Interior identifica en un informe a 888 afectados por terrorismo sin indemnizar

M. J. A., v¨ªctima del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona, de junio de 1987, recibi¨® recientemente una llamada de la Direcci¨®n General de Apoyo a las V¨ªctimas del Terrorismo, que le notific¨® que ten¨ªa derecho a cobrar una indemnizaci¨®n de 60.000 euros por resultar herida. Residente en Galicia, con 80 a?os y muchas ganas de olvidar, pens¨® que era una broma de mal gusto y acudi¨® a la comisar¨ªa. Su sorpresa fue may¨²scula cuando le confirmaron que la notificaci¨®n era cierta.

M. J. A. es una de las 888 v¨ªctimas directas del terrorismo que -ellas o sus familias- no fueron indemnizadas por desconocer sus derechos, seg¨²n el informe de ese organismo dependiente del Ministerio del Interior, a partir de las sentencias de la Audiencia Nacional desde 1978. 26 han fallecido.

La mayor¨ªa de sentencias (el 80,9%) corresponden a ETA. Le sigue GRAPO, con el 12,8%. El resto de grupos (GAL, Terra Lliure, etc.) suman el 6,3%. El coste de las indemnizaciones pendientes ascender¨¢ a 7.422.274 euros.

Entre las v¨ªctimas sin indemnizar figuran las de atentados de ETA tan lejanos en el tiempo y emblem¨¢ticos como el de la central nuclear de Lem¨®niz (Vizcaya), la cafeter¨ªa California 47 de Madrid, la Expo de Sevilla y los Juegos Ol¨ªmpicos de Barcelona.

Esta historia se inici¨® en junio de 2007 con motivo del 20? aniversario del atentado de Hipercor (21 muertos). En el acto, los representantes de la Asociaci¨®n Catalana de V¨ªctimas de Organizaciones del Terrorismo avisaron al ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, que hab¨ªa v¨ªctimas sin indemnizar.

Rubalcaba encarg¨® una investigaci¨®n, que confirm¨® que 11 personas, algunas de ellas heridas graves, desconoc¨ªan sus derechos al no estar asociados o carecer de representaci¨®n en el proceso que termin¨® en la sentencia de 2003. La Administraci¨®n no act¨²a de oficio, sino que son las v¨ªctimas las que deben pedir la indemnizaci¨®n (que incluye una medalla de reconocimiento). Tienen un a?o de plazo tras el atentado y seis a partir de la sentencia.

La conclusi¨®n del Gobierno fue que, si v¨ªctimas de un atentado tan conocido desconoc¨ªan sus derechos, pod¨ªa haber muchos m¨¢s casos. La investigaci¨®n posterior concluy¨® que eran 888 personas, a partir de 841 sentencias.

Aunque la ley exige que la indemnizaci¨®n sea reclamada por la v¨ªctima, la Abogac¨ªa del Estado confirm¨® que el plazo no se hab¨ªa agotado porque los afectados desconoc¨ªan sus derechos.

La Direcci¨®n de V¨ªctimas se puso entonces a localizarlas. Hasta ahora han sido reparadas solo 200, entre ellas los familiares de ocho muertos, con un total de 2.639.193 euros. Esta tarea de b¨²squeda no es f¨¢cil por el paso del tiempo (en algunos casos, hasta 30 a?os) y los cambios de domicilio. La polic¨ªa ha facilitado datos sobre el ¨²ltimo domicilio en el que renovaron el DNI. A partir de ah¨ª, se les llam¨® para explicarles sus derechos.

Las v¨ªctimas tienen derecho, adem¨¢s de a la indemnizaci¨®n tasada, a una pensi¨®n extraordinaria para los casos de incapacidad o viudedad, que suma el doble de lo normal. Hay otros beneficios, como becas para sus hijos y la concesi¨®n de la Gran Cruz a los fallecidos y la Encomienda a los heridos.