La Xunta legaliza 11 chal¨¦s de Viveiro con orden de demolici¨®n

Fue uno de esos acuerdos que el presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, anuncia -sin detenerse mucho- en la rueda de prensa posterior a sus reuniones de Gobierno y por los que los periodistas no puede preguntar, porque -a diferencia de lo que suced¨ªa con Emilio P¨¦rez Touri?o y con Manuel Fraga- los medios solo reciben por escrito los acuerdos del Consello cuando ya ha concluido la comparecencia del presidente. Esa f¨®rmula permite a Feij¨®o obviar preguntas inc¨®modas sobre cualquier medida impopular que avale su Ejecutivo.

Como el pasado 3 de junio, cuando ¨¦l mismo pas¨® de puntillas sobre el decreto que la Xunta aprob¨® ese d¨ªa para modificar la ordenaci¨®n urban¨ªstica del Ayuntamiento de Viveiro. Feij¨®o despach¨® el asunto en medio minuto, aleg¨® que el acuerdo busca profundizar en la "colaboraci¨®n institucional" y anunci¨® siete "matizaciones" al decreto del bipartito para adaptar las normas urban¨ªsticas de este municipio de A Mari?a a la legislaci¨®n actual.

La ex conselleira vet¨® las casas contra el criterio del alcalde, tambi¨¦n socialista

Feij¨®o evit¨® explicar las consecuencias de la medida cuando la aprob¨®

Pero el documento aprobado por la Xunta a propuesta del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, corrige algo m¨¢s que matices a la norma que el bipartito dict¨® para suspender las vetustas normas subsidiarias que guiaban el urbanismo en la localidad lucense. Seg¨²n figura en la norma publicada el pasado 10 de junio en el Diario Oficial de Galicia, uno de los art¨ªculos del decreto servir¨¢ para legalizar 11 chal¨¦s unifamiliares construidos sobre un suelo que la anterior conselleira de Pol¨ªtica Territorial, Mar¨ªa Jos¨¦ Caride, calific¨® como r¨²stico y por tanto vedado a las viviendas unifamiliares.

El bipartito determin¨® que, como las fincas ten¨ªan la calificaci¨®n de urbanizables en las normas subsidiarias que quedaron suspendidas, desde ese momento pasaban a ser consideradas suelo r¨²stico. Y siguiendo ese criterio, meses despu¨¦s dict¨® ¨®rdenes de demolici¨®n contra esas 11 edificaciones, seis de las cuales son propiedad de particulares, adem¨¢s de una urbanizaci¨®n de cinco chal¨¦s promovida por la constructora Cathering Viveiro en el lugar de Aguadoce.

La decisi¨®n del bipartito choc¨® ya entonces con el criterio del alcalde Viveiro, el socialista Melchor Roel, que hab¨ªa concedido siete licencias para edificar los chal¨¦s en esa zona del municipio. Las diferencias entre el departamento que dirig¨ªa Mar¨ªa Jos¨¦ Caride y el regidor socialista acabaron en el juzgado de lo contencioso, que ahora debe fallar sobre la legalidad de aquellos permisos municipales. Son los tribunales los que deber¨¢n dirimir despu¨¦s de que los propietarios de las casas recurrieran las ¨®rdenes de demolici¨®n.

La conseller¨ªa de Hern¨¢ndez, que apoya su decisi¨®n sobre un acuerdo previo de la Comisi¨®n Superior de Urbanismo de Galicia, rectifica ahora a sus antecesores, para colocarse del lado del alcalde de Viveiro. El art¨ªculo octavo de su decreto, que sustituye al que el bipartito aprob¨® en junio de 2006, otorga la calificaci¨®n de n¨²cleos rurales a esos suelos antes delimitados como r¨²sticos y que desde el pasado 11 de junio pasan a incluirse dentro de la ordenanza.

El cambio es sustancial, puesto que la Xunta sigue siendo parte en el conflicto que debe dirimir el juez. De hecho, hasta ahora defend¨ªa la legalidad de las ¨®rdenes de demolici¨®n dictadas durante la legislatura anterior. Una posici¨®n incompatible con la decisi¨®n pol¨ªtica de legalizar las construcciones. La exposici¨®n de motivos de la norma publicada en el DOG la pasada semana argumenta que el nuevo texto pretende "enmendar una serie de anomal¨ªas, defectos y dificultades detectadas a la hora de aplicar el decreto hasta la entrada en vigor del futuro plan general", para el que todav¨ªa no hay fecha.