El fiscal acusa a Fabra de cobrar 300.000 euros por unas gestiones
El presidente del PP de Castell¨®n trat¨® de agilizar licencias para Vicente Vilar
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n mantiene que el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, es autor de los presuntos delitos de tr¨¢fico de influencias, cohecho y fraude fiscal. As¨ª lo explic¨® Luis Pastor el viernes ante el titular del juzgado n¨²mero 1 de Nules, que presidi¨® la vista en la que las partes deb¨ªan concretar las imputaciones, previa a la decisi¨®n de archivar la causa o seguir con el procedimiento.
Seg¨²n el fiscal, Fabra recibi¨® cerca de 300.000 euros por las gestiones realizadas ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad con el fin de tratar de agilizar las autorizaciones para los productos fitosanitarios que fabricaba su entonces amigo Vicente Vilar, el mismo que despu¨¦s le denunci¨® y acus¨® de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores pol¨ªticos. Seg¨²n el fiscal, Vilar le pidi¨® a Fabra que "vali¨¦ndose de su cargo, intermediara y tratara de influir ante los ministerios para la obtenci¨®n de permisos y licencias".
Luis Pastor afirm¨® que Vilar entreg¨® dinero a Fabra "en atenci¨®n por las actuaciones desplegadas por aquel [el presidente de la Diputaci¨®n] ante la Administraci¨®n central a fin de agilizar la tramitaci¨®n y conseguir las autorizaciones para la fabricaci¨®n de productos fitosanitarios". Y concret¨® las gestiones en "diversas reuniones tanto con responsables pol¨ªticos como administrativos".
El fiscal apunt¨® que, por este motivo, Fabra recibi¨®, entre septiembre y octubre de 1999, m¨¢s de 150.000 euros. Posteriormente, y "con el mismo motivo", recibi¨® otros pagos a trav¨¦s de la sociedad Carmacas, que factur¨® al grupo de empresas de Vilar. "So pretexto de unos gen¨¦ricos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo", entre 2000 y 2001, Fabra recibi¨® otros 150.000 euros, con lo que el montante total del dinero entregado por Vilar al dirigente del PP asciende a m¨¢s de 300.000, seg¨²n el fiscal.La Uni¨®n de Consumidores, que representa la acusaci¨®n popular, tambi¨¦n concret¨® el viernes las imputaciones del caso Fabra. En su informe, la acusaci¨®n desgran¨® la trama y concluy¨® que el presidente de la Diputaci¨®n, Carlos Fabra, lleg¨® a recibir m¨¢s de 500.000 euros de Vicente Vilar, el empresario que acus¨® al dirigente del PP de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores pol¨ªticos. A los primeros 150.000 euros que supuestamente le entreg¨® en 1999, la acusaci¨®n popular suma otros 66.000 que presuntamente Vilar "pag¨®" en 2001 "en una bolsa de pl¨¢stico". En su relato detall¨®, adem¨¢s, c¨®mo, a trav¨¦s de distintas empresas de Vicente Vilar, Fabra recibi¨® otros 330.000 euros como "contraprestaciones econ¨®micas", "emitiendo facturas falsas por trabajos inexistentes".
La fiscal¨ªa mantuvo la imputaci¨®n contra Fabra, Vilar y contra la ex esposa de este, Monserrat Vives, por los delitos de tr¨¢fico de influencias y cohecho, pero consider¨® que no hay motivos suficientes para acusar al resto de imputados como autores, c¨®mplices o encubridores, por lo que pidi¨® el sobreseimiento para ellos, excluyendo tambi¨¦n de la acusaci¨®n de dichos delitos a la esposa de Fabra, Mar¨ªa Amparo Fern¨¢ndez.
Por el contrario, la acusaci¨®n popular sostiene que los imputados a los que la fiscal¨ªa no quiere procesar "generaron presiones e influencias, cada uno a su nivel" y que entre todos crearon una "trama criminal" con la "perfecta coordinaci¨®n de todos sus integrantes".
El actual titular del juzgado, Jacobo Pin, tiene as¨ª dos opciones: aplicar la doctrina Bot¨ªn, que establece que si el ministerio fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusaci¨®n particular (que en el caso Fabra no existe), no es posible iniciar un juicio exclusivamente a instancias de la acusaci¨®n popular; o la doctrina Atutxa, que sostiene que cuando se carece de perjudicados concretos y nadie ejerce la acusaci¨®n particular (como en el caso Fabra), la acusaci¨®n popular basta para instar la apertura del juicio aunque el ministerio fiscal no acuse.
En lo que s¨ª coincidieron tanto la fiscal¨ªa como la acusaci¨®n popular es en la imputaci¨®n del matrimonio Fabra por fraude fiscal. Ambos hicieron referencia al informe pericial que destap¨® ingresos millonarios en las cuentas de Fabra y su esposa y una cantidad defraudada a Hacienda, entre 1999 y 2004, de 1,7 millones de euros. La acusaci¨®n popular consider¨®, adem¨¢s, que estos movimientos "no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboraci¨®n de los directores de las oficinas bancarias", por lo que pidi¨® la imputaci¨®n de siete de ellos.
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