Zubiaurre y su ex ch¨®fer declarar¨¢n ante el juzgado a finales de octubre

Antton Zubiaurre, ex director general de Sprilur, y su ex ch¨®fer I. U., los dos imputados por el presunto espionaje a altos cargos del Departamento de Industria, declarar¨¢n por primera vez ante el juzgado a finales de octubre. La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero de Bilbao, encargado del caso, ha comunicado a los implicados la citaci¨®n para prestar testimonio, seg¨²n ha sabido EL PA?S en fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n.

Zubiaurre e I.U. se negaron a declarar el 25 de junio, cuando se difundi¨® este caso y comparecieron ante la juez. El ex director general de Sprilur entre 2000 y 2007 fue detenido en su casa de Mendaro y trasladado ante el juez, mientras que el otro imputado, que ahora trabaja como comercial en la SPRI (la principal sociedad p¨²blica de Industria, con 150 empleados) se present¨® ante el juzgado al enterarse de que le buscaban. Entonces el sumario estaba bajo secreto y, ante la falta de datos sobre las imputaciones concretas, eludieron declarar, una pr¨¢ctica habitual en estas situaciones, seg¨²n han se?alado fuentes jur¨ªdicas.

Eludieron aportar su testimonio el 25 de junio, cuando se destap¨® el caso

Dicen no entender como se accedi¨® a datos de Industria de sus terminales

Los datos conocidos hasta ahora indican que ha habido una vigilancia ilegal en los ordenadores de altos cargos de Industria. El presunto espionaje se ha centrado en Pedro Garc¨ªa, el director t¨¦cnico de Sprilur (la sociedad englobada en la SPRI que se dedica a la localizaci¨®n y compra de suelos para pol¨ªgonos industriales) y se realizaba desde fuera de la sede de estas sociedades, emplazadas en la Plaza Bizkaia de Bilbao. Al parecer, se instal¨® un programa que permit¨ªa acceder a los datos desde el exterior. Aunque al principio se pensaba que podr¨ªa haber una red organizada de espionaje pol¨ªtico, las pesquisas realizadas apuntan m¨¢s a un trama personal para obtener un lucro econ¨®mico. La juez no ha imputado a m¨¢s personas en el caso.

Los dos implicados est¨¢n acusados de un delito de descubrimiento y revelaci¨®n de secretos, que en este caso se trata de apropiarse de informaci¨®n de otras personas de ¨ªndole econ¨®mica para luego ser suministrada a terceros. Hasta que declaren ante el juzgado, Zubiaurre y el empleado de la SPRI mantienen un total mutismo.

?nicamente aseguran en su entorno m¨¢s pr¨®ximo que "no es cierta" ninguna de las acusaciones de espionaje y que "no entienden" c¨®mo se se ha accedido a informaciones sobre Sprilur y la SPRI desde sus ordenadores personales. Zubiaurre e I.U. han coincidido en que las presuntas vigilancias no les reportan ning¨²n beneficio. En el caso del comercial de la SPRI, ha llegado a comentar que, sobre la informaci¨®n que aparece como presuntamente espiada, puede acceder sin problemas por su trabajo en la sociedad p¨²blica, seg¨²n las fuentes consultadas.

Las pruebas m¨¢s concluyentes contra Antton Zubiaurre son las denominadas IP,que son los identificadores de cada ordenador. En las terminales de los altos cargos de Industria, aparecen varios IPs asociados al ordenador personal del ex director general de Sprilur y uno pertenece al otro imputado. El problema es que cada ordenador no tiene un IP fijo (salvo que el usuario, tras pagarlo, lo solicite) y su n¨²mero var¨ªa debido a la gran cantidad de terminales que a diario se conectan a internet. En los documentos presuntamente espiados, hay un identificador localizado en Suiza, seg¨²n las fuentes consultadas por este diario.

Los dos implicados sostienen, para proclamar su inocencia, que han tenido que ser v¨ªctimas de una trampa y que sus ordenadores han sido manipulados para implicarles.

Todas estas cuestiones deber¨¢n aclararse en el informe que, como adelant¨® ayer este peri¨®dico, est¨¢ elaborando la Ertzaintza por encargo de la juez, en el que se analizan los discos duros y los correos de los ordenadores personales de Zubiaurre e I. U. Estos datos se cruzar¨¢n con los de los terminales de Industria supuestamente vigilados. Adem¨¢s, la juez ha solicitado otro informe a Microsoft, el fabricante del sistema operativo de los ordenadores, para que le explique si la informaci¨®n manipulada en los terminales de la consejer¨ªa procede de los de los dos imputados.