnerada en este procedimiento, s¨®lo exigimos que se cumpla la ley, que el que la hace la pague", concluy¨® el diputado general, que evit¨® la pregunta de si consideraba culpable al ex diputado de Administraci¨®n Foral, Alfredo de Miguel. "A eso no voy a contestar", concluy¨®.