El Gobierno de Aguirre cuestiona al ex vicepresidente al que espi¨®

El Gobierno de Esperanza Aguirre se ha lanzado en tromba a poner bajo sospecha al ex vicepresidente Alfredo Prada, destituido en julio de 2007 por su apoyo a Mariano Rajoy en el congreso nacional del PP y que fue objeto de seguimientos en el caso de espionaje en la Comunidad de Madrid, que est¨¢ llegando a su fase final en los tribunales.

En los ¨²ltimos d¨ªas, diferentes consejeros de Aguirre han eludido respaldar la gesti¨®n de Prada al frente de la sociedad an¨®nima Campus de la Justicia, encargada de levantar un complejo en Valdebebas destinado a albergar los edificios judiciales dispersos por la capital, paralizado ahora por falta de presupuesto.

Primero fue el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que sucedi¨® a Prada en su ¨¢rea de gobierno y que fich¨® a los supuestos esp¨ªas del ex vicepresidente. Pese a que se ha negado por tres veces a comparecer en la Asamblea de Madrid para explicar el caso de espionaje, el consejero se ofreci¨® el pasado martes a dar cuenta en la C¨¢mara aut¨®noma de la gesti¨®n en el Campus de la Justicia tras informar la cadena SER de que la empresa adjudicataria de las obras (una uni¨®n temporal de las compa?¨ªas Aldesa y Begar) invirti¨® 1,4 millones de euros en el acto de colocaci¨®n de la primera piedra, celebrado el 31 de enero de 2007, al que asisti¨® Aguirre.

La Comunidad se gast¨® seis millones en promoci¨®n del proyecto

Un gasto que Granados considera ahora "excesivo y dif¨ªcil". Sin embargo, la Comunidad de Madrid ejecut¨® ese mismo a?o 90 millones de euros en "publicidad, promoci¨®n, divulgaci¨®n y anuncios", seg¨²n una respuesta del Gobierno regional al grupo socialista. Equivale a un tercio de todo el gasto del Gobierno central para ese a?o (268 millones). Y es tres veces m¨¢s de lo que gast¨® la Generalitat (30 millones), pese a que Catalu?a tiene un mill¨®n de habitantes menos.

Al d¨ªa siguiente, el vicepresidente regional, Ignacio Gonz¨¢lez, subray¨® que la Comunidad no hab¨ªa pagado nada del evento, pero en lugar de descartar la responsabilidad de Prada, sugiri¨® que debe ser ¨¦l quien d¨¦ explicaciones y recalc¨® que el Gobierno regional est¨¢ revisando esos gastos por si hubiera irregularidades."La responsabilidad es del vicepresidente, que ser¨¢ el que tenga todos los datos de esa gesti¨®n", afirm¨® Ignacio Gonz¨¢lez. Como si Prada no hubiera formado parte del Ejecutivo de Aguirre, ni fuera del mismo partido. Tambi¨¦n record¨® que Prada reun¨ªa los cargos de consejero delegado de la empresa, presidente y director ejecutivo de la sociedad Campus de la Justicia.

En el Registro Mercantil consta que el ex vicepresidente Alfredo Prada ocup¨® los cargos de presidente y consejero delegado de la sociedad an¨®nima Campus de la Justicia hasta el verano de 2008. Entonces Francisco Granados le sustituy¨® al frente de la consejer¨ªa, y por tanto, se convirti¨® en presidente de la sociedad. Miguel Gim¨¦nez de C¨®rdoba, que era director general de Modernizaci¨®n de las Infraestructuras de la Administraci¨®n de Justicia con Prada, y ya ocupaba un asiento en el Consejo de Administraci¨®n, sustituy¨® como consejero delegado a Prada.

La paralizaci¨®n de las obras de la Ciudad de la Justicia ha llevado recientemente a la consejer¨ªa a prescindir de Gim¨¦nez de C¨®rdoba. Seg¨²n una portavoz, no ser¨¢ sustituido en el cargo dada la estrategia de recorte de gastos del plan de austeridad de la Comunidad de Madrid.

Frente a las dudas que sembradas sobre la gesti¨®n de Prada, algunos colaboradores suyos en su etapa de consejero recuerdan que Esperanza Aguirre preside la Junta General de Campus de la Justicia, SA, que es la que tiene la ¨²ltima palabra sobre la sociedad. As¨ª lo establece la Ley de Administraci¨®n Institucional para todas las sociedades p¨²blicas en las que el 100% del capital pertenece a la Comunidad. El viceconsejero de Vicepresidencia, Salvador Victoria, reconoci¨® ayer que esto es as¨ª, pero tambi¨¦n recalc¨® que la junta general solo se re¨²ne una vez al a?o y que su ¨²nico cometido es dar el visto bueno "a la presentaci¨®n de las cuentas y a los informes de auditor¨ªa".

Victoria dej¨® claro que Prada s¨ª present¨® el 28 de diciembre de 2006 un informe al Consejo de Gobierno con el que daba cuenta de que la sociedad Campus de la Justicia hab¨ªa adjudicado a la uni¨®n temporal de empresas (UTE) formada por Begar -implicada en el caso G¨¹rtel- y Aldesa las obras de urbanizaci¨®n de la primera fase del proyecto. El coste, que hab¨ªa salido a concurso p¨²blico por 93 millones de euros, se adjudic¨® por 55,4 millones. Este es un mero tr¨¢mite para que el Gobierno regional est¨¦ informado de c¨®mo evoluciona el proyecto. De hecho, fue el propio Prada el que rubric¨® ese informe. Al ser el presidente de la sociedad an¨®nima y consejero del ¨¢rea (en este caso, Justicia), solo ¨¦l era competente para hacerlo, recordaron fuentes regionales.

Otro asunto pol¨¦mico de la actuaci¨®n de Prada en el que el Gobierno regional no ha salido a defenderle es el gasto en publicidad. Campus de la Justicia gast¨® cerca de seis millones de euros durante tres a?os para promocionar este megaproyecto urban¨ªstico dentro y fuera de la regi¨®n. Las maquetas de los edificios y los montajes audiovisuales que se encargaron para explicar el proyecto viajaron a lugares tan distantes como Singapur o M¨²nich. La mayor parte del gasto sali¨® de las arcas regionales. Dividido en los tres a?os de m¨¢xima promoci¨®n supone una media que no llega a los dos millones al a?o. La Comunidad de Madrid se gast¨® solo en 2007 160 millones de euros en publicidad, mientras que el Gobierno central, pese a dirigirse a toda Espa?a, desembols¨® 268 millones.

Fuentes del Gobierno regional explicaron que Prada era quien decid¨ªa en qu¨¦ se gastaba ese dinero, ya que era el m¨¢ximo responsable de la sociedad an¨®nima. Tan solo recib¨ªa el visto bueno previo del vicepresidente Ignacio Gonz¨¢lez y de los responsables de Comunicaci¨®n antes de dise?ar y contratar las campa?as de publicidad.

Colaboradores de Prada en la Consejer¨ªa de Justicia aseguran que no se hizo ning¨²n dispendio excesivo, ya que la construcci¨®n de las maquetas de los futuros edificios y el traslado a puntos muy diversos resultaba a veces muy cara.