Una ley en tiempos de fuerte crisis

El proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnolog¨ªa y la Innovaci¨®n ha llegado al Parlamento. Ha sido un texto de elaboraci¨®n larga y dif¨ªcil y que no tiene el consenso de algunos de los actores a los que va dirigido, como las sociedades cient¨ªficas o los sindicatos. Ciertamente, una lectura de la ¨²ltima versi¨®n deja la impresi¨®n de un texto que, a fuerza de querer incluir temas y de negociar con diferentes grupos, no acaba contentando a nadie. Y en ¨¦l no figura un modelo claro de c¨®mo se puede gestionar la ciencia espa?ola y ponerla al servicio del conjunto de nuestra sociedad.

El texto, si cambios pol¨ªticos de mayor envergadura no acaban provocando algo distinto, ser¨¢ examinado en el actual contexto de crisis econ¨®mica. Se supone que las crisis son la oportunidad para optimizar los recursos. Ya sea en la discusi¨®n de enmiendas o en el desarrollo posterior de la ley, se deber¨ªan presentar ocasiones para que esta perspectiva se tuviera en cuenta.

La ¨²ltima reforma del CSIC no ha conseguido un funcionamiento m¨¢s acorde a sus necesidades

Entre los cient¨ªficos hay quienes piensan que mejor ser¨ªa no tener ninguna ley

El texto del proyecto de ley es largo, ocupa 44 p¨¢ginas del Bolet¨ªn Oficial de las Cortes Generales y comienza con un largo pre¨¢mbulo destinado a justificar la necesidad de la reforma de la vigente ley de 1986. Muchos estaremos de acuerdo en que esta ley funcion¨® bien, pero ha quedado superada por el desarrollo de la ciencia en Espa?a y por los cambios del entorno europeo y auton¨®mico. Pero tambi¨¦n la legislaci¨®n del Estado ha ido cambiando y, en muchos casos, ha introducido normas que entorpecen la actividad cient¨ªfica. De hecho, hasta 19 disposiciones adicionales, cinco transitorias y 11 finales de la nueva ley est¨¢n dedicadas a modificar leyes existentes. Una actividad cient¨ªfica moderna necesita reglas distintas de las que rigen la Administraci¨®n del Estado y cuya aplicaci¨®n hace que se pierdan recursos por todas partes. Es probablemente la parte m¨¢s ¨²til de la misma y justifica que se presente el texto. Pero el resto de disposiciones no parecen seguir la misma regla. Un an¨¢lisis pormenorizado de un texto tan prolijo es casi imposible, pero basta considerar unos ejemplos para indicar las limitaciones del texto.

Si nos planteamos que los recursos de las instituciones p¨²blicas dedicados a investigaci¨®n se gasten eficientemente, debemos asegurarnos que su distribuci¨®n sea lo m¨¢s eficaz posible. No hay mayor despilfarro que financiar malos proyectos, financiar mal los buenos proyectos o hacer perder tiempo y energ¨ªa a gestores e investigadores en procedimientos pensados para otras funciones. Esto es lo que puede estar ocurriendo en la actualidad con la gesti¨®n que se lleva a cabo directamente por el Ministerio. Una agencia bien dise?ada podr¨ªa ser un marco m¨¢s adecuado para una gesti¨®n de calidad, transparente y ¨¢gil de los recursos dedicados a la ciencia con el m¨ªnimo esfuerzo econ¨®mico y de personal. Ejemplos como la Organizaci¨®n Europea de Bilog¨ªa Molecular (EMBO) o el European Research Council deber¨ªan convencer a todos de que entidades independientes y ¨¢giles son m¨¢s eficientes y baratas a la hora de gestionar recursos. Lo curioso es que una Agencia de Evaluaci¨®n, Financiaci¨®n y Prospectiva de la Investigaci¨®n ya fue creada en la Ley de Agencias el a?o 2006. Parece que la oposici¨®n de algunos Ministerios impidi¨® su puesta en marcha. Nada parece garantizar que esta vez no ocurrir¨¢ lo mismo.

Una parte muy importante de la ley es la dedicada al personal. Se crean nuevas figuras contractuales; sin embargo, el mensaje que se transmite es que el personal cient¨ªfico y t¨¦cnico de la investigaci¨®n realizada en organismos dependientes del Estado depender¨¢ principalmente en la funci¨®n p¨²blica. Y no se habla del personal de gesti¨®n de la investigaci¨®n, que se supone es tambi¨¦n funcionario.

La experiencia ha demostrado que en la funci¨®n p¨²blica ni los actuales procesos de selecci¨®n garantizan que el personal cient¨ªfico o t¨¦cnico sea el adecuado, ni su estatuto les permite la motivaci¨®n y la flexibilidad que ser¨ªan necesarias para responder a las necesidades actuales. En los organismos p¨²blicos de investigaci¨®n se abonan cada mes miles de n¨®minas de personal mal pagado y sin perspectivas profesionales. Si, adem¨¢s, tenemos en cuenta que en los pr¨®ximos a?os la funci¨®n p¨²blica va a disminuir de tama?o, es dif¨ªcil pensar c¨®mo se van a cubrir las necesidades de personal en una ciencia que queremos din¨¢mica.

Deber¨ªa ser posible proponer que los centros adoptaran sistemas de contrataci¨®n con todas las garant¨ªas que fueran necesarias, que est¨¦n adaptados a sus necesidades y que pueden ser m¨¢s atractivos para los trabajadores de la ciencia a sus diferentes niveles.

En la ley hay tambi¨¦n cap¨ªtulos destinados a la reestructuraci¨®n de los Organismos P¨²blicos de Investigaci¨®n. Los Centros son la base esencial de la investigaci¨®n. Hoy se han creado centros por parte de las Universidades, los hospitales o las Comunidades Aut¨®nomas. El Estado tiene los Organismos P¨²blicos de Investigaci¨®n, el m¨¢s grande de los cuales es el Centro Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC).

La ¨²ltima reforma en el CSIC y su paso a un estatuto de Agencia Estatal no ha conseguido un funcionamiento m¨¢s acorde con sus necesidades. Se intuye que la voluntad es que se produzca una fusi¨®n de varios de ellos, que ha tenido ya su consecuencia reciente en la eliminaci¨®n de varias direcciones generales. Algunos de estos organismos tienen funciones de ejecuci¨®n de investigaci¨®n, otros de asesoramiento o de gesti¨®n de proyectos. Llevar a cabo una reforma tan radical de forma eficiente implicar¨ªa partir de definir cu¨¢l es la misi¨®n que se encarga a estos organismos, cu¨¢l es su relaci¨®n con los otros actores de la investigaci¨®n y c¨®mo se puede hacer para que se priorice la excelencia cient¨ªfica en ellos, algo que su actual estructura no favorece. No hay nada de ello en la ley, lo que parece indicar que se necesitar¨¢ alg¨²n tipo de disposici¨®n posterior para aclararlo.

Entre los cient¨ªficos hay quienes piensan que la ley no hubiera debido presentarse en esta forma o incluso que mejor ser¨ªa ninguna ley. Otros observan con fatalismo que el Ministerio de Ciencia e Innovaci¨®n aparece rutinariamente en la lista de Ministerios que van a suprimirse. Si esto fuera as¨ª, y puede haber razones para ello, estar¨ªamos en la tercera reorganizaci¨®n en esta legislatura, tras dos equipos en la anterior y cinco equipos y tres Ministerios en los ocho a?os de Gobiernos del PP. La inestabilidad no ayuda en una actividad a largo plazo como es la ciencia.

Seguramente, era esperable que, tal como hizo la ley anterior, este nuevo texto hubiera tenido la ambici¨®n de delimitar claramente las funciones de los diferentes actores pol¨ªticos, de gesti¨®n, de ejecuci¨®n y de transferencia de la investigaci¨®n en el nuevo marco en el que nos encontramos para poner la creciente riqueza de la ciencia espa?ola al servicio de la sociedad espa?ola. M¨¢s bien se ha buscado un texto posible con multitud de peque?os arreglos.

Los tiempos que se avecinan no son f¨¢ciles. Los pa¨ªses en los que la ciencia y la tecnolog¨ªa cuentan, como Estados Unidos o Alemania, han dejado fuera de los recortes a la investigaci¨®n. Pero todos sabemos que hay que optimizar todos los recursos al m¨¢ximo. Las viejas estructuras est¨¢n impidiendo que el desarrollo de la ciencia espa?ola se haga de forma eficiente y flexible en estrecho contacto con la ciencia universal y con las necesidades de nuestra sociedad.

Algunos aspectos de la presente ley van en esta direcci¨®n, pero no todos. El tr¨¢mite parlamentario parece muy r¨¢pido. Si en este tiempo hay posibilidades de mantener lo m¨¢s valioso y eliminar los aspectos m¨¢s discutibles, la ley puede ser ¨²til. Si no es as¨ª, es probable que se acabe aplicando parcialmente o que requiera ajustes posteriores. Y en este caso, todos habremos perdido el tiempo que, como todos sabemos, es oro. En las actuales circunstancias esto es algo que no podemos permitirnos.

Pere Puigdom¨¨nech es profesor de Investigaci¨®n del CSIC.