Las chabolas se resisten a desaparecer

La recogida de la fresa en la provincia de Huelva finaliza estos d¨ªas, el trasiego de temporeros y los kil¨®metros de pl¨¢stico desaparecen y, como consecuencia, los campamentos ilegales, con cientos de subsaharianos repartidos en peque?as chabolas, resultan m¨¢s visibles y menos ¨²tiles. El Ayuntamiento de Moguer denunci¨® hace tres semanas la presencia de asentamientos en terreno p¨²blico y privado. La Subdelegaci¨®n del Gobierno en Huelva procedi¨® a su desmantelamiento. Pero ellos no se marchan. Solo se retiran unos metros.

"Nos quitan las chabolas, las volvemos a poner. No tenemos d¨®nde ir", sentenci¨® ayer Aliou Traore, maliense de 29 a?os, que explica que la Guardia Civil ha avisado en dos ocasiones a los m¨¢s de 100 inmigrantes de su asentamiento, ubicado entre Mazag¨®n y Palos, de que recojan sus pertenencias porque "muy pronto" van a destruirlo. La mayor¨ªa proceden de Mali, Costa de Marfil, Senegal y Ghana. Se encuentran sin trabajo y, casi todos, sin papeles.

Los productores del sector denuncian la "mala imagen" de los asentamientos

La interprofesional andaluza, Interfresa, que engloba al 100% de productores y comercializadores de la fresa, acudi¨® recientemente a la Fiscal¨ªa de Huelva para presentar un escrito formal en el que denunciaba el "da?o irreparable" que la presencia de estas chabolas han causado al sector. Ped¨ªan su desmantelamiento. A los empresarios les preocupa, aseguran, el drama humano pero tambi¨¦n "la mala imagen" de los inmigrantes deambulando por los campos, que ha podido influir en la campa?a de desprestigio que se ha llevado en Europa en los ¨²ltimos meses (con las consiguientes p¨¦rdidas econ¨®micas). En Francia y Alemania se emitieron varios programas contra la supuesta explotaci¨®n de temporeras.

Interfresa lamenta que se haya identificado a los empresarios como "los culpables de este drama". Por otro lado, el Ayuntamiento de Moguer (PP), en cuyo t¨¦rmino municipal se agrupan decenas de campamentos, denunci¨® en Subdelegaci¨®n "la concentraci¨®n de un centenar de construcciones verdaderamente tercermundistas" en la zona de las Jarras, ¨¢rea completamente rodeada de plantaciones freseras. Un comunicado del ayuntamiento, muy detallado, ofrec¨ªa las razones por las que las chabolas deben desaparecer: "Con el final de la campa?a y la llegada del calor, estos campamentos ilegales que no re¨²nen las condiciones m¨ªnimas para vivir, se convierten cada a?o en focos de contaminaci¨®n donde proliferan los insectos par¨¢sitos como pulgas o garrapatas, detect¨¢ndose en muchas ocasiones la presencia de ratas y otros animales carro?eros que suponen un evidente riesgo para la salubridad de las propias personas y para la preservaci¨®n de medio natural".Despu¨¦s se anunciaba que los desmantelamientos seguir¨ªan "toda la semana"

con el mismo procedimiento: "Mediante una pinza adosada a un tractor, se realiz¨® el levantamiento de decenas de estas chabolas, cuyos restos fueron recogidos por trabajadores de Emvisur, retir¨¢ndose posteriormente por una empresa de tratamiento de residuos para su posterior reciclaje".

Mientras tanto, los inmigrantes se encog¨ªan ayer de hombros y contestaban con rotundidad. "No podemos coger un autob¨²s a otra provincia porque no hay dinero. Tampoco regresar a ?frica, que es peor", razon¨® un chico de Ghana de 23 a?os. Las mantas, pl¨¢sticos, palos y cuerdas que usan para hacer las chabolas estaban en el suelo, preparados por si hoy vienen los tractores. "Si lo ven todo en el suelo, quiz¨¢s no hacen nada", pens¨® Ben Diakite, maliense de 26.

Los m¨¢s de 60.000 temporeros (en su mayor¨ªa mujeres) que participaron en la recolecci¨®n durante casi cinco meses vuelven a sus casas en estos d¨ªas (tanto en Espa?a como en Ruman¨ªa o Polonia). Los campos se espolean para que la tierra se recupere. Pero los subsaharianos no tienen un lugar al que regresar. Ni un puesto de trabajo al que acudir. Algunos han conseguido alg¨²n dinero echando una mano con la fresa. "35 euros por un d¨ªa", detall¨® Aliou Traore, que muestra su permiso de trabajo. Ahora quiere marcharse a Valencia. A los dem¨¢s no los contrataron porque las multas ascienden a 60.000 euros.

Desde un punto de vista penal, no se puede hacer mucho. "Si los terrenos son privados o del Ayuntamiento, est¨¢ claro que el due?o de la finca o el propio Ayuntamiento puede echar a estas personas. Pero nada m¨¢s", zanjaron fuentes judiciales. La Subdelegaci¨®n del Gobierno recalca que est¨¢ obligada a actuar si se producen denuncias. Voluntarios de Cruz Roja y de C¨¢ritas han acompa?ado en la evacuaci¨®n. Les han proporcionado bolsas de comida (arroz, pasta y leche) y han tratado de comunicar con sus allegados en Espa?a o en ?frica. Pero no a muchos les quedan familiares y los que tienen, no contestan.