La polic¨ªa no halla pruebas del supuesto juicio isl¨¢mico de Tarragona

Los casi 3.000 folios del sumario del caso del supuesto tribunal isl¨¢mico de Valls (Tarragona), que habr¨ªa condenado a una mujer a morir, no incluye pruebas de cargo contra los acusados, seis de los cuales pasaron cuatro meses en prisi¨®n preventiva.

Las pesquisas, que arrancaron en marzo de 2009 tras la denuncia de la supuesta v¨ªctima, se resumen en un informe policial de diciembre de ese a?o que sit¨²a a uno de los l¨ªderes de la mezquita local, Rachid E., de 38 a?os, en el eje impulsor de una trama que pretend¨ªa implantar la ley isl¨¢mica en la zona. Pero basa las acusaciones en meras hip¨®tesis a partir de los "marcados" v¨ªnculos salafistas del imputado, adem¨¢s de la denuncia inicial.

La interpuso una marroqu¨ª de 28 a?os, que asegur¨® haber sido condenada a muerte en una mas¨ªa de Valls por una veintena de musulmanes tras haberse quedado embarazada de un hombre que no era su pareja. Los Mossos se basan en este testimonio y en la ideolog¨ªa salafista del cabecilla de la mezquita de Valls, arrendatario de la mas¨ªa, para fijar su "convencimiento" de que los detenidos hab¨ªan instaurado un tribunal isl¨¢mico.

Libertad sin fianza

Los nueve imputados fueron arrestados el pasado 14 de noviembre acusados de detenci¨®n ilegal y tentativa de homicidio. Seis de ellos no quedaron en libertad sin fianza hasta el 12 de marzo, cuando la denunciante plant¨® al juez por tercera ocasi¨®n consecutiva. Cinco semanas antes, los imputados hubieran podido salir bajo una fianza de 6.000 euros, cantidad que no pudieron reunir.

Los esfuerzos judiciales se centran ahora en localizar a la denunciante. "Huy¨® por miedo cuando recibi¨® la primera citaci¨®n judicial", explicaron sus padres en marzo desde Marruecos. La responsable del centro de acogida al que fue trasladada la mujer tras la denuncia mostr¨® ante el juez sus dudas sobre su salud mental. Explic¨®, por ejemplo, que se negaba a compartir la leche por miedo a ser envenenada.

Durante los casi nueve meses de rastreo policial se intervinieron 25 tel¨¦fonos y se hicieron seguimientos a una docena de sospechosos. Estas medidas s¨®lo constataron que los imputados formaban una red pr¨®xima a la indigencia y dedicada a trapichear con coches de segunda mano y, quiz¨¢, algo de hach¨ªs.