La Pachamama contra el Estado

Las poblaciones ind¨ªgenas peruanas est¨¢n, una vez m¨¢s, indignadas. Un a?o despu¨¦s del estallido de violencia en la localidad amaz¨®nica de Bagua -que caus¨® 33 muertes y un polic¨ªa desaparecido-, el Estado ha tomado nuevamente una decisi¨®n que, eventualmente, podr¨ªa ponerlas en pie de guerra. El Ejecutivo de Alan Garc¨ªa acaba de vetar un proyecto de ley que consagra el derecho de los nativos a ser consultados sobre cualquier decisi¨®n estatal sobre concesiones para desarrollar proyectos de infraestructuras, mineros o energ¨¦ticos en a sus territorios.

"Denunciamos el prop¨®sito del Gobierno de perpetuar la imposici¨®n de proyectos de extracci¨®n de recursos naturales contra la voluntad soberana de los pueblos ind¨ªgenas", ha se?alado AIDESEP, la coordinadora que agrupa a la mayor cantidad de poblaciones ind¨ªgenas de la Amazonia peruana, y que ha anunciado que tomar¨¢ acciones para defender sus derechos.

Lima se resiste a que los indios puedan vetar planes de infraestructuras

Garc¨ªa asegur¨® que su Gobierno defiende que se le consulte a los ind¨ªgenas, pero consider¨® que este derecho debe darse preservando los intereses nacionales y no s¨®lo el de un peque?o sector. Los ind¨ªgenas aseguran que el veto a la norma es una demostraci¨®n m¨¢s de que el Gobierno est¨¢ decidido a atropellar sus derechos, siguiendo la doctrina del "perro del hortelano", en alusi¨®n a un art¨ªculo escrito por Garc¨ªa al inicio de su Gobierno en el que criticaba las trabas que pon¨ªan diversos sectores a la inversi¨®n. "Hab¨ªa un avance significativo en la nueva ley", destaca el analista Jos¨¦ de Echave, quien se?ala que en Per¨² el derecho a consulta de los pueblos ind¨ªgenas no est¨¢ contemplado en la Constituci¨®n.

Ecuador y Bolivia s¨ª lo consagran, lo que no quiere decir que no tengan problemas. En Ecuador, el Gobierno del presidente Rafael Correa est¨¢ enfrentado a las comunidades ind¨ªgenas por la Ley de Recursos H¨ªdricos, conocida como Ley de Aguas. El texto prev¨¦ la instauraci¨®n de una Autoridad ?nica del Agua (AUA), liderada por una secretar¨ªa nacional designada por el presidente de la naci¨®n, para dirigir las pol¨ªticas h¨ªdricas p¨²blicas. Pero los ind¨ªgenas sostienen que la normativa supone una "privatizaci¨®n" del agua y demandan que las comunidades ind¨ªgenas y sectores sociales tengan voz y voto en la AUA. El Gobierno se niega y los ind¨ªgenas marcharon sobre Quito para protestar.

Mientras tanto, en Bolivia, el presidente Evo Morales promulg¨® ayer la ley que consagra la "justicia ind¨ªgena". La ley fue aprobada la noche del mi¨¦rcoles por la mayor¨ªa del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Gobierno, en el Senado sin tener en cuenta las propuestas ni cr¨ªticas de los opositores, que ped¨ªa que la normativa estableciera claramente que la "justicia ind¨ªgena" quedaba sujeta al control del Estado y que se establecieran sus l¨ªmites.

La llamada "justicia comunitaria" ha sido criticada en los ¨²ltimos meses porque en su nombre los ayllus o jefes ind¨ªgenas de Potos¨ª ordenaron la tortura y el linchamiento, en mayo pasado, de cuatro polic¨ªas tras acusarlos de cometer delitos en su zona. Aparte, se registraron otras ejecuciones de supuestos delincuentes en el resto del pa¨ªs. Ahora el Parlamento tiene 180 d¨ªas para regular los campos de acci¨®n de la justicia "ordinaria" y los de la ind¨ªgena.