El PP recurrir¨¢ la ley del aborto ante el Constitucional hoy

El Partido Popular presentar¨¢ este martes su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo que a partir del pr¨®ximo 5 de julio permitir¨¢ abortar libremente en Espa?a en las 14 primeras semanas de gestaci¨®n y en algunos casos hasta la 22.

De este modo, el partido presidido por Mariano Rajoy ha apurado el plazo de presentaci¨®n del recurso, que finaliza esta semana. El PP considera que esta nueva ley sobre el aborto es inconstitucional porque desprotege a la mujer y al ni?o, adem¨¢s de a los m¨¦dicos.

Asimismo, los consejeros de Salud del PP han pedido en el marco del Consejo Interterritorial de Salud a la ministra de Sanidad, Trinidad Jim¨¦nez, la retirada de los dos decretos que desarrollan dicha ley. "Les he dicho que no" porque "tengo un mandato legal", "una ley org¨¢nica" aprobada por el Parlamento el pasado 3 de marzo (y que tiene que entrar en vigor el pr¨®ximo 5 de julio), declaraba Jim¨¦nez despu¨¦s de la reuni¨®n.

De hecho, este lunes ha sido la primera vez que la ley del aborto se ha tratado oficialmente en el Consejo Interterritorial, ya que la norma (oficialmente de salud sexual y reproductiva) hab¨ªa sido sacada adelante por el Ministerio de Igualdad. Lo que sucede es que a la hora de ponerla en pr¨¢ctica los mayores implicados son los servicios auton¨®micos de salud. Y los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP no han dejado pasar la oportunidad para mostrar su rechazo no tanto a los dos reales decretos a debatir (los que se refieren a garantizar la prestaci¨®n para todas las mujeres y en qu¨¦ condiciones y los requisitos para el personal sanitario), sino para criticar la ley en su conjunto.

La consejera de Canarias, Mercedes Rold¨®s, de hecho ni siquiera esper¨® a que estos decretos fueran tratados para salirse de la reuni¨®n y mostrar a la prensa su rechazo a la norma. Rold¨®s adelantaba que, dado que su partido iba a pedir la retirada de la ley por inconstitucional, iba a solicitar lo mismo de la ministra. Curiosamente, a pesar de que las interrupciones del embarazo se pueden hacer con cargo a la sanidad p¨²blica desde 1985, Rold¨®s ha dicho que la nueva regulaci¨®n supone "una prestaci¨®n sanitaria nueva" y que, por lo tanto, antes de aprobarse deb¨ªa ser discutida por el Consejo Interterritorial.

Jim¨¦nez, en su comparecencia posterior, ha negado la mayor: "No es una prestaci¨®n nueva", ha manifestado tajante. Tambi¨¦n ha negado que con la ley vaya a aumentar el gasto sanitario de las comunidades, ya que estas hasta ahora tienen que financiar los abortos.

El consejero de Madrid, Javier Fern¨¢ndez-Lasquetty, nuevo en estas reuniones, ha cargado sobre el punto que deja en manos de los m¨¦dicos decidir si una menor puede informar a sus pades o tutores de que va a abortar. Esta responsabilidad "compromete muy seriamente a los profesionales de la salud", ha dicho Lasquetty.

Tambi¨¦n ¨¦l ha sido contestado por Jim¨¦nez. Seg¨²n la ministra, el propio presidente de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial (OMC), Juan Jos¨¦ Rodr¨ªguez Send¨ªn, ha dicho que "nadie mejor" que un m¨¦dico para evaluar esta situaci¨®n. Pero un portavoz de la OMC ha dejado la discusi¨®n en tablas. "Lo que dijo Rodr¨ªguez Send¨ªn fue que en los pueblos y ciudades peque?as, donde todo el mundo se conoce, un m¨¦dico sabe c¨®mo son los padres de una chica y puede valorar esa situaci¨®n, pero en un sitio grande, no". Para esos casos, el m¨¦dico -suponiendo que est¨¦ de acuerdo en practicar el aborto, que es lo m¨¢s dif¨ªcil-, contar¨¢ con el asesoramiento de psic¨®lgos y asistentes sociales, ha explicado Jim¨¦nez.

La ministra no se ha mostrado especialmente preocupada con el recurso anunciado por el PP y ha afirmado que ser¨ªa "muy raro" que eso supusiera la paralizaci¨®n de la ley, por lo que, "por responsabilidad", va a trabajar para que los reales decretos, necesarios para que entre en vigor la nueva ley, est¨¦n listos antes del 5 de julio.