Un partido de juzgado de guardia

El PP de la Comunidad Valenciana, que dirige Francisco Camps, se enfrenta a una crisis sin precedentes. La reciente imputaci¨®n del presidente del PP de Alicante y de la Diputaci¨®n, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tr¨¢fico de influencias, revelaci¨®n de secretos y actividad prohibida a los funcionarios ha terminado por convertir los problemas con la justicia en el elemento que unifica al PP de la Comunidad Valenciana.

Todo un quebradero de cabeza para el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que tiene a los principales dirigentes del partido en esta autonom¨ªa implicados en distintos sumarios judiciales por corrupci¨®n. Algunos de ellos tan adelantados, que es muy probable que el pr¨®ximo oto?o varios altos cargos del PP valenciano se sienten en el banquillo de los acusados en v¨ªsperas de las elecciones municipales y auton¨®micas.

El ¨²ltimo imputado, Ripoll, es un enemigo declarado del presidente

Los populares siguen con amplias mayor¨ªas en toda la comunidad

La lista de notables con problemas judiciales la encabeza el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por un delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido trajes regalados -y valorados en varios miles de euros- de la trama corrupta G¨¹rtel. Camps est¨¢ imputado en la misma causa junto al ex secretario general del PP regional Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano V¨ªctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo Rafael Betoret. Todos ellos por haber recibido ropa regalada por ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, responsable de Orange Market y representante de la trama corrupta en Valencia.

Una lista a la que, presumiblemente, se a?adir¨¢n otros nombres de cargos aforados del entorno de Camps tras la decisi¨®n del magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia Madrid, de inhibirse en la mayor parte de las cuestiones del caso G¨¹rtel que afectan a la Comunidad Valenciana. Pedreira observa indicios de hasta siete delitos, incluida la financiaci¨®n irregular y el delito electoral, en el auto de inhibici¨®n a favor del TSJ de Valencia, donde menciona los nombres del vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla; del vicesecretario de Organizaci¨®n del PP regional, David Serra, y de la tesorera del partido, Yolanda Garc¨ªa, entre otros.

La lista de imputados la completa el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y del PP provincial, Carlos Fabra, que lleva en esa situaci¨®n desde diciembre de 2003 y que est¨¢ a punto de sentarse en el banquillo como autor de varios supuestos delitos de tr¨¢fico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Un Carlos Fabra que tiene entre su gente de confianza a otro imputado, el vicepresidente segundo, Vicent Aparici, pendiente de que se fije la fecha para ser juzgado por un presunto delito de prevaricaci¨®n medioambiental por el que la fiscal¨ªa solicita siete a?os de prisi¨®n.

Este elevado n¨²mero de altos cargos imputados en casos de corrupci¨®n, en un partido que gobierna con amplias mayor¨ªas absolutas las principales instituciones valencianas desde hace 15 a?os, es lo que ha llevado a Camps a convencerse de que existe "una causa general" contra el PP en la Comunidad Valenciana orquestada por el Gobierno socialista.

Sin embargo, las causas judiciales que han derivado en las distintas imputaciones a pol¨ªticos del PP tienen su origen en hechos y momentos diferentes. La imputaci¨®n de Fabra parte de una denuncia en 2003 del empresario Vicente Vilar, que era amigo personal del presidente del PP de Castell¨®n. La detenci¨®n de Ripoll tiene su origen en las grabaciones incautadas, tras las elecciones de 2007, a ?ngel Fenoll, un empresario vinculado al PP y dedicado a la recogida y tratamiento de las basuras en la comarca de la Vega Baja.

Mientras que la imputaci¨®n a Camps y a su c¨ªrculo de confianza en el Gobierno valenciano y en la direcci¨®n regional parte de la abundante documentaci¨®n incautada durante las pesquisas del caso G¨¹rtel, que se inician a partir de la denuncia de un concejal popular de Madrid y que ponen al descubierto los numerosos negocios que realiz¨® Orange Market y otras empresas de la trama, a partir de 2005, con la Generalitat y el PP valenciano.