Erratas de bulto

El Gobierno no se cansa de cometer graves errores de gesti¨®n. El Bolet¨ªn Oficial del lunes publicaba un Real Decreto Ley (8/2010) que, en sustancia, prohib¨ªa a los Ayuntamientos aumentar su endeudamiento a largo plazo desde el d¨ªa posterior a la fecha de su publicaci¨®n hasta el 31 de diciembre de 2011. El texto publicado sembr¨® el terror en los Ayuntamientos espa?oles, puesto que esa disposici¨®n cercenaba cualquier posibilidad de renegociaci¨®n de su deuda y arruinaba las inversiones de los municipios con planes de gasto plurianual o cofinanciados con otras entidades. Al final, despu¨¦s de un tenso intercambio de opiniones con la Federaci¨®n de Municipios y Provincias (FEMP) y con algunos alcaldes, el Gobierno cambi¨® ayer el real decreto, por el m¨¦todo peregrino de considerar las fechas como "erratas" y fijar la prohibici¨®n de elevar la deuda a partir del 1 de enero de 2011.

Dudas y erratas aparte, el Gobierno pretend¨ªa evitar que los Ayuntamientos puedan acrecentar su deuda (y m¨¢ximo en periodo preelectoral) con el respaldo t¨¢cito o la responsabilidad subsidiaria del Estado. Hasta ahora, el endeudamiento autorizado de los municipios estaba condicionado a requisitos estrictos. El Gobierno deb¨ªa autorizar las peticiones de endeudamiento de los Ayuntamientos que no cumplan las tres grandes condiciones o l¨ªmites de estabilidad presupuestaria, referidos al ahorro neto sobre la amortizaci¨®n de la deuda, al saldo vivo de la deuda en relaci¨®n con los ingresos y cuentas municipales pr¨®ximas al equilibrio. Pero es el caso que muchos Ayuntamientos en situaci¨®n de equilibrio se endeudan por su cuenta sin que tengan que pasar por el control de Econom¨ªa. Para ellos, el coste de la financiaci¨®n se encarece, pero se mantiene el sobrentendido de que la garant¨ªa del Estado salvaguardar¨¢ cualquier impago; en la pr¨¢ctica, el Estado resulta responsable de la deuda visada por Econom¨ªa y de la que no lo est¨¢.

Ahora bien, el Gobierno ha explicado de forma insuficiente las razones de una disposici¨®n tan dr¨¢stica; y ha empeorado la irrupci¨®n de la norma con una justificaci¨®n estramb¨®tica. No hay erratas que valgan, sino premeditaci¨®n: el Gobierno silenci¨® la disposici¨®n en la relaci¨®n de medidas de ajuste aprobadas por el Consejo de Ministros, y el presidente Rodr¨ªguez Zapatero tambi¨¦n la hurt¨® del conocimiento p¨²blico el domingo en la reuni¨®n p¨²blica con alcaldes socialistas. Los ayuntamientos necesitan dinero para invertir y prestar servicios; y, de una forma u otra, el Gobierno tendr¨¢ que articular f¨®rmulas para subvenir esas necesidades financieras.

La prohibici¨®n indiscriminada y sin matices es dif¨ªcil de defender. Gracias a la torpeza del Real Decreto Ley 8/2010, el Gobierno se ha situado en posici¨®n de inferioridad t¨¢ctica respecto a las corporaciones (a pesar de la desuni¨®n entre ellas que qued¨® ayer clara en la comisi¨®n ejecutiva de la FEMP) y tendr¨¢ que negociar bajo presi¨®n un sistema que permita elevar o no los niveles de deuda en funci¨®n de los proyectos que se quieren financiar.