Los visados del 90% de los colegios profesionales no ser¨¢n obligatorios

Los colegios profesionales vivir¨¢n hoy uno de las revoluciones m¨¢s grandes en sus casi 80 a?os de historia. El Consejo de Ministros aprobar¨¢ hoy un real decreto que elimina la obligatoriedad de los visados que emiten el 90% de estos organismos que regulan trabajos como la abogac¨ªa o la medicina.

De los 87 colegios existentes -aunque algunos sin implantaci¨®n en toda Espa?a- los visados forzosos solo seguir¨¢n existiendo en nueve, aquellos que el Gobierno considera necesarios por cuestiones de seguridad. Se trata de los relacionados con la edificaci¨®n -proyectos de ejecuci¨®n, demolici¨®n, certificados finales de obra...- y la miner¨ªa y explosivos -aperturas de explotaciones mineras, f¨¢bricas y dep¨®sitos de explosivos...-. En el resto de trabajos, el Ministerio de Econom¨ªa considera que se debe primar la libertad del cliente de cada servicio, en cuyo caso el visado pasa a convertirse en voluntario.

Particulares y empresas ahorrar¨¢n 815 millones anuales desde el 1 de octubre

El Gobierno calcula que con este paso que pretende reducir barreras administrativas para aumentar la competitividad de la econom¨ªa, las empresas y los particulares se ahorrar¨¢n cada a?o 815 millones de euros, entre costes directos (los ingresos de los colegios) e indirectos (cargas administrativas). Si se tiene en cuenta que los visados generan a los colegios unos ingresos de 932 millones, resulta obvio el malestar con el que recibir¨¢n la nueva norma estas corporaciones de derecho p¨²blico en las que est¨¢n inscritos un mill¨®n de profesionales.

La norma, que entra en vigor el pr¨®ximo 1 de octubre, elimina unas obligaciones de pago para empresas y particulares que hoy no existen en ning¨²n pa¨ªs de la Uni¨®n Europea. Los colegios defienden que son necesarios para velar por las buenas pr¨¢cticas de la profesi¨®n, ya que sin ellos se queda la Administraci¨®n sola en esta tarea.

La medida entronca con la Estrategia de Econom¨ªa Sostenible, que establece que las cargas administrativas tienen que reducirse en un 30% hasta 2012 y un 50% hasta 2020.

El Gobierno aprob¨® en junio del a?o pasado la conocida como ley ¨®mnibus, con la que se modificaban 47 normas para adaptarla a la Directiva Europea de Servicios. En ese texto se establec¨ªa que los colegios profesionales deben ser de servicio p¨²blico y convertirse en "autoridades competentes", capacitados para velar por los consumidores y por el control de la profesi¨®n.

El gran caballo de batalla para el sector llegar¨¢ el pr¨®ximo oto?o, cuando el departamento que dirige Elena Salgado plantee la necesidad de restringir la colegiaci¨®n obligatoria. Las espadas ya est¨¢n en alto.