Obras con criterio

El ministro de Fomento, Jos¨¦ Blanco, detall¨® ayer en el Congreso su plan de recorte de inversiones que, en s¨ªntesis, supone rescindir 32 grandes proyectos de infraestructuras y retrasar otros 199 proyectos entre uno y cuatro a?os. La austeridad inversora de Fomento es consecuencia del tijeretazo de m¨¢s de 6.400 millones de euros que el Gobierno tendr¨¢ que ejecutar entre 2010 y 2011 para cumplir con los objetivos de ajuste presupuestario imprescindibles para reducir el d¨¦ficit p¨²blico. No es necesario subrayar que, por desgracia, los recortes del gasto p¨²blico son m¨¢s eficaces y de efectos m¨¢s r¨¢pidos cuando se aplican en las partidas de gastos sociales y en las de inversi¨®n p¨²blica.

La intervenci¨®n del ministro se ocup¨® mucho en justificar la perentoriedad de los recortes y en defender la recuperaci¨®n de algunas inversiones a trav¨¦s de contratos privados. Est¨¢ bien, por supuesto, explicar el alcance de la austeridad inversora en infraestructuras. Pero aunque anunci¨® una nueva etapa para la pol¨ªtica de infraestructuras ("el Gobierno est¨¢ decidido a revisar viejos dogmas"), eludi¨® detalles y no qued¨® claro si el gasto en infraestructuras retornar¨¢ a las tasas previas a la crisis una vez se recupere la estabilidad presupuestaria. La cuesti¨®n requiere un m¨ªnimo de reflexi¨®n, porque una cosa es el volumen de infraestructuras que la econom¨ªa espa?ola necesita, otra muy distinta es cu¨¢ntas puede pagar y, por ¨²ltimo, cu¨¢ntas de las inversiones aprobadas entre 2000 y 2008 son ejercicios de megaloman¨ªa. No se entiende que cada autonom¨ªa quiera tener su propio AVE, sus aeropuertos y autov¨ªas locales al margen de la racionalidad econ¨®mica o de transporte; y se entiende todav¨ªa menos que, a sabiendas de la crisis de solvencia de las cuentas p¨²blicas, las autoridades auton¨®micas sigan reclamando, en tono amenazante, el cumplimiento de inversiones que, como el ministro se esfuerza en explicar, no se pueden pagar.

Esta es la oportunidad de proponer un nuevo plan de infraestructuras para los pr¨®ximos 10 a?os que recoja las que el pa¨ªs necesita, con demostraci¨®n de su rentabilidad, c¨¢lculos precisos de su financiaci¨®n y adscripci¨®n a los agentes adecuados. Las comunidades aut¨®nomas han de pagar o contribuir a ello por los servicios que quieren para sus ciudadanos. En todo caso, el recorte de Blanco no debe entenderse como la suposici¨®n de que Espa?a no necesita m¨¢s infraestructura p¨²blica.

Por el contrario, la necesita, pero tambi¨¦n necesita un orden de prioridad en su construcci¨®n. Hay que recordar, adem¨¢s, que el ahorro que se obtiene con el recorte de los proyectos p¨²blicos no equivale al gasto presupuestado. Cuando se detiene una obra p¨²blica se deja de gastar una parte del proyecto, seg¨²n la fase de realizaci¨®n en que se encuentre la obra; pero, por contra, el Estado deja de percibir impuestos y cotizaciones sociales; y tiene que pagar m¨¢s desempleo.