El bienio negro de un Gobierno bajo sospecha
Los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n en el 'caso G¨¹rtel' y del espionaje pol¨ªtico en el PP marcan los dos ¨²ltimos a?os del Ejecutivo de Esperanza Aguirre
El Gobierno de Esperanza Aguirre anda malherido por las andanzas de esp¨ªas y corruptos que deambularon a sus anchas hasta hace dos a?os por la Comunidad de Madrid. La gesti¨®n de Aguirre y sus consejeros est¨¢ bajo sospecha (1). Los tribunales de justicia investigan delitos relacionados con la prevaricaci¨®n, el tr¨¢fico de influencias, la informaci¨®n privilegiada o la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos en la Comunidad de Madrid.
Pese a estos antecedentes, las expectativas electorales de Aguirre y los suyos no pueden ser m¨¢s altas (2). Nadie hace sombra a la presidenta. Con un PSOE desdibujado y envuelto en terribles dudas, y una IU en estado de letargo, el PP se las promete muy felices en mayo de 2011, fecha de las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas, pese a que caen chuzos de punta sobre su honorabilidad.
Rajoy investig¨® el espionaje y Aguirre aire¨® juego sucio del tesorero nacional
Cuatro alcaldes del PP enriquecieron a la red corrupta de Francisco Correa
Alg¨²n miembro del Ejecutivo cuenta la misma versi¨®n que la ex mujer de Gam¨®n
La investigaci¨®n no ha averiguado a¨²n qui¨¦n del Gobierno orden¨® espiar
Aguirre gobierna con su mayor¨ªa absoluta en Madrid sin admitir apenas el control de la oposici¨®n (3) y con un absoluto control sobre la televisi¨®n auton¨®mica.
En su segundo mandato (2007-2011), con una mayor¨ªa absoluta muy holgada, con m¨¢s poder que nunca y con la oposici¨®n casi de retirada buscando nuevos l¨ªderes, Aguirre va cuesta abajo y se mueve de esc¨¢ndalo en esc¨¢ndalo. En los ¨²ltimos dos a?os, la presidenta se ha asomado al precipicio del descr¨¦dito social por las acciones de su Gobierno.
Tras arrasar en las elecciones auton¨®micas de 2007 y coquetear con la idea de liderar el PP tras la segunda derrota electoral de Rajoy en marzo de 2008, Aguirre asiste ahora al desmoronamiento de su Ejecutivo a base de mediocres conspiraciones -unos consejeros descalifican a otros por ambiciosos o corruptos e intentan ganar puntos para escalar posiciones en el Gobierno-, de espionajes infames para arruinar la vida de los adversarios de Aguirre -a Cobo y a Prada les siguieron agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid en las semanas previas al congreso del PP que gan¨® Rajoy- y corruptelas relacionadas con el ama?o en la adjudicaci¨®n de contratos a la trama empresarial que dirig¨ªa Francisco Correa.
Los males que sufre el Ejecutivo de Aguirre no son exclusivos del PP en la Administraci¨®n aut¨®noma, sino que afectan a municipios importantes de la Comunidad de Madrid donde gobernaban alcaldes aguirristas (4) tambi¨¦n salpicados por la corrupci¨®n. Esos regidores facilitaron negocios de decenas de millones de euros en contratos adjudicados a la red de Francisco Correa y a sus empresas afines a cambio de comisiones ilegales, televisores de plasma, coches de lujo y viajes ex¨®ticos, seg¨²n la investigaci¨®n judicial. Desde adjudicaciones del servicio de recogida de basura hasta ventas de suelo p¨²blico, los Ayuntamientos regidos por el PP llevaban a?os enriqueciendo a Correa y los suyos.
En alg¨²n caso, como ocurri¨® con el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, uno de los principales imputados en el caso G¨¹rtel, Aguirre le quit¨® la alcald¨ªa porque sospechaba de su conducta, pero le dio un puesto mejor remunerado en una de las numerosas empresas p¨²blicas de la Comunidad de Madrid.
Acorralado por los esc¨¢ndalos, el Gobierno de Esperanza Aguirre siempre busc¨® v¨ªas de escape sin importarle el precio. La presidenta despidi¨® a los imputados del caso G¨¹rtel antes que nadie, pero no hizo lo mismo con los del caso esp¨ªas. Hay cinco imputados y, hasta el pasado mi¨¦rcoles, todos segu¨ªan trabajando a sueldo de la Comunidad de Madrid. Hoy, cuatro de ellos siguen en n¨®mina.
Cuando EL PA?S destap¨® el esc¨¢ndalo del espionaje a los adversarios de la presidenta dentro del partido, el Ejecutivo aut¨®nomo sali¨® en tromba para desacreditar la informaci¨®n con insultos al peri¨®dico y mentiras que la investigaci¨®n judicial puso al descubierto (5).
Cuando el que fue tesorero nacional del PP, ?lvaro Lapuerta, denunci¨® que a ¨¦l tambi¨¦n le espiaban desde la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional de Aguirre respondi¨® con fiereza. A los pocos d¨ªas, el Ejecutivo madrile?o aire¨® supuestas presiones que hab¨ªa recibido de Lapuerta para adjudicar contratos p¨²blicos a empresarios afines al PP. Ignacio Gonz¨¢lez, vicepresidente auton¨®mico y mano derecha de Aguirre, dise?¨® la estrategia y facilit¨® la informaci¨®n, seg¨²n cuentan sus compa?eros.
Cuando el PP abri¨® una investigaci¨®n sobre el espionaje a Cobo y a Prada, el equipo de Aguirre amenaz¨® m¨¢s con tirar de la manta y denunciar m¨¢s maniobras de Lapuerta para beneficiar a determinados empresarios con contratos de la Comunidad de Madrid. El efecto fue inmediato. Rajoy renunci¨® al pulso y acab¨® cerrando su investigaci¨®n sin tomar ninguna medida.
Para desacreditar a Prada, al que Aguirre ech¨® de su Gobierno, la Consejer¨ªa de Interior lleg¨® a facilitar facturas de gastos de comida del ch¨®fer del ex vicepresidente auton¨®mico en un hotel de Le¨®n. La Consejer¨ªa de Interior entreg¨® esa documentaci¨®n a medios que intentaban tapar el esc¨¢ndalo demostrando que los partes del espionaje eran falsos. Pero la polic¨ªa encargada de la investigaci¨®n demostr¨® la autenticidad de los partes y afirm¨® que los ex guardias civiles eran autores de los seguimientos al ex vicepresidente (6).
A Francisco Granados, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, el descubrimiento de los tel¨¦fonos de los ex guardias civiles en los lugares del espionaje a Prada y Cobo le incomod¨® especialmente, pues le apuntaba directamente como jefe de los esp¨ªas, al ser la persona que hab¨ªa contratado a esos agentes como asesores.
El d¨ªa que se conoci¨® el primer informe sobre los posicionamientos telef¨®nicos de los agentes, Granados contest¨® a la llamada de EL PA?S y asegur¨® que, adem¨¢s de los ex guardias civiles que ¨¦l fich¨®, tambi¨¦n hab¨ªa ex polic¨ªas nacionales en el equipo que segu¨ªa los pasos a Prada y que le extra?aba que no aparecieran en el informe. Granados desviaba as¨ª la responsabilidad de los seguimientos hacia quien hab¨ªa contratado a esos ex polic¨ªas, que no era otro que Sergio Gam¨®n, ex director general de Seguridad fichado expresamente por Esperanza Aguirre.
Como sosten¨ªa Granados, el informe ten¨ªa un olvido: adem¨¢s de los tres ex guardias civiles hab¨ªa un ex polic¨ªa que sigui¨® a Prada y que hab¨ªa sido fichado por Gam¨®n. Ese agente a¨²n no ha sido imputado por la juez.
?Qui¨¦n dio la orden de espiar a Cobo y a Prada? El consejero de Interior, responsable de los agentes que espiaron, es Francisco Granados. La persona que contrat¨® al jefe de los esp¨ªas es Esperanza Aguirre. A estos dos sospechosos se suma un tercero. Una testigo de excepci¨®n, Yolanda Laviana, casada con Gam¨®n hasta 2008, escuch¨® las conversaciones de su ex marido con Ignacio Gonz¨¢lez, vicepresidente auton¨®mico, para darle cuenta de sus avances en distintas investigaciones, algunas relacionadas con el espionaje a Prada. As¨ª lo ha declarado a EL PA?S y est¨¢ dispuesta a hacerlo a la juez. Laviana mantiene un litigio judicial con su ex marido a cuenta del divorcio. El Gobierno regional, pese a que alguno de sus miembros sostiene en privado la misma versi¨®n que Yolanda Laviana respecto a Gonz¨¢lez, mantiene ahora que las declaraciones de la ex mujer de Gam¨®n son falsas, pues solo intentan hacer da?o a su ex marido en la disputa judicial que ambos mantienen. Por eso, Aguirre ha despedido a Laviana, a la que proteg¨ªa cuando declaraba a favor del presidente de Telemadrid, acusado por su secretaria de acoso sexual. A la vez que desped¨ªa a Laviana, la presidenta acept¨® o propici¨® la dimisi¨®n de Gam¨®n, al que pagaba desde hace meses por un cargo en el que no ten¨ªa funci¨®n asignada a raz¨®n de 90.000 euros al a?o.
Entre varios esp¨ªas y alg¨²n corrupto, el Gobierno de Aguirre, enfrentado durante un tiempo a la direcci¨®n nacional, enfrentado desde siempre al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n y a su equipo, se deshilacha a la espera de que las elecciones le garanticen cuatro a?os m¨¢s de poder absoluto.
LAS PRUEBAS Y LOS DATOS
- 1. Contrataci¨®n irregular. El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, investiga al Gobierno regional por la adjudicaci¨®n de cientos de contratos sin concurso a la trama empresarial corrupta que dirig¨ªa Francisco Correa. La contrataci¨®n afecta a todas las Consejer¨ªas del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Los peritos de la Intervenci¨®n General del Estado sostienen (sumario 9/09) que se vulneraron las normas de contrataci¨®n en la inmensa mayor¨ªa de las adjudicaciones a empresas de Correa y otras. La juez Carmen Valcarce, de plaza de Castilla, investiga el espionaje pol¨ªtico pagado con fondos p¨²blicos a dos dirigentes del PP, Alfredo Prada y Manuel Cobo, por parte de ex polic¨ªas y ex guardias civiles nombrados como asesores de la Consejer¨ªa de Interior por hombres de la m¨¢xima confianza de Aguirre.
- 2. El PP gana. Todas las encuestas publicadas hasta el momento conceden al PP la mayor¨ªa absoluta en la Comunidad de Madrid. En los peores sondeos para los intereses del PP, la lista que supuestamente encabezar¨ªa Esperanza Aguirre se queda dos esca?os por encima de esa mayor¨ªa absoluta para seguir gobernando en solitario otros cuatro a?os. El PP es el partido m¨¢s votado en la Comunidad de Madrid desde 1991 y gobierna con mayor¨ªa absoluta desde 1995.
- 3. Bloqueo parlamentario. La mayor¨ªa absoluta en la Asamblea de Madrid permiti¨® al PP negar documentaci¨®n fundamental para investigar la trama de espionaje; imponer la comparecencia de cargos municipales que no ten¨ªan nada que ver con los seguimientos a Cobo y Prada; negar la comparecencia de las v¨ªctimas del espionaje y, de manera reiterada, rechazar que el consejero de Interior, Francisco Granados, ofrezca las explicaciones debidas sobre el espionaje. El primer presidente que tuvo la comisi¨®n de investigaci¨®n, Benjam¨ªn Mart¨ªn Vasco, est¨¢ imputado por corrupci¨®n en el caso G¨¹rtel y ha sido expulsado del grupo parlamentario aunque mantiene su esca?o. La mayor¨ªa absoluta del PP impide el control del Ejecutivo por parte de la oposici¨®n que demanda documentaci¨®n que tarda a?os en lograr o pide comparecencias que los populares vetan. El Gobierno de Aguirre adjudic¨® el concurso de concesiones de la Televisi¨®n Digital Terrestre imponiendo unos criterios subjetivos (dio la m¨¢xima nota en pluralidad informativa a canales que solo emiten m¨²sica) para favorecer a medios afines. Los tribunales llegaron a tumbar las adjudicaciones, pero el Gobierno de Aguirre volvi¨® a aprobarlas con id¨¦nticos beneficiarios.
- 4. Corrupci¨®n municipal. Ex alcaldes de Arganda del Rey, Pozuelo de Alarc¨®n, Majadahonda, y Boadilla del Monte est¨¢n imputados en el procedimiento penal 9/09 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el peor delito que puede atribuirse a un pol¨ªtico: el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicaci¨®n de contratos a una trama corrupta. El mismo sumario investiga cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Madrid por parte de quien era concejal de Limpieza, Alberto L¨®pez Viejo, y luego a pas¨® a ser el hombre de confianza de Aguirre, que lo llev¨® a su Gobierno para que le organizara todos los actos institucionales en que participaba.
- 5. Mentiras. El consejero de Interior, Francisco Granados, asegur¨® en la Asamblea de Madrid, y as¨ª figura en el diario de sesiones, que los agentes no hab¨ªan seguido al ex vicepresidente Alfredo Prada. Tambi¨¦n lo dijo el ex director general de Seguridad, Sergio Gam¨®n. Eso mismo hab¨ªan declarado ante la polic¨ªa los ex guardias civiles a los que se orden¨® el espionaje. Pero todas esas mentiras quedaron al descubierto tras conocerse el informe sobre los posicionamientos de los tel¨¦fonos de los esp¨ªas (procedimiento 1891/2009 sobre malversaci¨®n de fondos p¨²blicos). Entonces, el Gobierno de Aguirre se invent¨® una nueva falsedad: los agentes hab¨ªan contravigilado a Prada, aunque no ten¨ªan competencias para ello ni nadie les hab¨ªa dado esa orden, seg¨²n declar¨® Sergio Gam¨®n a la juez. El que fue portavoz del PP y consejero de Sanidad, Juan Jos¨¦ G¨¹emes, hoy directivo de una empresa privada, acus¨® a EL PA?S de "fabricar" los partes de espionaje en la redacci¨®n. Pero el informe caligr¨¢fico oficial que encarg¨® la juez acredita que la letra manuscrita que aparece en los partes de espionaje es de un agente a sueldo de la Consejer¨ªa de Interior. El portavoz parlamentario del PP, David P¨¦rez, y el parlamentario Juan Soler, insultaron a EL PA?S en la sede parlamentaria y acusaron a este medio de comunicaci¨®n de mentir con la ¨²nica intenci¨®n de vender m¨¢s peri¨®dicos. Ninguno ha rectificado a¨²n sus acusaciones.
- 6. Espionaje. Los informes policiales del sumario 1891/2009 que instruye la juez Carmen Valcarce apuntan a la existencia de espionaje pol¨ªtico pagado con fondos p¨²blicos. El primero de los informes, fechado en julio de 2009, se?ala: "[Los tres ex guardias civiles fichados como asesores por el consejero de Interior Francisco Granados] han sido los autores de los partes de seguimiento analizados y, por tanto, los autores de los seguimientos y vigilancias a que dichos partes hacen referencia". Adem¨¢s, el informe recuerda que los tres ex guardias civiles mintieron ante la polic¨ªa: "Todos negaron su participaci¨®n en los hechos, negaron que se hubiera realizado alg¨²n tipo de seguimiento o vigilancia, por parte de alg¨²n funcionario de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra persona". En el informe policial de 22 de marzo de 2010, la polic¨ªa sostiene que "tres tel¨¦fonos [utilizados por los ex guardias civiles fichados por Granados] coinciden en los lugares donde se hallaban los se?ores Prada y Cobo seg¨²n los partes"
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