El Gobierno acusar¨¢ en el 'caso De Miguel' si ve da?o al inter¨¦s p¨²blico
Agirre anuncia que la Diputaci¨®n de ?lava tambi¨¦n se personar¨¢ en el proceso
El Gobierno acord¨® en el consejo de ayer pedir al juez Roberto Ramos, que instruye el caso De Miguel, que admita su personaci¨®n en la causa. El Ejecutivo quiere acceder a las investigaciones practicadas hasta ahora para decidir si act¨²a como acusaci¨®n, cosa que har¨¢ si de ellas extrae indicios de que ha habido intereses p¨²blicos perjudicados, seg¨²n pudo saber EL PA?S.
La portavoz, Idoia Mendia, se limit¨® ayer a transmitir, al t¨¦rmino de la reuni¨®n semanal del Gobierno, la decisi¨®n de solicitar la personaci¨®n, con el fin, dijo, de "recabar toda la informaci¨®n necesaria". "Partiendo de ah¨ª, tomaremos las decisiones pertinentes respecto de las personas que a¨²n trabajan para la administraci¨®n y que han sido imputadas por el juez", a?adi¨®. En esta situaci¨®n se encuentran, al menos, la t¨¦cnico del Parque Tecnol¨®gico de Mi?ano, Miren y el ex director del mismo y ex auditor del tribunal de cuentas, Alfonso Arriola, detenido el 17 de marzo por la Ertzaintza junto a los otros siete imputados iniciales.
Agirre propone que el BOTHA publique bienes e intereses de los cargos forales
Junto al Gobierno, seg¨²n anunci¨® Mendia, se personar¨¢n todas las sociedades p¨²blicas y participadas por la administraci¨®n general de la comunidad aut¨®noma que aparezcan en la causa. La propuesta la realiz¨® el consejero de Industria, Bernab¨¦ Unda.
Entretanto, el Ejecutivo seguir¨¢ suministrando al procedimiento judicial toda la documentaci¨®n sobre los expedientes relacionados con la causa que el juez instructor le vaya reclamando. La portavoz indic¨® que el Gobierno no puede ya adoptar ninguna otra medida ni correcci¨®n de actuaciones supuestamente irregulares, puesto que se trata de decisiones ya ejecutadas durante el mandato del anterior equipo de Juan Jos¨¦ Ibarretxe.
Por su parte, el diputado general de ?lava, Xabier Agirre, confirm¨® la petici¨®n de personaci¨®n en la instrucci¨®n que afecta a su ex responsable de Administraci¨®n Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, as¨ª como otras diez personas vinculadas al PNV. El diputado general explic¨® que haber adoptado esa iniciativa en el momento de la detenci¨®n e imputaci¨®n de De Miguel habr¨ªa carecido de sentido, al encontrarse la instrucci¨®n bajo secreto. Agirre adelant¨®, asimismo, que el consejo de diputados decidi¨® remitir a las Juntas Generales de ?lava una modificaci¨®n de norma foral, por la que se publicar¨¢ en el Bolet¨ªn Oficial del Territorio Hist¨®rico de ?lava (BOTHA) la declaraci¨®n de bienes e intereses de todos los diputados y altos cargos, sin necesidad de contar con su consentimiento."Queremos garantizar la m¨¢xima transparencia p¨²blica", sentenci¨®. Aunque la norma no puede tener car¨¢cter retroactivo, el diputado general lanz¨® un envite al PP, por sus ocho a?os al frente de la Diputaci¨®n. "Solicitamos que quienes han gozado de cargos de gobierno y de confianza en los ¨²ltimos diez a?os tambi¨¦n act¨²en con igual transparencia y hagan p¨²blicas sus declaraciones", emplaz¨®.
Agirre reconoci¨® que esta medida, as¨ª como la personaci¨®n en el caso De Miguel, obedecen a un sentimiento de que "la instituci¨®n foral se est¨¢ viendo perjudicada" y se encuentra en una situaci¨®n de indefensi¨®n, al no conocer el contenido del sumario de cerca de 5.000 p¨¢ginas que instruye el juez Roberto Ramos desde hace dos meses y cuyo secreto se levant¨® el pasado viernes. "Si observ¨¢semos que la Diputaci¨®n foral se ha visto vulnerada en este procedimiento, s¨®lo exigimos que se cumpla la ley, que el que la hace la pague", concluy¨® el diputado general, que evit¨® la pregunta de si consideraba culpable al ex diputado de Administraci¨®n Foral, Alfredo de Miguel. "A eso no voy a contestar", concluy¨®.
"Es gente muy importante del PNV"
El caso de Miguel no es un tema "de cuatro o cinco que pasaban por all¨ª", seg¨²n el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti. A medida que se van conociendo nuevos datos de su modus operandi, la presunta trama de corrupci¨®n coge otro cariz, seg¨²n el dirigente popular. Se trata, destac¨®, de "gente muy importante y con mucha implicaci¨®n de un Partido Nacionalista Vasco y con algo de responsabilidad de un Partido Socialista Alav¨¦s, que ha mantenido, ha protegido y que a¨²n sigue amparando a aquel partido que llevaba 30 a?os gobernado en el Pa¨ªs Vasco y se cre¨ªa que Euskadi y ?lava era suyas".
Basagoiti record¨® el caso en la inauguraci¨®n en Bilbao de la jornada Administraciones P¨²blicas: auditoria y Transparencia, promovida por la Fundaci¨®n Popular de Estudios Vascos. El evento, explic¨®, "no va contra nadie espec¨ªficamente, ni contra los otros partidos, ni contra algunos de los nuestros que parece que no han hecho lo que deb¨ªan en alguna administraci¨®n", en alusi¨®n a la trama G¨¹rtel que salpica a su partido en varios puntos de Espa?a.
La jornada, abund¨® Basagoiti, se ha desarrollado para promover "la limpieza en la pol¨ªtica en general", defender la transparencia en todas las administraciones, "para que los ciudadanos no relacionen concejal, alcalde, diputado con corrupci¨®n y para que el dinero p¨²blico se gaste donde se debe". La intenci¨®n de los populares es promover un debate sobre las auditorias y control de las sociedades p¨²blicas locales. En momentos de crisis como el actual, argument¨®, un mayor control permitir¨ªa limitar los recortes.
La jornada cont¨® con la participaci¨®n del presidente del Instituto de Censores de Cuentas de Espa?a, Rafael C¨¢mara; el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de Espa?a; Valent¨ªn Pich; el presidente de Transparencia Internacional-Espa?a, Jes¨²s Lizcano; el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas, Ignacio Mart¨ªnez de Churiaque y el vocal del Tribunal de Cuentas de Espa?a, Ram¨®n ?lvarez de Miranda. El alcalde de Bilbao, I?aki Azkuna, hizo acto de presencia.
Mart¨ªnez de Churiaque defendi¨® la necesidad de someter a auditor¨ªas anuales a los ayuntamientos de las tres capitales vascas. Record¨® que el ¨®rgano que preside fiscaliza anualmente las cuentas del Ejecutivo y las Diputaciones, mientras que en lo que va del siglo XXI, Bilbao, San Sebasti¨¢n y Vitoria han sido auditados solo una vez. "Hay un bajo nivel de control externo" en las tres ciudades, reconoci¨®.
Adem¨¢s, recalc¨® que algunos ayuntamientos con m¨¢s de 10.000 habitantes nunca han sido sometidos al control del Tribunal de Cuentas.
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