Navarra tiene un resquicio legal para seguir sin practicar abortos
La ley permitir¨¢ "excepcionalmente" derivar a otra regi¨®n a las mujeres
Un resquicio legal permitir¨¢ a Navarra seguir enviando a las mujeres de la comunidad a abortar fuera de ella (lo que en el lenguaje administrativo se conoce como "derivar"). Un art¨ªculo del proyecto de real decreto de calidad asistencial de la nueva ley del aborto que se va a discutir hoy en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) prev¨¦ que, si el servicio donde la mujer embarazada haya solicitado la asistencia no puede facilitarle en tiempo la prestaci¨®n, aquella tendr¨¢ el derecho de ir a cualquier otra comunidad y la suya tendr¨¢ que abonarle la intervenci¨®n. Navarra es la ¨²nica regi¨®n en la que no se practican abortos. Ni en hospitales p¨²blicos ni en privados. As¨ª, las mujeres navarras se ven obligadas a desplazarse a otras comunidades para someterse a la intervenci¨®n. En 2008 abortaron m¨¢s de 700. Ninguna en la comunidad foral.
La consejer¨ªa alega que todo el personal -sanitario o no- es objetor
El ministerio afirma que la situaci¨®n debe ser temporal
Fuentes de la Consejer¨ªa de Sanidad navarra aseguran que el art¨ªculo incluido en el proyecto de Real Decreto les posibilitar¨¢, a partir del 5 de julio (d¨ªa en que entra en vigor la nueva ley de plazos), seguir obrando como hasta ahora. Es decir, los centros de la comunidad no realizar¨¢n abortos, pero el Gobierno foral s¨ª pagar¨¢ los que se efect¨²en en otras comunidades.
El argumento de las autoridades es que en Navarra no es posible facilitar esta prestaci¨®n porque todos los profesionales sanitarios objetan. "Todos, desde m¨¦dicos hasta enfermeros y celadores", aseguran fuentes de la consejer¨ªa. Esto a pesar de que los celadores, por ejemplo, no tienen reconocido este derecho. Y tambi¨¦n a pesar de que, al no existir un registro, no se conoce el n¨²mero real de m¨¦dicos que se niegan a realizar esta intervenci¨®n por motivos de conciencia. Este es el mismo argumento que se arguye desde hace 25 a?os para justificar que, en toda Espa?a, s¨®lo el 2% de las interrupciones se realicen en centros p¨²blicos.
Ese apartado en el desarrollo que reglamenta la nueva ley, sin embargo, tiene un car¨¢cter excepcional. "Va destinado a que la mujer tenga m¨¢s garant¨ªas de que se le realiza la prestaci¨®n; a que si a la mujer su servicio de salud, por ejemplo, no le responde a tiempo, pueda ir a cualquier cl¨ªnica acreditada en el territorio nacional y luego se le abonen los costes", explica Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, secretario general de Sanidad. El borrador de Real Decreto marca que se le debe devolver el dinero a la mujer en un plazo de 10 d¨ªas naturales a contar desde el momento en el que solicit¨® la prestaci¨®n.
La nueva ley de interrupci¨®n voluntaria del embarazo, que marca un plazo de aborto libre de 14 semanas, dice en una de sus disposiciones finales que "corresponder¨¢ a las autoridades sanitarias competentes garantizar la prestaci¨®n contenida en la red sanitaria p¨²blica o vinculada a la misma, en la comunidad aut¨®noma de residencia de la mujer embarazada". Una disposici¨®n que, seg¨²n Navarra, invade sus competencias, y uno de los motivos por los que planteaba recurrir al Constitucional la norma, aprobada el pasado mes de marzo. No obstante, con el art¨ªculo incluido en el real decreto, la comunidad foral apenas se ver¨ªa obligada, por el momento, a cambiar su actuaci¨®n.
Sin embargo, Mart¨ªnez Olmos asegura que el caso de Navarra se normalizar¨¢. "No es normal que all¨ª no haya una prestaci¨®n de servicio. Tendr¨¢n que ver c¨®mo lo resuelven. Mientras tanto, tendr¨¢n que solucionarlo con la v¨ªa que estamos planteando", dice. "Navarra tiene que cumplir la ley, pero esto les da garant¨ªas a las mujeres", declara. "Y no s¨®lo a las mujeres navarras. Tambi¨¦n a las de otras comunidades", aclara. Y es que esa no es la ¨²nica regi¨®n que deriva a las mujeres a abortar fuera. Otras como Castilla y Le¨®n o Castilla-La Mancha tambi¨¦n lo hacen, aunque s¨®lo en algunos casos, como las malformaciones fetales (cuando la intervenci¨®n se hace con el embarazo m¨¢s avanzado y es m¨¢s complicada).
El Ministerio de Sanidad no puede obligar a ninguna comunidad a que preste el servicio con recursos propios. Es decir, en los hospitales p¨²blicos. De hecho, en comunidades como Andaluc¨ªa se conciertan con cl¨ªnicas privadas todas las interrupciones voluntarias del embarazo. Un patr¨®n que en mayor o menor medida se repite en otras muchas autonom¨ªas. Pero el caso de Navarra es excepcional hasta en eso. En la comunidad foral no existe ninguna cl¨ªnica privada que realice abortos. Fuentes de la Consejer¨ªa de Sanidad aseguran que ninguno de estos centros ha solicitado nunca establecerse all¨ª.
El proyecto de Real Decreto de calidad asistencial de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo y el que desarrolla la nueva ley del aborto -que incluye, por ejemplo, qu¨¦ hacer con las mujeres de 16 y 17 a?os- a¨²n no se ha aprobado. Hoy se debatir¨¢n los dos en el Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que participan consejeros de toda Espa?a. A¨²n se est¨¢ en periodo de alegaciones y su opini¨®n se escuchar¨¢. Sin embargo, no es vinculante.
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