El jurado popular condena a los tres acusados por corrupci¨®n en Gondomar

El jurado popular ha declarado culpables este mediod¨ªa a los tres procesados por el cobro de comisiones a constructores en Gondomar a cambio de favores urban¨ªsticos. Los tres condenados son los ex concejales de Urbanismo y Cultura, Alejandro G¨®mez y Jos¨¦ Luis Mosquera, que en el momento de los hechos pertenec¨ªan al grupo de gobierno del PP, y el arquitecto Borja Ramilo, que actuaba de intermediario en las extorsiones a promotores. La defensa de G¨®mez ya ha anunciado que recurrir¨¢ el veredicto.

El juez encargado del caso deber¨¢ ahora concretar las penas. En la ¨²ltima jornada del juicio celebrada ayer, el fiscal redujo su petici¨®n de penas para los acusados de tres delitos de cohecho. Jos¨¦ Luis Mosquera, tambi¨¦n ex portavoz del gobierno local, ped¨ªa el dinero a los promotores para qued¨¢rselo, seg¨²n cree el fiscal, y Alejandro G¨®mez, el ex concejal de Urbanismo, "no aparece nunca [en pruebas contundentes de delito] porque es m¨¢s esquivo, no porque sea inocente", dijo.

La fiscal¨ªa cree que Mosquera ped¨ªa dinero para poder comprarse un piso

El abogado de uno de los condenados atribuy¨® el caso a motivaciones pol¨ªticas

En los casos de Mosquera y del arquitecto Borja Ramilo, el fiscal redujo su petici¨®n de penas por reconocer ambos su participaci¨®n en los hechos y haber colaborado desde el principio con la Justicia. De aceptarse su petici¨®n, tendr¨¢n que pagar 135.000 y 70.500 euros, respectivamente, y estar¨¢n suspendidos de empleo y cargo p¨²blico durante seis a?os, el primero, y durante 15 meses Ramilo.

En la petici¨®n para Alejandro G¨®mez, el fiscal ajust¨® la pena inicial en funci¨®n de la cantidad menor que se reclam¨® a uno de los promotores, 180.000 euros, seg¨²n su testimonio en la vista. A raz¨®n de 360.000 euros por cada uno de los delitos, G¨®mez tendr¨ªa que pagar 1.080.000 euros y afrontar la misma suspensi¨®n durante seis a?os de empleo o cargo p¨²blico. El letrado del ex concejal defendi¨® su "absoluta inocencia" y "la falta de solvencia" de las pruebas (en las grabaciones telef¨®nicas y en los testimonios, incluidos los de los agentes de la Guardia Civil) contra ¨¦l.

Las conclusiones del fiscal y del defensor de G¨®mez polarizaron la ¨²ltima sesi¨®n del juicio. No hay duda de la culpabilidad de Mosquera, "una persona compleja", dijo el fiscal. "Mi opini¨®n es que se estaba quedando el dinero para un piso", pero esto, a?adi¨®, es "irrelevante" porque "lo importante es que lo ped¨ªa". Mosquera, prosigui¨®, habla siempre en plural, implica de plano a G¨®mez, a quien le une una indudable buena relaci¨®n, y si el concejal de Urbanismo esquiva pruebas inculpatorias m¨¢s contundentes no es por su inocencia, sino porque "tiene un sujeto ¨²til que le resuelve la papeleta de las peticiones".

La tarea de G¨®mez, seg¨²n el fiscal, era resolver los aspectos urban¨ªsticos con los promotores y condicionar la opini¨®n del grupo municipal al respecto. El fiscal record¨® que toda la junta de gobierno de Gondomar del anterior mandato est¨¢ condenada por conceder licencias urban¨ªsticas ilegales, "pero no el concejal de Urbanismo", subray¨® para insistir en su condici¨®n escurridiza y fr¨ªa, "la cabeza m¨¢s s¨®lida" del grupo popular de Gondomar, del que, sin embargo, destac¨® la acusaci¨®n, ning¨²n otro miembro acudi¨® al juicio.

El defensor de Mosquera insisti¨® en su "reparto de papeles con Alejandro en un mismo objetivo" y que el dinero - "aunque el delito no puede estar condicionado por su destino"- era para apoyar a Move Gondomar y al PP en Uruguay. El abogado de G¨®mez lo consider¨® "un apestado" del PP por escapar a la condena por las licencias ilegales y atribuy¨® su persecuci¨®n a una motivaci¨®n pol¨ªtica que canaliz¨® el promotor que hizo de cebo, antiguo militante de la desaparecida Esquerda Galega. En la trama, seg¨²n el abogado del arquitecto Borja Ramilo, "no son todos los que est¨¢n ni est¨¢n todos los que deber¨ªan".