Cambio de perspectiva

Cada embarazo no deseado es un fracaso. Siempre para la mujer embarazada y tambi¨¦n, aunque no siempre, para el var¨®n que est¨¢ en el origen del embarazo. Cuando el n¨²mero de embarazos no deseados adquiere un cierto volumen, el fracaso del embarazo no deseado deja de tener una dimensi¨®n exclusivamente personal, para pasar a tener una dimensi¨®n social. Esto es lo que viene ocurriendo desde hace muchos a?os. El n¨²mero de embarazos no deseados viene siendo muy alto y, como consecuencia de ello, tambi¨¦n el n¨²mero de abortos, ya que el aborto no es la causa de que haya embarazos no deseados, sino la consecuencia de los mismos.

Esta es la raz¨®n por la que la tarea del legislador no pueda ser otra que la de hacer una norma que intente conseguir que se reduzca el n¨²mero de mujeres que se queden embarazadas sin desearlo y que, como consecuencia de ello, se practiquen menos abortos. Una norma represiva es la peor de todas las posibles. No solamente no resuelve el problema, sino que lo agrava todav¨ªa m¨¢s, introduciendo riesgos adicionales para la vida o la salud de las mujeres embarazadas que, en ning¨²n caso, deber¨ªan producirse.

Esto es lo m¨¢s importante de la ley que ha entrado en vigor esta misma semana y que no solamente ha sido recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional, sino que ha solicitado incluso que se decida la suspensi¨®n de la norma hasta tanto dicta sentencia. Alg¨²n presidente de comunidad aut¨®noma, como el de Murcia, se ha negado incluso a que la ley se aplique en su comunidad hasta tanto no haya dictado sentencia el Tribunal Constitucional. No deja de ser sorprendente la posici¨®n de este presidente al ser Murcia la comunidad aut¨®noma en la que, en t¨¦rminos relativos, se produce un mayor n¨²mero de embarazos no deseados.

La ley es estatal, entre otras cosas porque es una ley org¨¢nica, que no puede ser dictada por ninguna comunidad aut¨®noma, pero la ejecuci¨®n de la ley s¨ª corresponde a las comunidades aut¨®nomas ya que todas han asumido a trav¨¦s de sus estatutos de autonom¨ªa la competencia en educaci¨®n, sanidad y servicios sociales. Son ellas, por tanto, las que tienen que poner en marcha los programas educativos que permitan a las adolescentes, que es el sector de la poblaci¨®n en el que se producen la mayor parte de los embarazos no deseados, tener el conocimiento que les ayude a evitar quedarse embarazada. As¨ª como tambi¨¦n adoptar las medidas que hagan posible la interrupci¨®n menos traum¨¢tica del embarazo, de tal manera que la operaci¨®n de abortar se reduzca lo m¨¢s posible.

Este es un terreno en el que las pol¨ªticas que est¨¢n poniendo en pr¨¢ctica las comunidades aut¨®nomas son muy distintas. Ser¨ªa conveniente que se produjera una armonizaci¨®n de las mismas, no s¨®lo para que las mujeres se encontraran en situaci¨®n de igualdad independientemente de su comunidad de residencia en un momento tan trascendental de su vida, sino, sobre todo, para que la pol¨ªtica dirigida a la reducci¨®n de embarazos no deseados fuera lo m¨¢s efectiva posible. Una comunidad que desv¨ªa a otras comunidades las operaciones de interrupci¨®n de embarazo, es imposible que est¨¦ poniendo en pr¨¢ctica ninguna pol¨ªtica para evitar que los embarazos no deseados se produzcan y, por tanto, est¨¢ boicoteando la aplicaci¨®n de la ley en lo m¨¢s importante que ella tiene.

Pienso que ser¨ªa tambi¨¦n oportuno, y esto lo digo por Andaluc¨ªa, que fuera la sanidad p¨²blica la que se encargara de hacer reales y efectivas todas las medidas que la ley contempla para hacer frente al problema. Andaluc¨ªa no lo est¨¢ haciendo mal, pero creo que lo puede hacer todav¨ªa mejor.